Sólo uno de cada tres inmigrantes discapacitados recibe pensión
Más de la mitad no trabaja y los que lo hacen no cobran más de 1.000 euros
El 64% vive en viviendas no adaptadas a sus necesidades
Uno de cada cuatro ha adquirido su minusvalía a su llegada a España
Ser inmigrante y encima discapacitado lleva, en muchos casos, a la exclusión social. Así lo afirma el primer estudio realizado en España sobre los extranjeros que residen en nuestro país con algún tipo de minusvalía, que están en clara situación de desigualdad. Así, sólo uno de cada tres percibe una pensión o ayuda económica por su discapacidad.
El 67% restante, por contra, no puede acceder a estas subvenciones, a pesar de poder acreditar su minusvalía. Y sólo uno de cada cuatro percibe prestaciones públicas de carácter no económico.
Ésta es una de las conclusiones de 'Las personas inmigrantes con discapacidad en España', un informe del Ministerio de Trabajo e Inmigración que esta mañana han presentado la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez.
El informe contabiliza un total de 225.000 inmigrantes con discapacidad residentes en España (el 5% de la población extranjera) y denuncia que «las posibilidades de información significativa y actualizada sobre los trámites necesarios para acceder al certificado de discapacidad son particularmente difíciles» para este colectivo.
Los principales obstáculos son la barrera idiomática, pero, sobre todo, la situación legal, ya que el certificado de discapacidad solo se facilita a los extranjeros que disfrutan del permiso de residencia.
Más trabas: la mayoría de los entrevistados son jóvenes y se encuentran en edad laboral, pero sólo un 35% de ellos trabaja. De éstos, el 17% lo hace sin contrato y la mayoría de los que poseen contrato lo tiene temporal (un 32%). Sólo el 31% tiene un contrato indefinido.
Su salario deja también mucho que desear. Apenas el 5% de ellos cobra más de 1.000 euros mensuales. El resto se ve obligado a subsistir como 'mileurista' o incluso con ingresos inferiores a esta cantidad.
Las condiciones en las que viven tampoco son demasiado convenientes: el 64% reside en viviendas que no están adaptadas para su discapacidad. Sólo el 35% dispone de la tecnología que necesita en su hogar.
El estudio también refleja que tres de cada cuatro inmigrantes llegaron con su minusvalía a nuestro país, pero uno de cada cuatro (el 24%) adquirió esta discapacidad cuando ya estaba en España.
Agustín Huete, uno de los cuatro autores de la investigación, explica que este colectivo «desarrolla actividades laborales más arriesgadas en las que puede adquirir la discapacidad». En definitiva, hay un amplio porcentaje que vino a un hipotético país de las oportunidades y se lesionó para siempre desempeñando esos trabajos de riesgo que nadie quiere hacer.
El informe concluye que los inmigrantes con discapacidad «presentan muy bajos niveles de inserción sociolaboral, con altos niveles de precariedad» y «las mujeres de este colectivo se enfrentan a dificultades añadidas de apoyo e integración».
Los autores establecen algunas sugerencias, como que la Administración habilite mecanismos de acceso a la regulación para estos extranjeros o establezca medidas de acción positiva para la obtención del certificado de discapacidad.
Consuelo Rumí ha asegurado que «el Gobierno va a estar muy atento a algunas recomendaciones» del informe para ver cuáles «pueden tener una respuesta dentro del marco legal».
El 67% restante, por contra, no puede acceder a estas subvenciones, a pesar de poder acreditar su minusvalía. Y sólo uno de cada cuatro percibe prestaciones públicas de carácter no económico.
Ésta es una de las conclusiones de 'Las personas inmigrantes con discapacidad en España', un informe del Ministerio de Trabajo e Inmigración que esta mañana han presentado la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez.
El informe contabiliza un total de 225.000 inmigrantes con discapacidad residentes en España (el 5% de la población extranjera) y denuncia que «las posibilidades de información significativa y actualizada sobre los trámites necesarios para acceder al certificado de discapacidad son particularmente difíciles» para este colectivo.
Los principales obstáculos son la barrera idiomática, pero, sobre todo, la situación legal, ya que el certificado de discapacidad solo se facilita a los extranjeros que disfrutan del permiso de residencia.
Más trabas: la mayoría de los entrevistados son jóvenes y se encuentran en edad laboral, pero sólo un 35% de ellos trabaja. De éstos, el 17% lo hace sin contrato y la mayoría de los que poseen contrato lo tiene temporal (un 32%). Sólo el 31% tiene un contrato indefinido.
Su salario deja también mucho que desear. Apenas el 5% de ellos cobra más de 1.000 euros mensuales. El resto se ve obligado a subsistir como 'mileurista' o incluso con ingresos inferiores a esta cantidad.
Las condiciones en las que viven tampoco son demasiado convenientes: el 64% reside en viviendas que no están adaptadas para su discapacidad. Sólo el 35% dispone de la tecnología que necesita en su hogar.
El estudio también refleja que tres de cada cuatro inmigrantes llegaron con su minusvalía a nuestro país, pero uno de cada cuatro (el 24%) adquirió esta discapacidad cuando ya estaba en España.
Agustín Huete, uno de los cuatro autores de la investigación, explica que este colectivo «desarrolla actividades laborales más arriesgadas en las que puede adquirir la discapacidad». En definitiva, hay un amplio porcentaje que vino a un hipotético país de las oportunidades y se lesionó para siempre desempeñando esos trabajos de riesgo que nadie quiere hacer.
El informe concluye que los inmigrantes con discapacidad «presentan muy bajos niveles de inserción sociolaboral, con altos niveles de precariedad» y «las mujeres de este colectivo se enfrentan a dificultades añadidas de apoyo e integración».
Los autores establecen algunas sugerencias, como que la Administración habilite mecanismos de acceso a la regulación para estos extranjeros o establezca medidas de acción positiva para la obtención del certificado de discapacidad.
Consuelo Rumí ha asegurado que «el Gobierno va a estar muy atento a algunas recomendaciones» del informe para ver cuáles «pueden tener una respuesta dentro del marco legal».
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