Pablo es uno de los miles de gallegos que esperan por las ayudas de la Ley de la Dependencia. Más que Pablo, sus padres, porque probablemente a sus cinco añitos no se de cuenta del esfuerzo que hacen sus progenitores para que no le falte de nada.
Charo y su marido vieron la luz cuando empezó a hablarse de esta legislación, y apenas esperaron para presentar los papeles de la dependencia. Lo hicieron hace casi dos años, en abril o mayo del 2007, y en septiembre los profesionales que se encargan de las valoraciones se acercaron a su domicilio.
Pablo, que sufre una parálisis cerebral debido a un virus que le afectó cuando todavía estaba en la incubadora, fue diagnosticado con una dependencia de grado III (nivel dos), lo que se conoce como grandes dependientes, e implica que en teoría las ayudas deberían haberle llegado a lo largo del 2007 según el calendario de Vicepresidencia, aunque Charo añade que una moratoria dejaba el plazo límite en diciembre del 2008.
Por el momento, siguen esperando, y tampoco saben cuánto han de seguir aguardando. Uno de los problemas que tuvieron al principio era cuadrar qué tipo de asistencia les correspondía. Las opciones que tenían eran proporcionarles una ayuda a domicilio para duchar al pequeño (que por supuesto no supone un problema para los padres, ya que además solo tiene cinco años), un centro de día (innecesario también, ya que es un niño en edad escolar); o ayudas por cuidador.
Lo que ocurría en el último de los casos, que era el óptimo para esta familia, es que tanto Charo como su marido trabajan, por lo que están dados de alta en la Seguridad Social y no pueden pedir esta ayuda. Finalmente, el asistente social les recomendó que se presentasen como cuidadores a tiempo parcial (evidentemente lo son) para solicitar la ayuda, que finalmente les concedieron. Y en enero del 2008, esta familia recibió ya la carta correspondiente en la que se les explicaba que tenían derecho a esta prestación. De eso hace más de un año, y aún no saben cuándo la cobrarán.
Para ayudar a Pablo a desarrollarse tanto física como psíquicamente, esta familia que vive en O Milladoiro se gasta cada mes entre 400 y 500 euros en ejercicios de rehabilitación. Sin embargo, les dijeron que las prestaciones de la dependencia no podían cubrir estas facturas.
A todo este proceso de solicitudes, entrevistas, papeleo y esperas, se une algo más común de lo que debiera en las administraciones, las pérdidas de documentación. Según cuenta Charo Mayán, en octubre del pasado año el expediente había llegado a Coruña, pero al mes nadie sabía ya donde estaba. Esto les llevó a presentar un escrito a finales de noviembre solicitando saber a dónde había ido a parar. Oficialmente aún no saben ni siquiera si apareció, aunque el asistente social les explicó que sí estaba, pero que por lo menos les quedaban otros tres meses de espera, «y ya veríamos».
Charo se lamenta, más que por su situación, por el incumplimiento de un compromiso que afecta a los más débiles. Cuando Pablo empezó el colegio se negaron a comprarle una silla adaptada con la que poder estar a la misma altura que sus compañeros. Costaba dos mil euros y era muy cara para la Administración. «Cuando vi en televisión que las nuevas sillas encargadas por el Gobierno costaba cada una más de dos mil euros pensé, 'claro, para Pablo era muy cara'».
Fuente: EP
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