Por Cesar Giménez Sánchez
Ha llegado el fin de semana, descanso para unos y 72 horas más de desesperado sufrimiento y tensa espera para una pareja de gaditanos a quienes su hija les ha sido arrebatada por los servicios sociales de la Junta de Andalucía.
¿Su delito para ver secuestrada a su niña 48 horas después de nacer? Son personas con diversidad funcional obligados a demostrar que pueden criar a Esmeralda. Pero eso no es ningún delito. Faltaba que por el hecho de no ver bien o sacar malas notas en el colegio le quitasen la hija al padre de una criatura deseada. Si yo me encontrara en la situación de los padres, me costaría un mundo no volverme tarumba.
Más que tropelía, más que atropello, la Junta está cometiendo un delito muy grave de discriminación, claramente en contra de lo estipulado en la Convención de la ONU sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España. Entre otros, los servicios sociales vulneran el artículo 23 de dicha Convención, de rango de Ley.
Es cierta la obligación de la Junta para salvaguardar los derechos de la neonata, eso nos debe preocupar a todos, pero Sara y David no podrían hacerle el menor daño a una mosca. Es evidente que los jóvenes primerizos van a necesitar ayuda, para eso sirven los servicios sociales, no para llevarse a la pequeña de los brazos de su aturdida madre.
En lugar de anticiparse al parto y dar apoyo a los futuros, estos servicios han esperado cruzados de brazos para actuar en el momento más oportuno cuando podían destrozar a estos jóvenes. O eso piensa la indecente Junta andaluza. Los andaluces nos avergonzamos de vivir esta pesada y macabra pesadilla.
Atentamente
César Giménez Sánchez
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