"Lucharé hasta el final"

 

La hija de una enferma de Alzheimer reclama las ayudas de la Dependencia después de que su madre falleciera sin que se le reconociera su derecho a cobrarlas

JAIME PRATS - Valencia - 04/02/2010

"Voy a luchar hasta el final, es una promesa que he hecho". Amparo Bermúdez, de 51 años, está indignada. Junto a ella está su hija Silvia, de 27, que corrige, puntualiza o aclara las explicaciones de su madre. Al fondo de la habitación, Arturo Bermúdez, de 84 años, se limita a asentir. Son la hija, la nieta y el viudo de Ángeles Blasco Ibáñez, vecina de Manises que falleció el 10 de marzo de 2008, nueve meses después de haber solicitado las ayudas de la ley de Dependencia. Desde entonces, ni Ángeles ni sus familiares han recibido un euro de las ayudas previstas por la ley. Y es probable que, a pesar de llevar más de dos años y medio luchando por ellas, no lleguen a recibirlas nunca.

Su problema es el de otros 11.000 valencianos y decenas de miles más de españoles que se enfrentan a las incongruencias que de vez en cuando arrojan las leyes y a la falta de diligencia que, en ocasiones, demuestran quienes tienen que aplicarlas.

La incongruencia tiene que ver con que la ley de Dependencia estableció que las ayudas tienen efecto retroactivo desde su solicitud pero no dejó claro qué sucede cuando los beneficiarios mueren durante su tramitación. Si no se les ha llegado a valorar, no se sabe oficialmente su grado y nivel de deterioro y, por ello, se ignora qué recursos les corresponderían y, por tanto, el dinero que deberían percibir. Este es el razonamiento de la Consejería de Bienestar Social para explicar que como no se llegó a valorar a Ángeles, a su familia no le corresponden ayudas. De hecho, todas las autonomías están pendientes de coordinar un criterio común para solventar este problema.

Pero, y aquí viene la falta de diligencia, pasaron nueve meses sin que se valorara a Ángeles, mucho tiempo teniendo en cuenta que ahora hay un límite de seis para concluir todo el expediente. Si Bienestar Social fue quien tardó tanto en valorarla, ¿por qué tiene que ser su familia quien pague por la falta de agilidad administrativa de la consejería y deje de cobrar las ayudas?

Ángeles no podía comer por sí misma. Ni vestirse, lavarse o moverse. "Necesitaba a alguien constantemente a su lado", recuerda su hija. Según el informe médico que se adjuntó a la solicitud de las ayudas -sin valor oficial para la Generalitat-, tenía Alzheimer, diabetes, hipertensión y había sufrido un infarto. Por todo ello, su hija decidió abandonar su trabajo y cuidarla el tiempo que le quedara de vida. "Para dejarla en una residencia o que otra persona la atendiera, preferí hacerlo yo", algo que reconoce la ley y por lo que ofrece un sueldo como cuidadores personales.

Durante los dos años y medio que lleva luchando, Ángeles ha descubierto que el expediente de su madre estuvo meses congelado sin motivo y, pese a que el Síndic de Greuges lo ha reconocido, no ha servido de nada. Como tampoco los mensajes contradictorios que, apunta, ha recibido de Bienestar Social sin que aún haya llegado a cobrar por las ayudas que prestó a su madre. Fuentes de la consejería apuntan que, pese a que no se puede hacer nada en este caso, ahora se han agilizado los trámites y sólo se tarda un mes en valorar a los dependientes.