El Ayuntamiento y la Conselleria de Bienestar volvieron a escenificar ayer sus posturas encontradas en materia de Dependencia en Elche
El secretario autonómico de Dependencia junto a la Decana de los Abogados y la edil de Bienestar. DIEGO FOTÓGRAFOS
La aplicación de la Ley. El Ayuntamiento y la Conselleria de Bienestar volvieron a escenificar ayer sus posturas encontradas en materia de Dependencia en Elche. Mientras el Consistorio acusaba a la Generalitat de pagar servicios a dos gabinetes jurídicos externos para asesorar en los casos "conflictivos" , la administración autonómica sacaba a relucir que las demoras en Elche son causa de los retrasos municipales en la elaboración de los informes sociales.
N. IGLESIAS Los desencuentros entre administraciones por la aplicaciones de la Ley de Dependencia volvieron a salir ayer a escena. A la guerra de cifras, se sumaron las acusaciones vertidas por parte de la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche, Vicenta Pérez, hacia la Generalitat calificando "de indignante la contratación de dos gabinetes jurídicos externos" con el objetivo de "defenderse de las denuncias de los dependientes".
Las críticas de la edil miraban de nuevo hacia la adjudicación en 2008 de los servicios de asesoramiento adjudicados por la Conselleria de Bienestar Social a dos despachos jurídicos -J&A Garrigues y Carel&Dem- . Unas críticas que se retomaron ayer calificando de "inaudito el hecho de que la Generalitat se gaste dinero contratando estos servicios para asesorarse y defenderse de las denuncias que están presentando los ciudadanos por la falta de aplicación de la Ley", insistió la representante municipal.
El rifirrafe se iniciaba en el marco de unas jornadas sobre dependencia organizadas en Elche por el Colegio de Abogados, en las que el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, impartía una ponencia sobre la situación de las ayudas y el desarrollo de la aplicación de la legislación en la Comunidad Valenciana.
Negando de manera rotunda las acusaciones del Ayuntamiento, fuentes de la Conselleria insistieron en que el asesoramiento al que hace referencia la edil "se adjudicó en 2008 mediante la convocatoria de un concurso a ambas empresas sin que haya ningún paso nuevo ni modificación" que aliente estas declaraciones, e insistieron en que "su vigencia se extiende hasta octubre de 2010".
De igual manera, subrayaron que la finalidad con la que se aprobó esta prestación fue la de que se "ofreciera una asistencia en materia administrativa a la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales SA (Avapsa), "por lo que estos servicios no se encargan de pleitos ni de contenciosos" .
Agilización de las ayudas
Por otra parte, el secretario autonómico afirmó ayer que al cierre de 2010 se habrá dado asistencia a los 1.500 dependientes ilicitanos que aún están a la espera de recibir las ayudas que contempla la aplicación de la Ley.
El representante de la Conselleria de Bienestar Social subrayó que en el municipio hay en la actualidad un volumen de 3.000 solicitudes con grado y nivel de dependencia reconocido, de las que 1.500 continúan a la espera de recibir las prestaciones.
Lejos de devolver las aguas a la calma, las tensiones volvieron a aflorar al apuntar como causante de los retrasos arrastrados en materia de dependencia por Elche al propio Ayuntamiento. En su análisis, el secretario autonómico hizo hincapié en que la situación de demoras que se arrastra en la actualidad en la ciudad "responde a los retrasos acumulados por el propio Consistorio", que hasta el pasado mes de junio de 2009, "ha figurado entre los puntos más retrasados en la elaboración de los informes sociales" necesarios en el proceso para la asignación de las ayudas.
"Errores y duplicidades"
Además, puntualizó que se está evaluando de manera exhaustiva el informe municipal remitido a la Conselleria relacionado con los a casos pendientes de los años 2007 y 2008. Un informe "que acumula errores, ya que muchos de los expedientes están duplicados o corresponden a personas que han fallecido", precisó.
En este punto, la concejal de Bienestar Social insistió en que los expedientes "están ahí y en lugar de empezar a dejar de faltar el respeto a las personas que después de tres años no tienen resolución se sigue incidiendo en los mismos argumentos". Vicenta Pérez matizó que desde la Conselleria se "sigue intentando manipular a la gente mintiendo con datos falsos, porque es inaudito que se quejen de que hay casos en los que el afectado ha fallecido y no se les ha avisado después de tres años esperando una resolución".
En lo relativo al conjunto de la Comunidad Valenciana, el representante de la secretaria autonómica de Dependencia matizó que se están "centrando todos los esfuerzos para conseguir que al final del año 2010 todos los casos registrados se hayan puesto al día" cumpliendo con los plazos establecidos". Un número de solicitudes superior a las 100.000 "de las que 65.000 tienen derecho a las prestaciones y que, a fecha de hoy, ya se han atendido alrededor de 32.5000", terminó diciendo.
Fuente: Información.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario