Delincuencia administrativa.

La juez investiga a la Xunta por malvender bienes de una mujer

La propietaria fue incapacitada de manera irregular

N. R. - Vilagarcía - 03/06/2009

La titular del juzgado número 4 de Santiago, Ana Belén López, ha admitido a trámite la demanda que derivará en un juicio contra la Xunta por presuntas irregularidades en la venta del patrimonio de Mercedes Rodríguez Mouriz, una vecina de Vilagarcía que fue incapacitada por un error judicial en 2003.

Tres directivos de una fundación de Traballo prestarán declaración judicial

Además de la imputación de al menos tres directivos de la Fundación Galega para la Tutela de Adultos (Funga), dependiente de la Consellería de Traballo, la magistrada citará en calidad de imputadas a todas aquellas personas que intervinieron en la venta, diez veces por debajo de su valor en el mercado, de un edificio de doble fachada en el centro de Vilagarcía propiedad de la anciana.

También la juez investigará todos los extremos que incidieron en la declaración de incapacidad de la mujer, ante los criterios anómalos que se han denunciado. Asimismo exigirá a la Funga que devuelva a Mercedes Rodríguez todos los enseres que tenía en la casa donde vivía antes de que ésta fuera vendida y cuyo paradero se desconoce.

La anciana fue recluida en un centro psiquiátrico durante tres años hasta que la Justicia rectificó y fue capacitada en 2006. Ahora, en este proceso judicial abierto, la Funga tendrá que responder a las acusaciones de "malvender" sus bienes, y de no rendir cuentas de su administración en los últimos seis años.

El inmueble fue tasado en 549.577, 28 euros pero se vendió en 55.000, un dinero que aún no se puso a disposición de la demandada. La jueza investigará, también, por qué varias personas nombradas por la Funga tenían acceso a una cuenta bancaria que abrió la institución para ingresarle los réditos de los bienes y restarle los gastos del centro psiquiátrico. En ellas aparecen como personas autorizadas Fernando Jaime Quinza Torroja García, representante de la institución y firmante del documento de venta del edificio, María Eugenia Torres Costas y María del Pilar Come Freire, quienes tendrán que aclarar por qué figuraban.