La primera sentencia que se dicta en la Comunitat Valenciana no exige que se justifique la existencia del cuidador familiar y da por hecho que la afectada recibía la atención antes de la solicitud
Amparo y Venancio con su hija Emilia, de 38 años, a la que han dedicado toda su vida. fernando bustamante
PILAR G. DEL BURGO VALENCIA Los magistrados de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ-CV han dictado la primera sentencia autonómica en la que se reconoce a una afectada severa el derecho a cobrar la prestación de la dependencia del cuidador familiar desde el día de presentación de la solicitud, no desde la fecha de la resolución administrativa que le autorizaba al cobro de la ayuda, que llegó quince meses más tarde.
El fallo judicial es un garrotazo a la política de la Conselleria de Bienestar Social de denegar sistemáticamente las peticiones de aplicación retroactiva del derechos a percibir una prestación que reconoce la Ley de la Dependencia.
El pronunciamiento judicial desautoriza, a su vez, dos normativas legales de la Generalitat Valenciana: el decreto 171/2007 del Consell y el artículo 21 de la orden de 5 de diciembre de 2007 de la Conselleria de Bienestar Social que establecen "una fecha de efectos del derecho posterior a la fijada en la disposición final primera de la ley 39/2006 (de la dependencia)", según se recoge en los fundamentos de derecho.
El tribunal argumenta su decisión al observar que "la persona dependiente ya era beneficiaria de los servicios contemplados en la ley con anterioridad incluso a la fecha de presentación de la solicitud". De hecho, a María Emilia Martín Gil, de 38 años, se le reconoció una situación de dependencia en grado 3 y nivel 2 -la máxima-, ya que tiene una discapacidad de un 90% y un retraso mental severo por parálisis cerebral por sufrimiento fetal perinatal.
Detrás de este resultado final está la persistencia y el coraje de Diego Martín Gil, de 32 años, hermano de Emilia, que tras agotar la vía administrativa que concluyó con la denegación del derecho por parte del entonces conseller de Bienestar Social Juan Cotino se arriesgó a acudir a los tribunales para plantear su reivindicación.
Dos mil casos
La letrada María Luisa Mena Durán, que fue la representante legal de la familia Martin Gil, lleva en estos momentos otros dos procedimientos judiciales similares, aunque los dependientes que son atendidos por cuidadores familiares que podrían solicitar el pago retroactivo de la ayuda podría llegar a los dos mil, según expresó a Levante-EMV el presidente del Cermi, Joan Planells quien manifestó que la sentencia tenía un sabor agridulce. "Nos alegra ver que se reconocen unos derechos que hemos reivindicado y que la justicia nos haya ha dado la razón, pero lamento que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de gran cantidad de personas que, por carecer de recursos, o no haber seguido el procedimiento administrativo y judicial se quedarán sin lo que les corresponde por ley", expresó Planells.
Un elemento determinante que ha hecho posible este final de justicia de un procedimiento que comenzó el 12 de febrero de 2007 cuando la familia Martín Gil presentó la solicitud fue la sagacidad de Diego -que se encargó de realizar todo el trámite- al negarse a firmar la conformidad de la prestación cuando se la autorizaron, en mayo de 2008.
"Mis padres le han dedicado toda su vida"
"La fuerza para seguir adelante con el procedimiento y no rendirme la sacaba de mis padres y de mi hermana, después de tantos años de ver como han luchado por ella; toda la vida se la han dedicado a mi hermana, no han tenido más vida que cuidarla", expresaba a Levante-EMV Diego Martín Gil, el hermano menor de Emilia que fue quien peleó con todo el trámite administrativo hasta hacer posible un derecho que la Conselleria de Bienestar Social les negó reiteradamente.
"Verlos sufrir era lo que me activaba para seguir y exigir el reconocimiento de una persona que está en esta situación", agregó Diego que refirió que cuando conoció el fallo judicial rompió a llorar.
"Se me metió en la cabeza que tenía que seguir adelante y en en este tiempo me he guiado siempre por los recortes de Levante-EMV y a base de informarme a través del periódico, sabía lo que tenía que hacer", añadió el hermano de Emilia, satisfecho de que a su madre Amparo, que es la que figura como cuidadora familiar le vayan a abonar 15 mensualidades que hubieran perdido.
Fuente: Levante EMV
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