De lo que en Asturias no se da en Valencia se aprovechan.

 

PSPV denuncia complicidad Ayuntamiento-Generalitat para frenar la aplicación de la Ley. 

Valencia, 9 jun (EFE).- El grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado hoy que el Consistorio es "cómplice" de la "obstaculización", "freno" y "deterioro" que hace la Generalitat de la aplicación de la Ley de Dependencia, ya que en la ciudad solo uno de cada cinco solicitantes tiene reconocido el derecho a esa ayuda.

Así lo ha asegurado hoy el concejal socialista Julio Such, quien ha ofrecido una rueda de prensa junto a la portavoz de la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (AVADEC), Palmira Castellano, quien también ha criticado la "falta de complicidad" del Ayuntamiento en la aplicación de la normativa Según Such, el número de solicitantes de la Ley de Dependencia que hay en la ciudad de Valencia, a fecha 19 de abril de 2010, es de 12.391, de las cuales hay 3.921 pendientes de una valoración del entorno y 8.470 han sido remitidas a la Conselleria de Bienestar Social.

Del total de solicitudes, solo hay 2.375 resoluciones de Programas Individuales de Atención (PIA), lo que significa, según ha destacado Julio Such, que "solo uno de cada cinco solicitantes tiene reconocido el derecho y quedan 10.016 pendientes de una resolución del PIA".

"La progresión en los últimos años es la misma, no acaba de arrancar y el Ayuntamiento es cómplice con la Generalitat en la obstaculización de la aplicación de la ley", ha denunciado Such, quien ha indicado que "como mínimo" deberían tener las resoluciones PIA entre el ochenta o el noventa por ciento de los solicitantes.

En la ciudad de Valencia hay alrededor de 40.000 personas con algún tipo de dependencia, por lo que según sus cálculos "a estas alturas deberían haber unas 17.000 personas recibiendo las prestaciones en la ciudad de Valencia".

Such también ha criticado la falta de plantillas en los centros municipales de servicios sociales, ya que existe un ratio de un trabajador social por cada 8.800 habitantes, cuando debe ser de uno por cada 3.000.

"El Ayuntamiento no se vincula de manera clara en aplicar la ley y tampoco le interesa dotar a los centros de más personal", ha dicho el edil socialista, quien ha agregado que a consecuencia de ello la aplicación de la normativa estatal en la ciudad de Valencia es "bajísima".

También ha denunciado que mientras en los últimos años el Ayuntamiento de Valencia ha destinado cerca de 700.000 euros en la eliminación de barreras arquitectónicas, el Gobierno ha invertido siete millones de euros.

Palmira Castellano, madre de una niña con una discapacidad del 95 por ciento, ha señalado que a su juicio la falta de aplicación de la Ley "no es una cuestión económica, sino de deseo de aplicación" de la misma, y ha señalado que los expedientes tardan en resolverse entre año y medio y dos años cuando la legislación marca un máximo de 6 meses.

Castellano ha denunciado algunas "ilegalidades" cometidas en Valencia, como el hecho de que algunas personas hayan sido valoradas en los propios centros de Día, cuando deben serlo en sus domicilios familiares, y que las resoluciones hayan sido mandadas a estos centros y no a sus casas.

También ha criticado que el Servicio de Ayuda a Domicilio solo ha llegado a una persona, y que existe incompatibilidades, ya que si una familia tiene una plaza en un centro de día no puede tener además ayuda domiciliaria y debe optar por una de las prestaciones.

EFE