Guantánamo Infantil en Andalucía.

 

No resultará dificil a nuestros seguidores, recordar la barbarie cometida con Sara Maldonado, David Olvera y su hija Esmeralda, que en el mes de enero fue retirada de los pechos de su madre tras 48 horas de su nacimiento porque la administración  andaluza no supo ni quiso darles la solución que debían. Al hilo de esta noticia, dramática y alentadora, es deducible la mala costumbre de algunos políticos y responsables administrativos de intentar impunemente destrozarnos la vida.

De Sara, David y Esmeralda, con quienes se vulneraron los derechos del menor y de la Convención Internacional de las personas con discapacidad, hasta la fecha seguimos sin saber nada. Sin embargo el daño que ya les han infringido es a todas luces irreparable. Tras este inciso como comentario os dejo con la noticia.

La defensa de Carmen Espejo presentará un recurso de casación ante el Supremo al entender que la indemnización es "ridícula y miserable"

   SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

   La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) --con sede en Sevilla-- ha dictaminado que la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social indemnice con 40.000 euros a Carmen Espejo, la madre a quien le fue retirada la custodia de sus dos hijas en el año 2000 y que no pudo recuperarla hasta 2006, así como 40.000 euros para cada una de sus hijas y 20.000 euros para la madre de Carmen y abuela de las menores.

   La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación jurídica de Carmen Espejo contra la resolución desestimatoria del departamento que dirige Micaela Navarro de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 25 de enero de 2006, por el que se pedía 1,8 millones de euros por los daños morales causados a la madre y a la abuela debido a la retirada irregular de las niñas.

   En este sentido, el abogado de Carmen Espejo, Enrique Carrasquilla, aseguró que el TSJA "vuelve a reconocer, como ya hizo la Audiencia Provincial, que la Junta actuó con crueldad y causó un daño ilegítimo" a todos los intervinientes en esta causa, pues las dos menores "no estaban en situación de desamparo" y "se trata de un supuesto en el que la Administración se debió de abstener de intervenir sobre la guarda y custodia", tal y como recoge el fallo. 

   "Desde el punto de vista de los derechos humanos del menor, la situación podría calificarse de Guantánamo infantil en Andalucía", según prosiguió en declaraciones a Europa Press el letrado, quien tildó la situación vivida por esta familia de "miserable", ya que "incluso los reclusos españoles que cumplen condenas por delitos graves tienen un régimen de comunicación familiar y personal más extenso".

   Así, y aunque el fallo del TSJA estima que la Administración "debe responder por los daños causados", pone de manifiesto posteriormente que la cuantía de 1,8 millones de euros solicitada "es manifiestamente desproporcionada", por lo que ve "razonable" indemnizar a la madre y a cada una de las menores con 40.000 euros y a la abuela con 20.000.

   En relación a esto último, Carrasquilla mostró su disconformidad y tachó la cifra de "ridícula y miserable", comparando este montante económico con los 100.000 euros de indemnización que la Fiscalía ha solicitado para la menor vecina de Camas que mantenía una relación sentimental con el principal implicado en la desaparición de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, por parte de tres productoras de televisión por su aparición en varios programas de Telecinco.

"SILENCIO ADMINISTRATIVO"

   Por todo ello, anunció que interpondrán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) en la confianza de que este tribunal "estudie con detenimiento el caso y facilite a esta familia una indemnización justa, suficiente y que les permita asegurar el bienestar de esas hijas que han sufrido tanto".

   La reclamación de la indemnización de 1,8 millones de euros por los daños morales causados por la retirada de las dos menores fue interpuesto por la madre ante el TSJA "por silencio administrativo", después de que reclamarán por vía administrativa sin que la Junta diera respuesta en el plazo estipulado legalmente.