Este lunes cierran las urgencias nocturnas en 21 municipios de Castilla-La Mancha

A partir de este lunes, día 14, cerrarán las urgencias sanitarias nocturnas de 21 Puntos de Atención Continuada (PAC) de Castilla-La Mancha, tras el nuevo horario establecido por el Servicio Regional de Salud (Sescam) de esta comunidad autónoma.

En virtud del nuevo horario, según la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, en unos casos los consultorios médicos o centros de salud prestarán servicio en horario ordinario, es decir, hasta las tres de la tarde, y en otros hasta las ocho de la noche.

El Gobierno regional justifica esta medida en la baja afluencia de pacientes que precisan de la asistencia urgente respecto al coste que tiene el mantenimiento del servicio, ya que en algunos casos la afluencia media es de "cero personas", según la consejería.

Además, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha venido insistiendo en que la población de estos veintiún municipios tendrá garantizada la asistencia en casos de urgencia mediante los medios de que dispone el Sescam, como las ambulancias, las UVIs móviles y los helicópteros, así como a través del servicio telefónico 'Sanidad Responde' las veinticuatro horas del día en el teléfono 900 252530.

Así, el Sescam dispone para atender los casos de urgencia de 133 ambulancias de urgencia y soporte vital básico, otras veinticinco ambulancias medicalizadas y cuatro helicópteros.

Protestas en los pueblos

Sin embargo, los municipios afectados por el cierre de los PAC vienen manifestando en los últimos días su oposición a esta medida, siendo los vecinos de la localidad toledana de Tembleque los que más resistencia están demostrando.

La gente ya empieza a estar cansada al ver el inmovilismo de la Junta ante sus reivindicacionesAsí, tras encerrarse durante dos semanas a finales del pasado año, el pasado día 10, una veintena de ellos ocuparon el centro de salud para protestar por el cierre de las urgencias nocturnas, aunque fueron desalojados esa misma noche por orden de la Guardia Civil.

Al día siguiente, día 11, la plataforma ciudadana "Urgencias Tembleque" convocó una manifestación desde la plaza mayor del pueblo hasta el centro de salud, que se repitió este sábado y que no será la última, pues para este lunes hay convocada una tercera marcha, que saldrá a las 19:00 horas de la plaza para llegar al PAC, justamente a las ocho de la tarde, la hora prevista del cierre.

Así lo ha manifestado el alcalde de Tembleque, Jesús Fernández, quien ha confiado en que la marcha del lunes tenga mayor respuesta por parte de los vecinos que la del fin de semana, al tratarse del día en que se hace efectivo el cierre de las urgencias, si bien ha reconocido que "la gente ya empieza a estar cansada al ver el inmovilismo de la Junta ante sus reivindicaciones".

Los municipios afectados

En Albacete permanecerán abiertos hasta las tres de la tarde los PAC de Alpera y Molinicos; en Ciudad Real estará Castellar de Santiago abierto hasta las tres de la tarde. Y hasta las ocho de la tarde los centros de Alamillo, Villahermosa y Villanueva de la Fuente.

En la provincia de Cuenca, se presta atención sanitaria hasta las ocho en Villanueva de la Jara, Mira, Montalvo, Honrubia, Torrejoncillo del Rey, Villalba de Rey y Sisante.
En la de Guadalajara habrá servicio sanitario hasta las ocho en Almonacid de Zorita, El Pobo de Dueñas y Tamajón y hasta las tres en Budía, Hiendelaencina y Chiloeches.
En la provincia de Toledo los afectados por el cierre nocturno son Tembleque, donde el centro de salud estará abierto hasta las ocho, mientras que en La Pueblanueva lo estará hasta las tres.

Fuente: 20Minutos

ATRACO INSTITUCIONAL EN CASTILLA-LA MANCHA.

Bienestar Social impondrá tasas a la aplicación de la Ley de Dependencia.

Revisar el grado de discapacidad costará entre 30 y 40 euros y el cuidador necesitará un certificado de idoneidad que costará 35 euros

24.10.12 -

D. CARCELÉN/ LA VERDAD | ALBACETE.

El Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha publica nuevas tasas y precios públicos para trámites administrativos que antes eran gratuitos. A partir del próximo año, si el proyecto de ley sigue adelante, en Castilla-La Mancha se pagará tanto por 'papeleo' relacionado con la Ley de Dependencia como por gestiones de las adopciones internacionales. Es más, el PSOE denuncia que también habrá un copago para la teleasistencia, que en estos momentos se presta de forma gratuita a través de Cruz Roja.

Y es que la portavoz de Bienestar Social del PSOE, Matilde Valentín, considera que la clave está en las disposiciones finales, donde el proyecto de ley dice textualmente: «Esta prestación está garantizada para todas las personas mayores de 70 años que vivan solas o cuando se tenga reconocida la situación de dependencia y se haya prescrito en el Programa Individual de Atención. La aportación del usuario será determinada, cuando proceda, conforme a los criterios que establezca la Consejería competente en la materia».

Tarjeta de accesibilidad

La solicitud de revisión del grado de discapacidad costará 30 euros, a los que habrá sumar diez euros más si es necesario que una tercera persona se desplace para la valoración. Asimismo, la revisión del grado de dependencia se queda en 40 euros y la tasa para la solicitud de la emisión de la tarjeta de accesibilidad llegará a los 8 euros y a los 16,08 en caso de que sea necesario un duplicado o una segunda tarjeta por deterioro.

Además, se pedirá un certificado de idoneidad a los cuidadores no profesionales, por el que se pagarán 35 euros.

También habrá pagos administrativos para gestiones, que, tal y como subrayó ayer Valentín, antes eran gratuitas, como ocurre en el caso de las tasas en las adopciones internacionales. El informe de seguimiento de adopción internacional costará 48,50 euros; los informes de idoneidad, 132,50 euros y la acreditación de entidades colaboradoras de adopción internacional, 176,50 euros. También se pagará por la realización de informes sobre disposición de vivienda adecuada y de arraigo para la obtención de residencia por la reagrupación familiar de inmigrantes.

El proyecto de ley, de setenta páginas, recoge también las nuevas tasas para oposiciones, trámite éste que siempre se ha pagado. En general, hay precios públicos relacionados con todas las consejerías, incluso referentes al mundo taurino, a urbanismo o a cuestiones medioambientales.

A este respecto, el PP advertía ayer que el PSOE no está legitimado para cuestionar la Ley de Tasas y alegaba que «son quienes han castigado y engañado a los dependientes». Los socialistas tacharon de «sangrante» que la Junta cobre la práctica totalidad de los actos administrativos.

Fuente: La verdad. es

Juramento Hipocrático.

Más de 300 personas colapsan de noche los centros de

salud de las Arribes del Duero (Salamanca)

Por  Agencias/La Haine  

Este lunes debían cerrar las urgencias de noche, pero ante la multitud de "pacientes", el personal sanitario ha decidido permanecer en su puesto laboral.

 

El personal sanitario de guardia permanece en sus puestos de trabajo en Barruecopardo y Villarino de los Aires más allá de las diez de la noche ya que la deontología médica impide abandonar a los pacientes que necesitan atención. Los facultativos dan parte al 112 y comunican que hasta que atiendan a todos los vecinos no cerrarán el centro. Los habitantes de la zona protestan así por la eliminación de las guardias nocturnas desde este lunes por parte de la Junta de Castilla y León

El personal sanitario de guardia en los centros de salud de Barruecopardo y Villarino permanecen en sus puestos de trabajo pasadas las diez de la noche -hora fijada por la Consejería de Sanidad para cerrar los consultorios-. Más de 300 personas permanecen en las puertas de ambos centros de salud a la espera de ser atendidas por "diversas dolencias" y la deontología médica impide que los facultativos abandonen su puesto hasta que todas las personas que lo demanden hayan pasado por la consulta.

Los sanitarios han dado parte al 112 de la situación que se vive en ambos municipios, y como no hay activado ningún protocolo al efecto, el personal del 112 les ha comunicado que si necesitan cualquier tipo de ayuda la soliciten. De esta forma, la noche será larga en Barruecopardo y en Villarino, ya que las dolencias pueden no cesar a medida de avancen las horas.

Instrucciones

El personal sanitario de los centros de salud de Villarino y Barruecopardo ya habían recibido en la mañana de hoy instrucciones para que desde las diez de la noche y hasta las ocho de la mañana el servicio de Urgencias de Villarino y Barruecopardo permaneciera cerrado. Por ello se han puesto carteles explicativos para que los vecinos sepan dónde tienen que acudir a partir de esa hora.

Fuentes del personal sanitario ya anunciaron por la tarde que si a las diez de la noche todavía quedaban pacientes por atender, por ética deontológica no finalizarían su jornada hasta que se hubieran visto a todos los enfermos.

Fuente: La Haine

Última edición de Ágora Alcorcón 15M

Os dejamos aquí la última edición del periódico quincenal del 15M, no sin antes recomendaros la lectura de la página 7, titulada “¿Ley de Dependencia contra los Dependientes?”, en la que Antonio Moreno, nos ilustra desde su experiencia y la de otras muchas familias y afectados del daño que les está causando las modificaciones de la Ley39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atencion a las Personas en Situción de Dependencia , como consecuencia de la aplicación del R.D.Ley de 13 de Julio de 2012, sobre Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de Competitividad. (Podréis visualizar el contenido clicando en la imagen)

Anguita: "Es paradójico que se hable de rescate cuando estamos ante un secuestro"

4/10/2012 - 15:12

El excoordinador general de IU, Julio Anguita, ha dicho este jueves que "es paradójico que se hable de rescate cuando estamos ante un secuestro". A su juicio, "es un delito de alta traición que un gobernante acceda y se pliegue ante poderes extranjeros como el BCE".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El excoordinador general de IU, Julio Anguita, ha dicho este jueves que "es paradójico que se hable de rescate cuando estamos ante un secuestro". A su juicio, "es un delito de alta traición que un gobernante acceda y se pliegue ante poderes extranjeros como el BCE".

En una entrevista en Cuatro recogida por Europa Press, el excoordinador general de IU ha asegurado que "la deuda no se puede pagar" y que "en el hipotético caso de que se pagara tendríamos un país totalmente acabado".
También, ha afirmado que "si confiamos en los Gobiernos que salen de las urnas estamos perdidos", y ha recalcado que "ha llegado el momento de que el pueblo español asuma el protagonismo".

A su parecer, "el problema está en Mastrich, en la moneda única y en el sistema de estabilidad financiero que se ha impuesto por encima de los Gobiernos". Además ha apostillado que "el pueblo español y la soberanía nacional es papel mojado" y que los gobiernos son solo "dominguillos que obedecen lo que dice el BCE". Por eso cree que entrar en el euro fue un "error mayúsculo"

"Están negando la libertad y también el que haya elecciones, ¿Para qué vamos a elegir a ningún presidente cuando este es un dominguillo en manos de esos poderes?" se ha preguntado Anguita.

Asimismo, ha criticado que "la Constitución española sea el documento más ultrajado, más pisoteado y menos cumplido" y ha asegurado que "si los poderes públicos tratan así la ley de leyes, en el país no existe el sentido de Estado de Derecho".

También, el exdirigente comunista ha pedido que deje de decirse que los "políticos son corruptos" y que se hable "de los que trasgreden la ley y de los que roban", porque "por supuesto que hay políticos corruptos y pero también en la banca y en las empresas", ha explicado.

Para finalizar ha dicho que "el discurso del sacrificio cae solo en los pobres porque el PP y el PSOE han pactado una enmienda a la Constitución por la cual el pago de la deuda es preferente" y ha planteado dos opciones "o morir dulcemente yendo al matadero como borregos o plantar cara".

25S: ¡LIBEREMOS AL CONGRESO DE SU SECUESTRO!

Esther López Barceló
Diputada de Esquerra Unida del País Valencià en Les Corts
Alberto Garzón Espinosa
Diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados

¡Esto es un secuestro! La democracia, para ser tal, ha de servir al pueblo, residir en el pueblo y emanar del pueblo. Y por ello ha de estar sujeta a leyes, elaboradas a partir de la razón y de la justicia, que salvaguarden los derechos fundamentales de la ciudadanía y los antepongan ante cualquier otro poder. Y precisamente por ello lamentamos y denunciamos que en nuestros días la democracia y sus leyes estén secuestradas por poderes económicos ajenos a la razón y a la voluntad popular.

La crisis económica no ha hecho sino mostrar la verdadera esencia de unos mecanismos que hasta ahora se habían presentado como democráticos y que, por el contrario, ahora se revelan inútiles en la función de representar la voluntad popular. Y esto es tan grave como decir que no tenemos ningún control sobre nuestras condiciones de vida y sobre el modo en que nos organizamos como sociedad.

Cuando un gobierno rompe el único vínculo que le une con la ciudadanía, que es el programa electoral que se compromete a cumplir, está violando la legitimidad de la soberanía popular y deslegitimando su propia existencia. Desde luego ello es legal, pues no hay ningún fundamento jurídico que le impida hacerlo, pero supone también que estamos ante algo injusto e ilegítimo.

La falta de respeto por los principios democráticos de nuestros gobernantes, unida a su mediocridad y su afán por imponer sus planes son las causas de que sólo sepan actuar mediante la represión policial y el recurso de cita ininterrumpida del corpus jurídico del statu quo. ¡Cómo si no supiéramos discernir qué es legal o no dentro de este marco!

Este sistema aparentemente democrático se nos vendió como el diseño más perfecto para nuestro país, capaz de protegernos y garantizarnos derechos sociales. Nos dijeron que era un sistema que nos proporcionaba capacidad para decidir.

Más de treinta años después una nueva generación afrontamos un dramático escenario. Somos la llamada “generación perdida”, la juventud sin futuro. Y ahora que nos levantamos para reclamar democracia –porque queremos decidir sobre nuestras vidas- y justicia –porque queremos vivir en paz- nos sentimos totalmente abandonados a nuestra suerte; aquella que decidieron otros. Y la más amable respuesta que obtenemos es la llamada al exilio, esto es, a la búsqueda de esperanza fuera de nuestra tierra.

Sufrimos la persecución cuando nos rebelamos y cuando contestamos los ataques de unos gobiernos que roban nuestras esperanzas con infames excusas. De hecho ya no hace falta haber vivido la dictadura franquista para contar aquello de “corrimos delante de los grises”, pues muchos de los que nacimos tras la muerte de Franco ya lo hemos tenido que hacer.

Nos persiguieron e inventaron atestados policiales cuando emergimos en la primavera valenciana; nos intentaron expulsar de las plazas donde acampamos; nos persiguieron cuando participamos en la Huelga General, nos criminalizaron salvajemente por empujar carritos de la compra mientras denunciábamos el hambre creciente.

Nos criminalizan por poner nuestro cuerpo de trinchera ante un desahucio; nos criminalizan e identifican policialmente por reunirnos en un parque público como el Retiro para debatir sobre política; nos criminalizan, en definitiva, porque estamos poniendo de manifiesto que lo que un 23 de febrero no acabó de fraguar se está permitiendo que prospere cada día de forma legal.

Empezaron cambiando la esencia del principio constitucional, que garantizaba la aplicación de derechos fundamentales, para priorizar el pago a las entidades financieras. Aprobaron una amnistía fiscal que permitió que los delincuentes de cuello blanco, estafadores que merman la sanidad y educación pública, quedaran indemnes de cualquier sanción. Aprobaron una reforma laboral que dinamitó nuestra defensa ante la explotación laboral, permitiendo enmascarar despidos improcedentes en despidos objetivos. Legalizaron el racismo en la sanidad pública. Incrementaron las tasas para obstaculizar a los más pobres el acceso a la educación. Rescataron y rescatan a los bancos, haciendo un bote común con nuestros impuestos, mientras nos expulsan de nuestras casas tras habernos expulsado de nuestros trabajos.

Dicen que queremos dar un golpe de Estado. Pero no es cierto. Lo que queremos es dar un golpe encima de la mesa. Queremos alcanzar la democracia. Queremos una legalidad que nos represente y nos defienda. Queremos vivir sin miedo. Porque tenemos propuestas, reivindicaciones, necesidades. Porque el 25S es un arma cargada de propuestas de futuro. Porque para poder recuperar nuestra soberanía, nos hemos dado cuenta de que es imprescindible un Congreso liberado.

Fuente: El Comunista.net

Jueces para la Democracia acusa al Gobierno de criminalizar el 25-S

 

El portavoz de la asociación considera "insólito" que se haya imputado a los activistas por hechos que todavía no se han producido.

EFE

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha acusado este sábado al Gobierno de tratar de criminalizar la iniciativa 'Rodea el Congreso' que llama amanifestarse en las inmediaciones del Congreso de los Diputados el próximo 25 de septiembre mientras se celebra pleno en la Cámara.

En declaraciones a Efe, Bosch se refería así a la reciente imputación por parte de la Audiencia Nacional de ocho miembros de esta plataforma por un delito contra las instituciones del Estado.

Para el portavoz de JpD, resulta "insólito" que se haya imputado a estas personas por hechos que todavía no se han producido y ha subrayado que el delito contra las altas instituciones del Estado requiere de la alteración del funcionamiento de las Cortes mientras estén reunidas, algo que según los convocantes tampoco está entre sus objetivos.

"Se pretende criminalizar un acto de protesta y generar miedo, una actitud que incluso puede propiciar con torpeza hechos de violencia", ha alertado. Con esta actitud, según Bosch, la Delegación del Gobierno en Madrid trata de "limitar" derechos fundamentales, como el de expresión y manifestación pacífica.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a ocho supuestos promotores de la protesta del 25-S por un delito contra las instituciones del Estado, y las ha citado a declarar el 4 de octubre. Este delito está castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses.

Fuente: Público.es

¿Qué hemos hecho los españoles para merecer esto?

Menos dinero para la depedencia y las víctimas de violencia de género

Los Presupuestos Generales del Estado contemplan un recorte del 15,7% en los fondos para política de servicios sociales. Las partidas que más se reducen son las destinadas a Inmigración (54,8%), Familia e Infancia (42,6%), Mayores (38,6%), Emigrantes (23,1%) y violencia de género (21,3%).

Según el proyecto presentado en el Congreso de los Diputados, estos fondos se gestionan en tres bloques: Promoción Social, Gestión de Servicios Sociales y Acción Social, que recibirá la mayor partida, 2.010,19 millones de euros, porque engloba los servicios sociales para la tercera edad, discapacitados, migrantes, drogadicción, infancia y familia.

Dependencia: 91 millones menos

La partida para la Ley de Dependencia será finalmente de 1.407 millones, lo que significa una reducción de 91 millones con respecto a lo presupuestado el año anterior, un 13,7%.

En concreto, del total previsto para la atención a la Dependencia, unos 1.287 millones de euros corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado (cuantía mensual que el Gobierno transfiere a las CCAA por cada persona dependiente). El Gobierno destaca que es muy significativa y sube un 18,6%, unos 202 millones.

Sin embargo, se metido la 'tijera' en las dotaciones para el nivel convenido de dependencia con las comunidades autónomas -una partida de carácter básico establecida al margen del número de dependientes realmente atendidos en cada región-. Se han suprimido los 283 millones.

La dotación global para la política de servicios sociales asciende a 2.119 millones de euros lo que supone una disminución del 15,7% respecto al anterior ejercicio.

El bloque de Acción Social abarca también, el programa de envejecimiento activo del IMSERSO, dotado con 124,34 millones de euros; el de prestaciones económicas y de accesibilidad universal para personas con discapacidad (74,55 millones) y la red básica de servicios sociales (centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida), que suma 49,29 millones. Asimismo, recoge las iniciativas de atención a la infancia y a las familias, que cuentan con 5,36 millones, un 42,6% menos que en 2001.

En el presupuesto de Acción Social se incluyen los 89,7 millones para el programa de acciones en favor de los emigrantes y españoles retornados, con un crédito de 70,62 millones de euros para las 'prestaciones por razón de necesidad' y 9,35 millones de euros para las pensiones de los 'Niños de la Guerra'. En total, estas partidas se han reducido un 23,1% respecto del año pasado.

Integración de inmigrantes

En cuanto a los inmigrantes, se suspende el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes, que llegó a contar con 200 millones de euros de presupuesto y que tras quedarse reducido a 67 millones en 2011 pierde ahora toda su dotación.

Por otro lado, el Gobierno ha previsto 77,48 millones de euros para el bloque de Promoción Social, con los que se financiarán los programas de juventud, que contarán con 28,6 millones de euros (un 9,4% menos que el año pasado, cuando contaban con 31,5 millones) y los de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, cuya partida se queda en 24,97 millones de euros tras una reducción del 19,9%.

Asimismo, incluye la financiación de las acciones de prevención integral de la violencia de género, que tienen asignados este año 23,91 millones de euros, lo que, según el Gobierno, supone unareducción del 21,3% respecto del año pasado, cuando fueron 30,3 millones de euros presupuestados.

No obstante, en el año 2011 sólo la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género contó con un presupuesto superior a los 30,3 millones de euros, y, según las cifras del entones vigente Ministerio de Igualdad, los fondos globales de toda la Administración General del Estado para la lucha contra esta lacra ascendían a 384 millones de euros.

Fuente: El Mundo

Un agravio que con la actual situación política y financiera volverá a sepultarnos.

El CERMI denuncia ante la ONU el "agravio" económico que genera la pobreza entre las personas con discapacidad

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) el "agravio" económico que genera la pobreza entre las personas con discapacidad, según ha explicado en un comunicado.

   Así, en el marco de la IV Conferencia de Estados Parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra estos días en Nueva York, en la sede de la ONU, el CERMI ha presentado la publicación 'Pobreza, Discapacidad y Derechos Humanos' de Beatriz Martínez Ríos, que consiguió el III Premio CERMI Discapacidad y Derechos Humanos en 2011.

   En este estudio, señala la conexión que existe entre discapacidad, pobreza y vulneración de los derechos humanos, "factores que mutuamente se alimentan y condenan a las personas con discapacidad a la exclusión más severa".

   En este sentido, explica que el colectivo "no solo dispone de menos ingresos, sino que ve cómo se encarecen los productos, bienes y servicios que necesita para su vida diaria a causa de su discapacidad".

   El acto ha sido presidido por la secretaria general de Política Social y Consumo Isabel Martínez y en él han participado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; el embajador de España ante la ONU, Juan Pablo de la Iglesia; un miembro del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, Ana Peláez; y la autora del estudio.

Fuente: EPSOCIAL

Solo a la traición lo llaman estos interlocución válida.

La izquierda minoritaria pide a Bono que se investigue al partido fantasma

 

Una supuesta formación 'ecologista' mantiene bloqueada en el Congreso la Iniciativa Popular sobre la dación en pago.

YOLANDA GONZÁLEZ

La izquierda minoritaria en el Congreso de los Diputados exigirá a la Mesa de la Cámara, presidida por José Bono, que recabe datos sobre la formación Los Verdes Ecopacifistas y sus intereses. Esta pantalla verde, con sede en Valencia, consiguió el pasado marzo registrar en el Parlamento un escrito para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago.

Sin tradición en las demandas sobre esta materia y con intereses inmobiliarios, según ha desvelado Público, el partido ha impedido con este gesto que lleguen al Congreso iniciativas similares que venían preparando las principales organizaciones sociales. Es algo que ha disparado las alarmas en IU, ICV y ERC.

La secuencia de los hechos es la siguiente: un partido que se hace llamar ecologista registró el pasado 11 de marzo en el Congreso y en los 17 parlamentos autonómicos una serie de escritos para abrir formalmente el proceso de ILP sobre la dación en pago. Es decir, que la hipoteca contraída por la compra de una vivienda quede saldada con la entrega de las llaves.

La iniciativa, una de las banderas de la izquierda minoritaria en el Congreso, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del Movimiento 15-M, no llamaría la atención si, tal y como ha ocurrido, no hubiese impedido que lleguen a la Cámara otras peticiones similares avaladas por organizaciones sociales. Y también por el contexto que rodea a Los Verdes Ecopacifistas: a sus vínculos con promotores inmobiliarios, se suma su número escaso de militantes apenas 300 y el reconocimiento expreso a este diario por parte de su portavoz, Alejandro Escribano, de que todavía no han empezado a recoger las firmas.

Proceso complejo

IU denuncia la "pinza" entre PP y PSOE para bloquear la dación en pago

El procedimiento de búsqueda de apoyos es complejo. No sólo por el número de firmas necesario para que la ILP prospere 500.000, sino porque todos los firmantes han de aportar fotocopia del DNI.

Fuentes de la dirección de IU en el Congreso insistieron ayer a Público en la necesidad de conocer hasta dónde llegan los vínculos de Los Verdes Ecopacifistas con el sector inmobiliario. El portavoz y vicepresidente de esta pantalla verde es directivo de dos promotoras inmobiliarias.

Además de exigir explicaciones sobre por qué esta formación ha conseguido vetar iniciativas similares, IU recuerda que fueron ellos los primeros en llevar la dación en pago al Congreso. En este sentido, sostienen que, en lo que va de legislatura, la Cámara ha votado en "12 ocasiones" sobre esta materia y "siempre los votos del PP y del PSOE" la han echado atrás. "En este tema de la dación en pago, el PSOE y el PP han hecho pinza", remachan.

ERC reta al PSOE a presentar una proposición de ley sobre la materia

Por su parte, Núria Buenaventura, portavoz de ICV en el Congreso, insiste en la necesidad de que la Mesa revise a fondo el escrito presentado por Los Verdes Ecopacifistas. "Es alucinante lo que buscan los poderes económicos para seguir especulando", valora sobre los nexos con el sector inmobiliario. Dado que la Mesa del Congreso está mayoritariamente compuesta por miembros del PP y del PSOE, Buenaventura sostiene que la pelota está ahora en los "representantes políticos". En los mismos que sí aceptaron la propuesta de Los Verdes Ecopacifistas y que se han negado en la Cámara Baja a una reforma del sistema hipotecario que dé cabida a la dación en pago.

De la necesidad, virtud

Joan Tardà, diputado de ERC, recuerda que uno de los principales problemas con los que cuenta el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV es la de que no están "representados" en la Mesa del Congreso, por lo que desconocen "todos los debates" que hayan podido existir a la hora de desestimar la ILP impulsada por las organizaciones sociales con el argumento de que ya se había presentado una petición similar por parte de Los Verdes Ecopacifistas.

Recordando las demandas del Movimiento 15-M y las de CCOO, UGT y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entre otras, a Tardà, cuya formación llevó la dación en pago al Debate sobre el Estado de la Nación, le cuesta creer que haya sido precisamente un partido político el que finalmente haya logrado poner en marcha los pasos previos a una ILP. Consciente de que el contexto hará muy difícil que esta iniciativa de Los Verdes Ecopacifistas llegue al Congreso, Tardà considera que el PSOE tiene la "oportunidad" de hacer de la necesidad virtud.

¿Cómo? Presentando una proposición de ley de modificación de las normas hipotecarias que asumiese la dación en pago. Tardà se comprometió a apoyar esta proposición y a buscar "todos los apoyos posibles", que llegarían, con casi toda seguridad, de IU, ICV y el BNG.

Con la legislatura prácticamente agotada y los plazos que se manejan para la presentación de la ILP y los avances de la subcomisión, Tardà está convencido de que sería una oportunidad de oro para el PSOE de hacer ver a los ciudadanos que se avanza en esta materia.

Por parte del BNG, su portavoz, Francisco Jorquera, censuró ayer todo tipo de prácticas "encaminadas a bloquear algo tan legal y tan bueno como una ILP".

Los partidos mayoritarios fueron más cautelosos en su reacción. Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista sostuvieron que la iniciativa presentada no se ajusta a derecho y que desde su presentación está destinada a morir. Entre otros asuntos, recuerdan las mismas fuentes, se proponía el efecto retroactivo de la dación en pago sin modificar la Constitución. Ahora, consideran en el PSOE, a la luz de lo publicado por este diario, la Mesa podría revisar la documentación presentada por el partido fantasma.

Sin entrar a valorar el fondo de la iniciativa de Los Verdes Ecopacifistas, el PP considera necesaria la modificación del sistema hipotecario. "Hay que estudiar qué incidencia puede tener para que no se creen problemas mayores y analizar la situación en los países de nuestro entorno", relata Pablo Matos, portavoz en la Comisión de Vivienda.

Estupefacción

Carles Arnal, de Els Verds-Esquerra Ecologista, formación integrante de la Coalición Compromís pel País Valencià, se confesó ayer "estupefacto" por los vínculos entre Los Verdes Ecopacifistas y el negocio inmobiliario.

"Ese colectivo no tiene relación con los movimientos sociales ecologistas, no se comporta como un partido verde responsable. Pero cuando hay un acto público, son los primeros que aparecen con su pancarta para ponerse a la cabeza de la manifestación", narra.

Respecto a la ILP, Arnal concluye que el comportamiento de Los Verdes Ecopacifistas es "irresponsable" por lo que ello conlleva de bloquear otras iniciativas.

"Hacen daño directo e indirecto. Pueden hacer que la gente desconfíe del movimiento verde en un momento en el que tenemos posibilidades", subrayó ayer a este periódico.

Por su parte, Reyes Montiel, exdiputada en la Asamblea de Madrid y presidenta de la fundación Equo, recuerda que en el proceso de unificación de partidos verdes en su formación no se contó con ninguno que no tuviese el aval del Partido Verde Europeo, algo que no tienen Los Verdes Ecopacifistas, a los que califica de "pantalla de intereses con una larga trayectoria de traiciones".

Tras analizar los últimos datos sobre la citada ILP, Montiel concluye que existe una "responsabilidad compartida entre los oportunistas y las mesas de los parlamentos que no han dudado en calificar esas iniciativas".

"Me sorprende, conociendo los mecanismos como los conozco, que no hayan tenido problemas para presentar los escritos. Me sorprende que sea tan difícil hacerlo para quienes lo reivindican. Alguien tendría que explicar por qué", añade.

El papel de PSOE y PP

De oportunismo también habla Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y sostiene que el hecho de que la citada formación que se hace llamar ecologista haya logrado que la Mesa del Congreso tramite su petición es un tanto que se apuntan PP y PSOE para impedir la dación en pago.

La plataforma que representa no se da por vencida. Aseguran que seguirán con acciones en la calle y que igualmente recogerán las firmas con los mismos requisitos que si se tratase de una ILP. Y el próximo día 13 de julio, uno de sus representantes ha sido invitado al Congreso para intervenir en la subcomisión de reforma hipotecaria. "Hace falta voluntad", insiste.

Rechazo a una nueva ILP contra los desahucios

Orígenes

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) emitió ayer un comunicado denunciando que "PSOE y PP, a través de la Mesa del Congreso, impiden la ILP sobre la dación en pago". Recuerdan que ellos, junto a sindicatos y otras organizaciones, estuvieron entre noviembre de 2010 y el pasado febrero redactando un texto para la ILP. Algo que no fue posible porque se les adelantaron en el tiempo Los Verdes Ecologistas, motivo que esgrimió la Mesa para frenar su escrito.

Una iniciativa más amplia

Tras la primera negativa, presentaron una segunda ILP más amplia contra los desahucios. La semana pasada volvió a ser rechazada con la excusa, según la PAH, de que ya estaba presentada por un grupo político.

"Mafia del ladrillo"

La PAH considera que la Mesa del Congreso ha utilizado este partido "fantasma" vinculado a la "mafia del ladrillo" para impedir una ILP que esperan "miles de ciudadanos".

Fuente: Público

El Ayuntamiento de Valladolid condenado por vulnerar derechos Constitucionales.

El TSJ condena al Ayuntamiento a pagar 30.294 euros a la CGT por el desalojo de la plaza de Colón

La sentencia indica que se ha violado el derecho constitucional de reunión y manifestación

Desalojo del campamento de la CGT por parte de la Policía Local.

eldiadevalladolid.com

Ical

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) condenó al Ayuntamiento de Valladolid a pagar 30.294,58 euros a la Confederación General del Trabajo (CGT) por daños y perjuicios por el desalojo del «campamento libertario» organizado por el sindicato el 23 de septiembre. Además, el Consistorio deberá abonar las costas, según recoge la sentencia, contra la que podrá presentar un recurso de casación en el plazo de diez días.

«Estimamos íntegramente el recurso contencioso-administrativo número 1515/2007 interpuesto por el sindicato Confederación General de Trabajo contra la actuación administrativa realizada por la Policía Municipal del Ayuntamiento de Valladolid el 23 de septiembre de 2010; condenando al Ayuntamiento de Valladolid a abonar a la actora en concepto de daños y perjuicios la cantidad de 30.294,58 euros, con expresa imposición de costas al citado municipio del modo indicado en el último fundamento jurídico de esta sentencia», dice el fallo.

Asimismo, el auto declara radicalmente nulo el desalojo del «campamento libertario» por violación del derecho constitucional de reunión y manifestación. El TSJ condena al Ayuntamiento de Valladolid a indemnizar al sindicato con 30.000 euros por daños morales, más el coste del enganche eléctrico no utilizado. La condena recae sólo sobre el Consistorio porque el sindicato no solicitó una pena para el Estado.

El tribunal explica en la sentencia que si la Subdelegación del Gobierno no pone condiciones al ejercicio del derecho de reunión cuando se comunica por el sindicato la convocatoria del campamento, esa actividad es «legal» y «procedente a todos los efectos». Además, añade que si el Ayuntamiento quiere poner condiciones (cambios de itinerario o que se respete el césped) debe comunicarlo a la Subdelegación. En este caso el Consistorio no objeto nada.

Por tanto, el alto tribunal indica que la falta de respuesta de la Subdelegación y del Ayuntamiento implica la autorización de aquellas actuaciones íntimamente ligadas al ejercicio del derecho de reunión (en este caso el aparcamiento, la «acampada», o la exhibición de publicidad). Sin perjuicio que todo exceso en esa reunión, manifestación o acampada sea susceptible de ser sancionado. Por ello, considera un abuso de poder que se formulen denuncias por unos hechos que van íntimamente unidos al ejercicio del derecho de reunión, legítimamente ejercido.

En ese sentido, el TSJ reconoce que la Policía Local incluso se excedió en el decomiso de objetos, quitando a los manifestantes efectos que nada tenían que ver con la acampada que decía estaba prohibida, cuando, como se dice en la sentencia, no puso objeción alguna.

«La intervención de la policía municipal no ya desmantelando el campamento sino formulando denuncias por determinadas actuaciones administrativas, íntima e ineludiblemente ligadas al ejercicio del derecho de reunión, entraña una extralimitación, un abuso del poder, absolutamente injustificado, ejercitado únicamente con la finalidad de impedir el ejercicio de un derecho fundamental. Recuérdese que en este caso, por parte del sindicato actor no ha habido extralimitación alguna», recoge la setencia.

Respuesta del Ayuntamiento.

Por otro lado, el Ayuntamiento mostró hoy su «disconformidad» con el fallo y anunció que estudiará interponer el recurso de casación. El Consistorio defiende, en un comunicado de prensa, que la presencia de decenas de personas congregadas por la CGT en la vía pública desde las 11.30 horas del día 23 de septiembre, ejerciendo su derecho de reunión, «no fue en ningún momento interrumpida por la Policía Municipal, cuyos agentes se limitaron a confirmar que los organizadores carecían del preceptivo permiso de ocupación de vía pública para los enseres que poseían, entre los que había tiendas de campaña, sillas, cámara frigorífica con bebidas, colchonetas y altavoces, entre otros».

En este sentido, explica que ante la negativa de los manifestantes a retirar tales elementos, tras ser apercibidos para ello, la Policía Municipal se hizo cargo de los mismos y procedió a su traslado a la sede de Jefatura, donde fueron entregados a los interesados esa misma tarde. Además, aclara que los manifestantes convocados por CGT permanecieron en la Plaza de Colón hasta las 14.30 horas, sin que la Policía Municipal «coartara el ejercicio de ese derecho constitucional de reunión, y sin que en ningún momento impidiera dicha concentración».

Por último, las mismas fuentes aclaran que la actuación municipal en este caso «estuvo encaminada a hacer cumplir las Ordenanzas Municipales y preservar los espacios públicos, y así se ha expresado desde el primer momento». «Ello, en modo alguno, supone cercenar ese derecho de reunión», sentencian.  

¿Conseguiremos el derecho a saber quienes nos llevan a la ruina o será otra ley de pantomima?

Una ley regulará el 'derecho a saber' de los

ciudadanos ante la Administración

Las demandas de información deberán ser resueltas en un plazo de 30 días - La falta de respuesta en el tiempo previsto supondrá que la petición se acepta

MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 16/08/2010

La información es poder. Y el poder se resiste a compartirla, como si fuera de su propiedad y no perteneciera al conjunto de los ciudadanos, que la sufragan con sus impuestos. El caso de los diputados valencianos que han llegado hasta el Constitucional ante la negativa del PP a informarles sobre los contratos del Gobierno de Camps con la trama Gürtel no es una excepción. Los poderes públicos suelen reaccionar con incomodidad ante la demanda de información. En el peor de los casos, la ven como una intromisión y, en el mejor, como un engorro. Cualquier pretexto sirve para dar largas al ciudadano, cuando no la callada por respuesta. Esta situación cambiará radicalmente cuando el año próximo entre en vigor la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, cuyo anteproyecto se propone aprobar el viernes el Gobierno, en su primera reunión tras las vacaciones.

Por vez primera en España, una norma legal de carácter general reconoce "el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública". El texto, cuya elaboración ha sido coordinada por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, parte del reconocimiento del derecho constitucional a saber. Por tanto, no es el ciudadano quien debe justificar su interés en conocer un dato, sino que es la Administración la que debe explicar su negativa a facilitárselo.

El anteproyecto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, considera información pública toda aquella que haya sido "elaborada o adquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y que obre en su poder". Es decir, no solo la que tienen las distintas administraciones (central, autonómica o local), sino también la que posean "otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas [desde empresas de recogida de basuras a universidades], siempre que haya sido obtenida o generada en el ejercicio de su actividad pública". Y no se trata únicamente de documentos, sino de la información en sí, cualquiera que sea su soporte.

Para que el derecho de acceso sea efectivo y la información no pierda actualidad, el anteproyecto fija plazos taxativos a la hora de responder a los ciudadanos. El órgano al que se dirija la demanda deberá responder en un máximo de 30 días. Solo "cuando el volumen o complejidad de la información solicitada hagan imposible cumplir dicho plazo", este se podrá ampliar 30 días más, de lo que se advertirá al demandante en los 10 días siguientes a la presentación de su solicitud.

La resolución se comunicará por escrito al solicitante, al que se indicará cómo acceder a la información. En caso de que se rechace, parcial o totalmente, el acceso, habrá que explicar la razón.

Las administraciones deberán abandonar su habitual pasividad pues, una vez agotado el plazo para dictar resolución -30 o 60 días, según el caso- sin que esta se haya producido, el solicitante tendrá 10 para confirmar su demanda. Si 30 días después de dicha confirmación sigue sin haber respuesta, la petición se considerará aceptada. Se aplica así el silencio positivo, en vez del negativo, como sucede hasta ahora.

El ciudadano que vea rechazada su solicitud puede, lógicamente, interponer ante los tribunales un recurso contencioso-administrativo pero, consciente de que se trata de una vía lenta y costosa, el anteproyecto prevé la figura de un árbitro que resuelva con agilidad y prontitud las discrepancias.

Este papel corresponderá a la Agencia Española de Protección de Datos, que alargará su nombre con la coletilla "y Acceso a la Información". El organismo, que vela porque los ficheros de datos respeten la intimidad de los ciudadanos, se encargará también de garantizar el derecho de acceso a la información pública.

El texto prevé que, en los 30 días siguientes a la notificación de la resolución, se pueda formular una reclamación ante dicha agencia. En un máximo de dos meses, y tras recabar las alegaciones de las partes, el director de la agencia -actualmente, Artemi Rallo, catedrático de Derecho Constitucional- dictará una resolución. El Gobierno ha querido curarse en salud, y en este trámite no se aplica el silencio positivo, sino el negativo. Además, sus resoluciones solo afectarán a la Administración central, no a la autonómica o a la local.

Esta última, en virtud de una modificación de la Ley de Régimen Local, deberá entregar a los ciudadanos que lo pidan "copias y certificaciones de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes" y permitirles consultar sus archivos y registros.

Las administraciones no se limitarán a contestar las demandas de información, sino que deben adelantarse a difundirla. "Los poderes públicos facilitarán la información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad", dice el texto. Y en la era de Internet lo harán "preferentemente por medios electrónicos".

Se publicarán "las directivas, circulares, instrucciones, notas o respuestas que tengan incidencia en la interpretación o aplicación del Derecho". Y también, en la Administración central, "los presupuestos ministeriales y de sus organismos públicos, con descripción de las partidas presupuestarias y los datos pertinentes para el seguimiento de su ejecución", así como la "información económica y estadística más relevante".

El Gobierno reconoce que el nivel de transparencia y la facilidad de acceso a la información pública se consideran internacionalmente como un "indicador de la calidad de los sistemas democráticos". No solo sirve para combatir la corrupción, sino también la mala gestión y la ineficacia. Pese a ello, ha tardado seis años en cumplir una promesa que ya figuraba en el programa electoral de 2004. En este campo, al contrario que en otros como la igualdad de género o el matrimonio homosexual, España no está en la vanguardia sino en el furgón de cola. La mayoría de los países europeos tienen una ley de transparencia y el Consejo de Europa aprobó en noviembre de 2008 el Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales en el que, en buena medida, se inspira el anteproyecto.

Fuente: El País

Si te masturbas no conduzcas (“DGT”) ¿En qué quedamos?

 

El conductor que se masturbó en el coche no tenía ni la ITV ni el seguro

El policía inmovilizó el vehículo y la grúa lo envió al depósito porque el infractor no tenía la documentación en regla

28.04.10 - 01:32 -

C. FERNÁNDEZ | VALENCIA.

 

El conductor de Massanassa pillado infraganti mientras se masturbaba cometió dos delitos más en ese mismo momento. El infractor no tenía ni la ITV, ni el seguro por estos dos motivos fue sancionado y requisado se vehículo. La tercera denuncia, sin embargo, fue la más anecdótica.

El conductor circulaba por la avenida San Vicente cuando un agente de la Policía Local observó que la placa de la ITV pegada sobre el cristal del vehículo estaba caducada. Ante el hecho le dio la orden de parar y cuando se acercó hasta el vehículo para comprobar la matrícula la pareja de agente vieron cómo el conductor tenía el pene erecto. Una circunstancia que dejó a los policías atónitos y por el que lo sancionaron.

La sucesión de delitos no acabó aquí y el malogrado conductor sin duda se tuvo que cuestionar por qué había decidido circular ese día con el coche por la ciudad. El infractor se vio obligado a reconocer que tampoco llevaba el seguro del vehículo en regla cuando se le solicitó. Esta infracción supone la inmediata inmovilización del vehículo y así procedieron a actuar los dos agentes de la Policía Local.

Los hechos ocurrieron poco antes de las seis de la tarde, frente al número 386 de la calle San Vicente de Valencia durante el mes de marzo. El hombre, un vecino de Massanassa, circulaba por la ciudad al volante de un Renault Trafic. En la denuncia, que circula en internet por su singularidad, queda especificado por el agente que el infractor «conducía el vehículo reseñado sin mantener la libertad de movimiento ni prestando la atención necesaria a la conducción». Entre paréntesis el funcionario policial ahonda en el motivo de la distracción: «Se está masturbando con la mano derecha».

El agente no indicó la cuantía de la multa y será la oficina de procedimiento sancionador la que detallará el importe exacto de la sanción. El concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, aseguró ayer que los agentes se habían topado con esta circunstancia cuando se paró al infractor por llevar caducada la ITV. No obstante, el concejal está investigando quién ha filtrado el boletín de la multa por Internet, puesto que los agentes de la Policía Local tramitan de inmediato el boletín de la denuncia en cuanto la redactan.

Durante estos días, los agentes también están realizando controles de los vehículos pesados para comprobar que llevan la documentación en regla. Además, están comprobando si los vehículos que aparcan en doble fila o circulan a mayor velocidad que la permitida por el casco urbano.

Fuente: Las provincias.es

El Gobierno se ha olvidado de este colectivo, al legislar esta ley (además de otros muchos olvidos)

El cermi reclama la presencia de la

discapacidad en el proyecto de ley de

economía sostenible

19/04/2010 | SERVIMEDIA

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha realizado un informe de propuestas de enmiendas del sector social de la discapacidad sobre el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado por el Consejo de Ministros, con el objetivo de reclamar en él la presencia de las personas con discapacidad.

El Gobierno se ha olvidado de este colectivo, al legislar esta ley, obviando así que la propia definición del concepto de Economía Sostenible entiende ésta como el patrón de crecimiento que favorece no sólo el empleo de calidad, sino de la igualdad de oportunidades y la cohesión social�, afirma el Cermi.

Al mismo tiempo, el Cermi aprovecha para recordar en el informe el compromiso establecido el pasado mes de diciembre en la Estrategia para la Economía Sostenible, que prevé la presentación de un plan de promoción de la inclusión social dentro de las reformas necesarias para fortalecer el Estado del bienestar. Así, el plan contendrá actuaciones de apoyo al empleo y formación de personas con dificultades de inserción laboral.
Para la plataforma de la discapacidad, esta norma es la de mayor importancia de la legislatura, ya que, introduce cambios sustanciales en nuestro ordenamiento jurídico en distintos ámbitos.

Así, el Cermi, a través del informe de propuestas de enmiendas para el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, propone en primer lugar, entre otras peticiones, la definición del principio de �accesibilidad universal�, así como facilitar un instrumento de evaluación política sobre su aplicación a todo marco regulatorio.

También solicita la creación de un fondo estatal de promoción de la accesibilidad sostenible, es decir, garantizar una aportación anual fija en los Presupuestos Generales del Estado para la política de accesibilidad y de acción positiva, como uno de los principios de una economía sostenible y socialmente justa.

En cuanto a la sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas, el Cermi señala que se debe fomentar también la contratación laboral de las personas con discapacidad como elemento fundamental de la sostenibilidad social de este sector empresarial, promocionando así la responsabilidad social de las empresas.

Además, hace referencia a la competitividad universitaria y la formación profesional, desde el punto de vista de ofrecer una atención educativa de calidad al alumnado con discapacidad y de promover la participación de todos los agentes sociales en el diseño de las políticas educativas que van a afectar a la atención de este colectivo con necesidades educativas especiales.

Por otra parte, en el ámbito fiscal, el Cermi, entre las medidas que señala, destaca lal eliminación del límite para la aplicación de la deducción por inversión en vivienda habitual, así como por alquiler, en el caso en que los contribuyentes sean personas con discapacidad.

Por último, el Cermi presenta también nuevas medidas para incluir en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, destinadas al incremento de la tasa de empleo de las personas con discapacidad.

(SERVIMEDIA) 19-ABR-10 RBA/lmb

Un nuevo periódico on line informará a personas con discapacidad intelectual y dificultad lectora

 

La Fundación ONCE ha presentado el proyecto Avanza Lectura Fácil, dentro del cual se ha desarrollado la plataforma interactiva, Noticiasfacil.es. Esta Web ofrece información general y noticias de actualidad en formato de lectura fácil dirigida a personas con discapacidad intelectual y dificultad lectora, con textos sencillos y fáciles de comprender por todos. 

Cibersur.com | 29/03/2010 09:05

Noticiasfacil.es, la información es para todos.

La iniciativa pretender potenciar las capacidades cognitivas y comunicativas de las personas con dificultades lectoras, fomentar la participación y la accesibilidad universal a la información. La plataforma se ha presentado esta mañana durante el taller "Lectura Fácil: Metodología de elaboración de materiales y análisis de la experiencia de usuario", organizado por la Fundación ONCE.  
En la jornada ha intervenido Luis Miguel Bascones, de la empresa del Grupo Fundosa, Technosite, quien ha asegurado que se trata de un proyecto interdisciplinar que ha contado además con la participación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Universidad de Valencia y la Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos de Alicante (APSA).  

Bascones ha apuntado que la Web ha registrado hasta el momento 566 noticias de actualidad, 13 reportajes y 62 documentos de biblioteca, donde se encuentran documentos oficiales, guías sobre consumo, medio ambiente, etc.  

Según Marcos Gómez, de la Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos de Alicante (APSA), “algunas personas con discapacidad tienen dificultades de lectura y escritura y les supone un gran esfuerzo comprender, y esto muchas veces genera frustración”. Por este motivo, surgió en el año 2008 el proyecto de Avanza Lectura Fácil que pretende acercar la Sociedad de la Información a todas las personas.  

Las perspectivas de esta nueva plataforma, según sus promotores, es afianzar los aciertos obtenidos hasta ahora, enfocarla hacia las preferencias de los usuarios, fidelizar a los lectores, convertirse en el periódico online de referencia y conectar con la industria para favorecer este tipo de contenido que facilitan el acceso a la información para todos los usuarios.  
Durante la presentación, el jefe del departamento de Tecnología Accesible e I+D de la Fundación ONCE, David Zanoletty, ha expuesto los objetivos del proyecto Avanza Lectura Fácil que, además de desarrollar la plataforma Noticiasfacil.es, también “ha generado una base de conocimientos sobre preferencias y dificultades de usuarios con dificultades lectoras que puede ser usado por la industria para poner estas experiencias al servicio de los ciudadanos”.

La culpa fue del cha-cha-cha. Un decreto hecho con trampa.

EL DECRETO DE JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA DISCAPACIDAD DEL 45% TIENE IMPORTANTES LAGUNAS

El 1 de enero de 2010 entró en vigor el RD 1851/2009, que establece la anticipación de la jubilación a los 58 años, de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento, siempre que reúnan los requisitos de: haber cotizado quince años a la Seguridad Social, con un grado igual o superior al 45% de discapacidad y con un tipo de afectación tasada (discapacidad intelectual, parálisis cerebral, anomalías genéticas, autismo, anomalías congénitas a la Talidomida, síndrome postpolio, daño cerebral adquirido, enfermedad mental o enfermedad neurológica).

En la tramitación de esta norma se ha dado audiencia al CERMI y al Consejo Estatal de la Discapacidad, pero no a los sindicatos, por lo que no hemos podido evidenciar algunas deficiencias importantes en la norma, que impedirá su aplicación a personas con discapacidad que prestan servicios para la ONCE y que no podrán reunir el requisito de cotización de quince años con el grado del 45% y un tipo de discapacidad concreto, salvo que se realice una interpretación flexible por el INSS. Así, por ejemplo: muchas de las personas con discapacidad derivada de la polio obtuvieron la discapacidad con un grado inferior al 45%, comenzando su actividad en la ONCE por superar el 33%, habiendo sufrido un deterioro de la salud, en lo que finalmente se está reconociendo médicamente como “síndrome postpolio”, lo que les puede haber permitido obtener un grado del 45% o superior en una revisión posterior, que no se computa con efectos retroactivos para completar los quince años preceptivos que dan derecho a acceder a la jubilación alcanzados los 58 años.

Pero también esta norma legal puede constituir un perjuicio para las personas que alcanzan 58 años o más, padeciendo una esclerosis lateral amiotrófica ELA, una leucodistrofia o una esclerosis múltiple. Pues, tratándose de patologías graves, que afectan a la autonomía e incluso a la esperanza de vida, siendo hasta ahora objeto de una Incapacidad Permanente Absoluta, en ocasiones en grado de Gran Invalidez, podrían verse avocados a tener que acceder a esta jubilación anticipada, al denegárseles la incapacidad permanente por el INSS, con la consiguiente merma económica de la prestación obtenida.

En definitiva, esta nueva norma legal puede favorecer a algunas personas, pero no resuelve el problema de otras (particularmente las afectadas de polio) y puede empeorar las condiciones de quienes padecen enfermedades (ELA, leucodistrofia o esclerosis múltiple) que implican una gran dependencia e incluso un acortamiento de la esperanza de vida. Y, además, reeditando el error del RD 1539/2003 no reconoce el derecho de jubilación anticipada a las personas que trabajan para las Administraciones Públicas y que no están acogidos al Sistema Público de Seguridad Social, por tener régimen funcionarial.

Las discapacidades que podrán dar lugar a la anticipación de la edad de jubilación regulada en este real decreto son las siguientes:

a) Discapacidad intelectual (antes retraso mental).

b) Parálisis cerebral

c) Anomalías genéticas:

     -Síndrome de Down.

     -Síndrome de Prader Willi.

     -Síndrome X frágil.

     -Osteogénesis imperfecta.

     -Acondroplasia.

     -Fibrosis Quística.

     -Enfermedad de Wilson.

d) Trastornos del espectro autista.

e) Anomalías congénitas secundarias a Talidomida.

f) Síndrome Postpolio.

g) Daño cerebral (adquirido):

     -Traumatismo craneoencefálico.

     -Secuelas de tumores del SNC, infecciones o intoxicaciones.

h) Enfermedad mental:

     -Esquizofrenia.

     -Trastorno bipolar.

i) Enfermedad neurológica:

     -Esclerosis Lateral Amiotrófica.

     -Esclerosis múltiple.

     -Leucodistrofias.

     -Síndrome de Tourette.

     -Lesión medular traumática.