La ley del embudo

La Junta irá a juicio por la dependencia

Una madre denuncia que le han retirado la paga a su hijo y le piden que devuelva más de 3.800 euros

S. V. / Granada | Actualizado 18.04.2010 - 05:04

"Para mí y para mi hijo la ley de dependencia es como si no existiera. Estamos en la misma situación que en 2001, sin ninguna ayuda". Ésta es la situación en la que se encuentra Mari Carmen Martínez, una madre de Albolote que está dispuesta a llegar hasta donde haga falta para que la ley de dependencia beneficie a su hijo y le reconozca unas ayudas que le han quitado. Hasta el punto de que ha denunciado a la Consejería de Igualdad por lo Contencioso Administrativo y se tendrán que ver ambas partes en los tribunales en febrero de 2011.

La queja de esta mujer se basa en que la Consejería de Igualdad le ha retirado la prestación económica de cuidados en el entorno familiar que le fue concedida por incompatibilidad con el centro al que acude su hijo, medida en la que no está de acuerdo la cuidadora, que además fue "borrada" como tal del convenio especial de la Seguridad Social. La historia se remonta a mayo de 2007, cuando solicita la valoración por la ley de dependencia para su hijo. A los dos meses, se le reconoce grado III nivel II y se le califica como gran dependiente. El niño, que entonces contaba con 25 años, tiene un 97% de minusvalía.

Con esta valoración, en diciembre de ese mismo año el Plan Individual de Atención (PIA) elaborado por las trabajadoras sociales indica que lo más adecuado era la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, por lo que Carmen se da de alta en el convenio especial de cuidadores en la Tesorería General de la Seguridad Social. Ese mismo mes la familia recibe el ingreso con carácter retroactivo de la cantidad establecida (unos 300 euros mensuales).

Hasta ahí todo bien. Pero la sorpresa llega en marzo de 2008. De repente, sin aviso, se le retira la ayuda económica, extremo del que le informan las trabajadoras sociales en el mes de mayo. El motivo: una supuesta incompatibilidad legal de la prestación económica con el centro de terapia ocupacional al que desde 2001 lleva a su hijo. "Dicen que no lo sabían pero no es así. Las trabajadoras sociales sabían que lo llevaba unas horas todos los días porque yo he luchado por la integración de mi hijo. Pero el resto del día sigue siendo dependiente y yo su cuidadora", matiza.

Le dicen que la solución es que deje al niño en el centro y le den una hora diaria de ayuda a domicilio, algo a lo que la madre se niega porque "no me puedo creer que me reconozcan un derecho para mi hijo y luego se lo quiten". Igualdad le pide que devuelva los más de 3.800 euros recibidos "indebidamente", según la Junta.