Ley de (in)Dependencia: esperanza de vida con resultado de muerte ¿Quien da más por menos?

3.600 personas han fallecido en la región esperando la prestación de dependencia

El secretario de Políticas Sociales del PSCyL, Jorge Félix Alonso, ha explicado que esta cifra se deduce de la regularización de los datos de solicitudes entre mayo y junio

14.07.09 - 13:20 - EFE

Unas 3.600 personas han fallecido en Castilla y León en el proceso de reconocimiento de la prestación de dependencia, según se desprende de los datos de regularización que ha realizado el Gobierno y que hoy ha dado a conocer en Valladolid el secretario de Políticas Sociales del PSCyL, Jorge Félix Alonso.

Alonso ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que ese dato, que había solicitado el grupo parlamentario socialista a la Junta de Castilla y León sin que se le hubiera facilitado, se deduce de la regularización de los datos de solicitudes entre mayo y junio, y que en toda España ha supuesto la desaparición de unas 55.000, que corresponderían a fallecidos en el transcurso del reconocimiento de la prestación.

El también secretario del Grupo Parlamentario Socialista ha introducido hoy en las Cortes regionales la jornada que sobre la Ley de Dependencia ha inaugurado el secretario general del PSCyL, Óscar López, para analizar los dos años y medio de aplicación de la norma en la Comunidad y hacer un balance.

La gran diferencia de los servicios de dependencia, frente a la sanidad, educación o pensiones, puestos en marcha en los ochenta, es que su aplicación desde el principio corresponde a las autonomías, con lo que "en función de donde se haya nacido se puede tener mejor o peor calidad de los servicios", ha observado López en su intervención.

El responsable socialista ha rechazado que pueda ser posible una calidad distinta de los servicios de dependencia, que son un derecho y la cuarta pata del Estado de Bienestar, en función de la autonomía en la que se resida.

Dado que Castilla y León tiene la mayor tasa de habitantes mayores de 75 años de España, ha considerado inadmisible que la Comunidad esté en la media de la aplicación de la Ley.

"No podemos aspirar a ser una más, a ir en el pelotón sino que tendríamos que estar en la vanguardia", ha sostenido López, para quien la aplicación de la Ley de Dependencia "debería ser la prioridad número uno en Castilla y León", "más importante que cualquier autovía o autopista", ya que "afecta a más familias y ciudadanos y es un derecho".

López ha puesto el acento sobre cuestiones que habría que seguir y de las que avisa, como que la Junta de Castilla y León tenga un sistema estadístico de evaluación y seguimiento propio, que no tiene sentido "salvo que uno quiera dar sus propios datos", y que lleva a preguntarse "qué se quiere ocultar".

También le cuesta creer al responsable socialista que "la Comunidad más envejecida de España tenga un porcentaje muy por debajo de otras de población susceptible de beneficiarse de la Ley".

De acuerdo a la documentación entregada en la jornada, de los 2,5 millones de habitantes de Castilla y León, el 22,30 por ciento es mayor de 64 años, el mayor porcentaje de toda España, y a junio de 2009 registró 868,44 solicitudes por cada 10.000 habitantes que superaban esa edad, frente a las 2.478 de Andalucía, en el mismo segmento.

Ese dato es el cuarto más bajo del conjunto autonómico, sólo por encima de los de Madrid, Comunidad Valenciana y Madrid, autonomías, estas dos últimas que según el informe facilitado en la jornada "se sitúan en el territorio próximo al boicot de aplicación de la ley".

"Algo está fallando, no cuadra", ha advertido López, quien ha incidido en las diferencias entre la realidad publicada y la pública, con las constantes quejas y denuncias que llegan al PSOE de que no se está aplicando la Ley, y la guerra de cifras sobre la aplicación de la norma.

Tras el arranque de la Ley, López ha explicado que al igual que sucedió en educación y sanidad ahora se debe montar "la red nacional" que garantice este derecho, y aunque como sucedió en su momento en educación "se puedan tomar soluciones de urgencia como pudieron ser los conciertos", los poderes públicos deberán tomar la iniciativa en la materia.

En este sentido, ha observado que la Junta de Castilla y León no ha puesto en marcha ni una sola residencia de inversión pública para garantizar la aplicación de la Ley de Dependencia.

"Para el PSOE es una prioridad absoluta, por encima de puentes, carreteras y variantes, y Castilla y León no puede estar ni en el medio ni en el furgón de cola en la aplicación de la ley sino a la cabeza", ha resumido López.

En la jornada, en la que participan responsables de políticas sociales de distintos colectivos e instituciones, el responsable socialista también ha defendido el esfuerzo inversor del Gobierno, con 1.600 millones de euros para la aplicación de la Ley en 2009, 400 más de los inicialmente previstos.