Colectivo Papás de Alex en acción.

Una mujer demanda a la Generalitat de Cataluña por no valorar su estado en el plazo fijado

   BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
   Una catalana presentó hoy una demanda contenciosa administrativa en Barcelona para reclamar que se le reconozca el grado 3.2 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia por inactividad ya que transcurridos los tres meses que marca la ley no se le ha valorado y entiende que el silencio administrativo le da la razón.

   En declaraciones a los medios antes de presentar la demanda, la afectada, Josefina Saludes, relató que presentó su solicitud para acogerse a la ley en diciembre de 2008 ante la fibromialgía y síndrome de fatiga crónica que padece desde hace 20 años. Tras tres meses sin recibir respuesta se dirigieron mediante carta certificada a la consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, sin recibir contestación, según relató.

   Por esta razón y, según afirmó Saludes, al no existir un reglamento administrativo de aplicación de la norma, el silencio administrativo le da la razón. En otras comunidades, como Extremadura y Andalucía, si que se ha regulado este aspecto y se ha determinado que el silencio administrativo no va a favor del solicitante.

   Saludes añadió que cuando la Generalitat supo que iba a presentar la demanda la avisaron en tres ocasiones para valorarla, pero ella afirmó que no necesita pasar este trámite porque al no responder la administración le da la razón.  "Yo no necesito ser valorada", espetó la afectada, que aseguró que de si le dan la razón será la primera gran dependiente reconocida sin pasar el trámite de la valoración.

   El abogado del Colectivo Papas de Alex, Manel Terradas, al que pertenece Saludes, explicó que el silencio "es positivo" y que el objetivo de la demanda "por inactividad de la administración" es que se le reconozca su derecho al grado de dependencia 3.2 y pase a cobrar la prestación que le corresponde.

   Por esto anunció que en unos meses también presentarán una demanda ante los juzgados sociales para reclamar el Programa Individual de Atención (PIA) para cobrar las ayudas que marca la norma. Justificó que Saludes no acudiese a las valoraciones porque para ellos es "firme" la resolución que les da el silencio administrativo. "Siempre van tarde", lamentó.

   El presidente del Colectivo Papás de Alex, Antonio Moreno, declaró que el objetivo de la demanda es "demostrar la ineficacia" de la aplicación de la ley y animar a su vez a la gente a acudir a los tribunales cuando se incumplan los plazos y las condiciones que marca la norma. "Que hagan valer sus derechos", animó.

   A principios de abril, la Conselleria aseguró en un comunicado que "en ningún caso un ciudadano puede adquirir el reconocimiento de grado de gran dependiente por silencio administrativo" y señaló que la valoración de dicho grado corresponde "con carácter exclusivo" a la administración pública.

ENFERMOS DE FIBROMIALGIA "INVISIBLES"

   Saludes lamentó que los afectados por fibromialgía y fatiga crónica es "como si no existieran" y criticó que existe un "vacío" para atenderlos. "Parece que queramos defraudar al sistema", declaró.

   La demandante relató que la calidad de vida de las personas como ella "es muy pobre" ya que hay días en que no se pueden mover ni valerse por ellos mismos para actividades tan cotidianas como ducharse. La mujer aseveró que está en su derecho de reclamar que se le reconozca el grado y aseguró que hay mucha gente en la misma situación que ella.

Los que hacen la ley hacen la trampa.

 

Más de 55.000 fallecidos figuraban en la lista de ayudas a la dependencia

Las prestaciones por cuidado familiar se generalizan en contra de lo previsto

CARMEN MORÁN - Madrid - 10/06/2009

Un 13% de las personas que figuraban como receptores de una ayuda por la Ley de Dependencia ya habían fallecido, en total 55.633. Por eso en las nuevas estadísticas, a las que ha tenido acceso este periódico, que hoy tiene previsto publicar el Ministerio de Sanidad y Política Social, ya no aparecerán 421.780 prestaciones concedidas a 1 de junio, sino 366.147.

 

• Las cifras de la dependencia están infladas con miles de muertos

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Canarias sólo atiende a un 26% de los usuarios que tienen ese derecho

Son los datos reales, donde ya no aparecen fallecidos que se habían ido acumulando desde enero de 2007 cuando se puso en marcha la ley. Gobierno y comunidades llegaron la semana pasada a un acuerdo para limpiar esos datos. A partir de ahora saldrán cada mes cruzados con la cifra de fallecidos que publique el INE.

Aún hay 227.208 personas con derecho a una prestación que siguen esperándola, un 38,29% del total. Esta media se extrae de una tremenda disparidad entre las distintas comunidades. País Vasco tiene atendido a un 94% de los dictaminados como dependientes, mientras que Canarias sólo al 26%. Seis comunidades tienen más de la mitad de los beneficiarios esperando la ayuda.

Para tener las cifras con total transparencia, se ha calculado el acumulado hasta ahora, es decir, cómo saldrían los datos a 1 de junio si no se hubieran sacado a los fallecidos de esas listas; y después se han proporcionado las cifras reales. De esa forma, los que ahora deberían ser 835.937 personas dictaminadas han pasado a ser 752.586. No es algo baladí porque un 20% de los fondos (del nivel acordado) que asigna el Gobierno a las comunidades se conceden en función de los dictámenes efectuados. Es el paso anterior a prescribir la ayuda que se necesite.

Fuentes del ministerio señalaron ayer que estas nuevas cifras indican "un cambio de rumbo que traerá beneficios para todos. Tener más información siempre sirve, es la forma de visualizar que se gestiona cada vez mejor". El Gobierno aseguró que las comunidades ya reciben el dinero que les corresponde en función de los datos reales.

Hasta ahora habían recibido dinero por miles de fallecidos, como demuestran los datos de beneficiarios de ayudas que han desaparecido del sistema.

Algunas cifras han adelgazado sustancialmente: ya no hay 83.511 personas atendidas en residencias, sino 74.987. La ayuda a domicilio ha pasado de tener 57.142 usuarios a 37.392. Y es seguro que la diferencia será mayor porque aquí se están comparando las cifras de mayo con las de junio reales, no con el acumulado a 1 junio.

Sin embargo, hay otros servicios que se prestan que han aumentado ligeramente el número de beneficiarios atendidos, como la teleasistencia. La prestación por cuidados familiares, un servicio que debe darse sólo en condiciones excepcionales ha subido, sin embargo, considerablemente. En mayo representaban un 47% del total de las personas que reciben ayuda y ahora van por el 50,99%. Así que una prestación que sólo debe ser excepcional -no contribuye a crear puestos de trabajo estables, ni a consolidar un sistema de servicios sociales, como estaba previsto, y que afecta a miles de mujeres que no pueden salir de sus casas a buscar otro empleo o a disfrutar de su jubilación- está siendo el más prescrito de todo el catálogo.

Ahora, con las nuevas cifras cabe hacer los ajustes de financiación precisos.

El timo de la estampita

Dependientes a los que no les salen las cuentas

Algunos afectados renuncian a ayudas porque les obligan a dejar otras

CARMEN MORÁN - Madrid - 20/03/2009

No son pocos los usuarios de servicios sociales municipales que están renunciando a las ayudas que les concede la Ley de Dependencia porque no les salen las cuentas. En algunas comunidades se han aprobado normas que hacen incompatibles unas ayudas y otras y obligan a prescindir de una de ellas: algunos afectados rechazan las que ofrece la Ley de Dependencia. Uno de los casos que más preocupan en los servicios sociales es la imposibilidad de sumar a la ayuda domiciliaria municipal una plaza en un centro de día. "¿Qué hacemos entonces, subimos a los ancianos al autobús para ir al centro sin haberlos aseado ni cambiado los pañales?", se queja una trabajadora social de Valencia, miembro del Observatorio de la Asociación Nacional de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Afortunadamente, dice esta mujer, que no quiere dar su nombre, "los ayuntamientos están manteniendo su ayuda a domicilio, porque no han recibido instrucciones detalladas".

En la Comunidad Valenciana, los trabajadores sociales denuncian que se está creando "un sistema paralelo que avanza en la privatización de los servicios sociales". "En lugar de mantener la ayuda a domicilio municipal -un cuidador en casa, unas horas a la semana-, conceden una ayuda económica para que contraten esa asistencia con una empresa privada. Pero eso será de pago y hasta ahora les sale gratis", dice esta trabajadora social valenciana. Y añade: "Además, eso va en contra de su propia normativa, que establece que esta prestación sólo se dará cuando no haya servicios públicos a disposición, y los hay".
El presidente de la Asociación Nacional de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, destaca que se está "vaciando de recursos el ya exhausto sistema de Servicios Sociales para atender únicamente a las situaciones de Dependencia, y hay muchas personas que, sin ser dependientes, necesitan apoyo. Si una madre soltera tiene tres hijos no podrá ir a trabajar si alguien no va a la casa, los levanta y los lleva al colegio. Esa mujer no es dependiente, pero necesita la ayuda", pone como ejemplo.
No todas las comunidades han declarado, sin embargo, incompatibles las ayudas. Los trabajadores sociales ponen como ejemplo a seguir Andalucía, que suma unas y otras ayudas y que ha aprobado una orden que distingue perfectamente quiénes son usuarios de los servicios sociales y quiénes son, además, dependientes. En La Rioja, País Vasco o Castilla-La Mancha está regulada la compatibilidad; en otras, como Asturias o Galicia, no está regulada, pero se aplica. Y en algunas, como la valenciana o Murcia no se puede optar a estas dos ayudas a la vez.
Nuria, una mujer de Cantabria, separada, madre de dos hijas y mileurista, ha cuidado de su madre, enferma de alzhéimer, durante 20 años. Una trabajadora social de su Ayuntamiento iba dos horas al día de lunes a viernes, gratis, para asear a la madre. El resto de las horas, Nuria se gastaba parte de su sueldo y la pensión de la anciana en pagar a otras dos trabajadoras -mañana y tarde- para que ésta no estuviera sola en casa. En total unos 1.000 euros al mes, que no declaraba porque económicamente no podía afrontarlo. Con la Ley de Dependencia le propusieron que un cuidador fuera unas horas al día, incluidos sábados y domingos, pero prescindiendo de la ayuda municipal. "Y yo tendría que pagar cerca de 300 euros al mes por el copago de ese servicio nuevo y seguir con las otras dos trabajadoras. No puedo afrontar eso. He renunciado", afirma. "Yo no quería dinero, sólo ayuda para salir los fines de semana".
Los servicios que se están ofreciendo, en muchos casos, no suponen un desahogo.
Y tampoco contribuyen a una eficaz implantación de la ley localismos que impiden que personas que no están empadronadas en un pueblo no tengan derecho a una plaza en el geriátrico. "Las desigualdades por comunidades se están incrementando más por razón del empadronamiento", reza el informe que han elaborado directivos de Servicios Sociales (directoressociales@hotmail.com).
Sólo hay un servicio, la teleasistencia, que no es incompatible con ninguna otra ayuda, "pero ése no se prescribe", añade Ramírez. "Esta ley, para tener ya dos años, sigue yendo demasiado despacio. Y es una buena ley, eso sí", añade.Pero están aflorando casos rocambolescos, como tener plaza en un centro de día y no poder subir al autobús.

Descarada desvergüenza

Denuncian escasez recursos, lentitud y falta transparencia Gobierno valenciano

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha denunciado hoy la escasez en la dotación de recursos, la "descarada lentitud" administrativa y la "falta de transparencia y sensibilidad" por parte del Gobierno valenciano para atender a los miles de ciudadanos dependientes que precisan estos servicios.
La plataforma, de la que forman parte medio centenar de entidades ciudadanas, ha sido presentada hoy en una rueda de prensa en la que se ha puesto de manifiesto la "impotencia" de los afectados y sus familiares ante la "ineficacia" y las "irregularidades" del sistema valenciano de atención al dependiente dos años después de la aprobación de la Ley.
El presidente de la Coordinadora "Acció i Reflexió Ciutadana per Valencia", Jaime García Vilar, ha leído un Manifiesto constituyente de la Plataforma, que exige a las administraciones públicas una financiación adecuada y suficiente que garantice los recursos y servicios sociales necesarios.
García Vilar ha denunciado el "empeño" del Gobierno valenciano en "privatizar los servicios" de atención de dependientes, y le ha exigido que anule el silencio administrativo negativo y elimine la burocracia en la tramitación de expedientes para agilizar el proceso.
El vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecin@s de Valencia (FAVV), Antonio Pla, ha asegurado que Valencia, que se "vende como una ciudad avanzada", no se puede "permitir dramas familiares" como los que hay actualmente por no recibir las ayudas que contempla la ley.
Según Pla, en la Comunitat la ayuda domiciliaria para las personas dependientes es "cero", mientras que la media a nivel nacional es del 8,19 por ciento y en Andalucía se eleva al 20,4.
"No podemos permitir esta demora, ninguneo y chulería con los más débiles, pacientes que mueren antes de recibir estas ayudas. No queremos que Valencia sea la ciudad del puente de las flores, sino la del puente de la igualdad", ha dicho Pla.
El vocal de la Confederación de Asociaciones de Vecin@s de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA), Manuel Hernández, ha asegurado que esta plataforma va a suponer "un antes y un después" en las reivindicaciones de los colectivos afectados.
Según Manuel Hernández, los servicios sociales "dan instrucciones para que los procesos se retrasen" y ha considerado que la aplicación de la Ley en la Comunitat es "una tomadora de pelo" y ha anunciado: "si hay que ir a las barricadas iremos".
Por su parte, José Juan Cortell, de la Plataforma de la Ley de Dependencia de l'Alcoiá-Comptat, ha denunciado que en la administración valenciana "se ha instalado la arbitrariedad y la mentira" y el dinero que reciben del Gobierno para la aplicación de la Ley "se dirige a financiar a los residentes de los centros de la tercera edad, cuando los recursos de la Ley no son para eso".
La presidenta de la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores, Palmira Castellano, ha señalado que cuando entró en vigor, la ley les dio "muchas esperanzas", pero la realidad es que dos años después los recursos "no se distribuyen bien", faltan plazas en los centros de Día y se ha privatizado un servicio "que antes ofrecían personas de confianza".
Según la Plataforma, en la actualidad hay cerca de 34.000 personas valoradas, pero sólo el 44,37 por ciento tienen una prestación económica concedida, lo que significa que "más de la mitad de la población valorada en aplicación de la ley espera a que se le reconozca el derecho".
La Plataforma iniciará una serie de movilizaciones de protesta, entre ellas, una concentración un día a la semana frente a la Consellería de Bienestar Social y una "gran manifestación" que se celebrará en la ciudad de Valencia el próximo mes de mayo.

Fuente: ADN.es

Esto antes, que menudo agujero económico y menudo drama social han consentido

El Gobierno exige por decreto las cuentas de la Ley de Dependencia

Cortará fondos a las autonomías si siguen sin justificar las ayudas

CARMEN MORÁN - Madrid - 04/03/2009
El Gobierno no está dispuesto a seguir dando a las comunidades dinero por la Ley de Dependencia si éstas no demuestran que sus ciudadanos están efectivamente recibiendo las ayudas. Se lo ha exigido por activa y por pasiva, lanzando incluso un ultimátum.
El Gobierno no está dispuesto a seguir dando a las comunidades dinero por la Ley de Dependencia si éstas no demuestran que sus ciudadanos están efectivamente recibiendo las ayudas. Se lo ha exigido por activa y por pasiva, lanzando incluso un ultimátum. Pero no ha logrado que las autonomías justifiquen las partidas, así que ha endurecido con un nuevo decreto las condiciones para librar una cantidad por cada dependiente registrado en el sistema informático.
Sólo se pagará si se especifica qué prestación va a recibir la persona, si se trata de una plaza de residencia, una asistencia a domicilio, ayuda económica al familiar que cuida... Y sólo se librará el dinero a partir de la fecha en que se esté recibiendo de verdad ese servicio. Si ha pasado un año entre la fecha que se hizo constar y el momento en que la persona recibe la prestación o ayuda, el Gobierno no garantizará que los pagos a las comunidades por esas personas se hagan a tiempo.
En la actualidad, con los últimos datos hechos públicos, se desconoce qué prestación se ha concedido al 42% de las 530.000 personas que se dan por atendidas. Por tanto, cabe preguntarse si lo están realmente si sólo se ha reconocido su derecho a recibir una prestación. No puede saberse, por ahora.
Al inicio de la ley, algunos dirigentes de comunidades reconocían que uno de los primeros pasos que se dieron fue registrar en el sistema a los discapacitados ya atendidos, ancianos en residencias, por ejemplo, para ir recibiendo dinero estatal y seguir implantando la ley. Pero eso será ahora imposible también porque la modificación de la ley obliga a que sea el propio anciano o sus familiares los que inicien el procedimiento.
Pero esos, al menos, estaban ya atendidos. Lo que se desconoce es si lo están los nuevos solicitantes, los que no recibían ayuda alguna y ahora tienen reconocido ese derecho aunque las comunidades no indican qué prestación les corresponde. Puede que estén en su casa esperando.
El Gobierno ya dio el año pasado un plazo de seis meses a las comunidades para que aportaran esa información "en aras de una mayor claridad", se dijo entonces. Pero también se habló de cortar el grifo del dinero si esto no se hacía. Pues no se hizo del todo, y casi la mitad de los beneficiarios siguen en el misterio.
¿Por qué las comunidades no especifican la prestación que ofrecen? Las respuestas son variopintas. En Aragón dicen que no pueden porque les faltan los últimos trámites burocráticos, que de su porcentaje de dependientes sin prestación especificada hay unos 3.000 muertos por cuya solicitud se pagará, pero ya no recibirán ayuda alguna y, por último, señalan que el Gobierno no ha pagado aún por todas esas personas. En Andalucía la respuesta es mucho más escueta: "Es imposible introducir un expediente si no se especifica la prestación". Y lo mismo dicen en Cataluña.
El Gobierno da una versión completamente diferente, contradictoria. Dicen que es el propio sistema informático el que señala las prestaciones sin especificar haciendo una simple resta entre los beneficiarios que registran las comunidades y las prestaciones que sí especifican: el resto son esos ciudadanos de los que no se sabe si esperan en casa por una plaza de residencia o una ayuda económica.
Y, de ésos, Andalucía tiene más de 46.000, un 28% del total. Y Andalucía está bastante por debajo de la media. Espectacular es el caso de Canarias, con un 80%, seguida de Murcia y Baleares, con un 66%.
Castilla y León, también por debajo de la media (38%), ofrece el siguiente razonamiento: "Puede ocurrir que falten algunos datos sobre el solicitante, que hemos de pedir a Hacienda, por ejemplo, o que algunos beneficiarios no han elegido aún la ayuda que desean; y los menos, son casos en que aún no hemos determinado la prestación que se dará al solicitante", el llamado Plan Individual de Atención (PIA), explica el consejero castellanoleonés, César Antón.
De nuevo, se alude a los últimos trámites, que esta comunidad ha decidido reunificar en un solo paso "para no marear al ciudadano". Siempre ha habido quejas de exceso de burocracia en una ley que echó a andar quizá con demasiada premura.
En la Comunidad de Madrid, en la que enarbolan sus buenas cifras de personas atendidas -aunque no bajo la Ley de Dependencia-, dicen que aquellas cuya prestación está sin especificar en el sistema informático son las que no tienen el plan individual de atención (PIA) cumplimentado aún. Y están molestos porque el Gobierno "ha cambiado las reglas de juego a mitad de partida". Desde la Comunidad Valenciana reconocen sin ambages que sólo están atendidos los que se especifican. Los demás, esperan, dicen.
Sin embargo, el Gobierno cada vez que da esas cifras, al menos hasta ahora, hablaba de personas a las que daba por atendidas, que en este caso serían 567.068. Pero si todas las comunidades hacen lo mismo que la valenciana, un 44% de esa cifra aún estaría esperando la ayuda correspondiente.
El nuevo real decreto también recuerda a las comunidades que sólo podrán valorar el grado de dependencia de sus ciudadanos siguiendo los baremos que se aprobaron en la ley, que entró en vigor a principios de 2007.
Muchos extremos en la Ley de Dependencia son difíciles de esclarecer, liados como están en la maraña entre las Administraciones regionales y la central. Hace meses el conflicto estaba en el sistema informático. Algunas comunidades decían que no podían volcar los datos, el Gobierno lo negaba. Un equipo de expertos en el Ministerio de Administraciones Públicas evalúa ahora dicho funcionamiento.

Las estadísticas de la discordia

Los datos sobre dependencia los vuelcan las comunidades en el sistema informático centralizado. Y van cobrando por cada uno de ellos. Un vistazo por esas gráficas deja algunas sorpresas. ¿Por qué la Comunidad de Madrid, la tercera en población tras Andalucía y Cataluña, tiene sólo un 0,58% de solicitudes respecto a su población cuando Cataluña tiene un 1,54% y Andalucía un 3,11%? ¿Es que hay mayor porcentaje de discapacitados en unos territorios que en otros? El director general de Dependencia de Madrid, Miguel Ángel García, lo atribuye al alto índice de atención que ya tenían desde 2003 los madrileños discapacitados. "Como ya están atendidos, a priori no muestran interés por solicitar la ayuda de Dependencia, porque hay ya 40.000 plazas de residencia, 64.000 ayudas a domicilio y 115.000 de teleasistencia". "Lo que nos preocupa es el usuario nuevo, que es el que no está atendido", pero no aclara cuántos de los que han registrado bajo el paraguas de la Ley de Dependencia son nuevos usuarios. En todo caso, si Madrid hubiera registrado todos esos que tienen "atendidos en las residencias" o recibiendo otras ayudas habría conseguido un dinero del Estado por cada uno de ellos. "Estamos orientando y aconsejando a los ayuntamientos para ver si los ciudadanos, aunque estén atendidos, modifican su interés y solicitan su ayuda bajo la nueva ley", dice.
También Madrid está a la cola en cuanto al número de ciudadanos con derecho a prestación reconocida por ley, respecto a su población. Misma respuesta. No hay interés por la ley porque ya están atendidos.

Fuente: El País

Hasta a Matusalen se lo pondrían dificil

Benestar Social aplaza hasta el 2013 las ayudas por dependencia a una anciana de 101 años
EFE
BARCELONA
La familia de una mujer de 101 años que vive en el pequeño municipio de Artesa de Lleida (Segrià) ha denunciado que la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat ha aplazado hasta el 2013 la asistencia de dos horas semanales que habían solicitado para atender las necesidades de la anciana.

Según ha informado Antonio Garròs, sobrino de esta mujer que aún se vale por sí sola, aunque con los achaques normales de una edad tan avanzada, la familia había solicitado en varias ocasiones a la Generalitat -las últimas veces en el marco de la ley de dependencia- el recibir una ayuda de dos horas semanales para que asistiera a la anciana, Dolors Soler, que vive con él y su esposa.

"No pedimos dinero, sólo de dos horas"

Sin embargo, tras la visita del técnico encargado de evaluar las solicitudes, que preguntó a la anciana sobre sus capacidades de movilidad e higiene, la familia recibió una "sorprendente" contestación en donde se indicaba que la concesión de ayuda se demoraba a 2013, cuando la mujer haya cumplido ya los 105 años.

"No pedíamos dinero, sólo esas dos horas", ha explicado el sobrino, quien tras conocer la resolución hizo una reclamación ante la administración autonómica, desde donde se le contestó que el resultado del baremo lo había elaborado "un ordenador" y que posiblemente se había producido un error previo por parte de la persona que hizo el estudio preliminar del caso.

Derecho al pataleo

Garrós, un jubilado de 64 años debido a problemas cardiacos, advierte que si han de reiniciarse los trámites para volver a solicitar las ayudas, éstas tardarán mucho tiempo, "y mi tía tiene 101 años", por lo que han optado por hacer una denuncia pública "que al menos nos sirve como derecho al pataleo".

El sobrino de la anciana ha recordado que cuando Dolors cumplió 100 años recibió la visita del delegado de Benestar Social para entregarle la medalla que reconoce a las personas centenarias. "Le dijo a mi tía que si necesitaba algo lo pidiera, y ella se lo creyó y por eso volvimos a reclamar la ayuda", recuerda ahora Garrós.

De intervenir el Procurador es porque no se nos procura nada de nada

El Procurador del Común urge el desarrollo normativo de la Ley de la Dependencia en Castilla y León

Propone articular una “planificación regional” para regular procedimientos de urgencia y programas individualizados y crear una comisión de seguimiento de la norma


El Procurador del Común en Castilla y León ha urgido el desarrollo normativo de la Ley de la Dependencia para asegurar su “plena aplicación” en la Comunidad. El alto comisionado demandó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en una actuación de oficio a la que ha tenido acceso Ical, su desarrollo puesto que pese a haberse aprobado ya diferentes disposiciones las expectativas de los ciudadanos castellano y leoneses no se han visto plenamente satisfechas.
La institución, que preside Javier Amoedo, recibió el pasado año un gran número de reclamaciones por parte de ciudadanos de la Comunidad por lo que inició de forma proactiva -en junio de 2008- una investigación sobre la implantación en Castilla y León de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Resolvió que existe “demora” en el acceso a los servicios básicos y prestaciones programadas por la norma.
Planificación regional
En ese sentido, Javier Amoedo advirtió en el expediente sobre la necesidad de diseñar una “planificación regional” para definir el catálogo de servicios del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Explicó que debe clarificarse los recursos asistenciales que comparten con los servicios de carácter social. Como ejemplo, recordó que otras comunidades autónomas españolas han estipulado los medios que deben movilizarse en las disposiciones que se han aprobado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia.
De esta forma, aconsejó al Ejecutivo autonómico avanzar en el desarrollo de una regulación más especializada para resolver las deficiencias del actual marco normativo. Entre las propuestas, el Procurador del Común planteó desarrollar un reglamento sobre el establecimiento, aprobación, revisión y supervisión de un programa individualizado así como el establecimiento de plazos para su elaboración y aprobación. También encomendó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la creación de un procedimiento de urgencia para acotar el plazo máximo de respuesta a solicitantes que atraviesen por situaciones excepcionales.
Esta institución también plantea la posibilidad de que la administración competente ofrezca una respuesta jurídica y moral adecuada a los familiares del solicitante cuando éste fallezca. Al respecto la Junta de Castilla y León se comprometió a garantizar a las personas dependientes una ayuda mínima aunque se beneficien de alguna otra prestación de análoga naturaleza y una vez deducida ésta, incluso cuando la persona haya fallecido y la hubiera solicitado. En este caso, serán sus herederos los que perciban la ayuda, según recogerá una nueva normativa en la que trabaja el Gobierno autonómico y que completará la Ley de Dependencia nacional.
Escasa previsión
Esta actuación del Procurador del Común revela que ha existido una “escasa” previsión por parte de los poderes públicos a la hora de abordar la organización de los medios humanos y materiales lo que ha originado “incumplimientos” en los plazos previstos por la norma a nivel estatal para el reconocimiento de la situación de dependencia y, por lo tanto, la concesión de prestaciones. El alto comisionado también demandó que se agilice la tramitación de los procedimientos aunque considera “innegable” el elevado número de expedientes presentados por lo que no duda del “esfuerzo” realizado por las administraciones autonómica y local.
Sin embargo señaló que la Junta de Castilla y León debería arbitrar los mecanismos que permitan que las solicitudes se resuelvan en los plazos previstos, es decir, eliminando los “importantes retrasos” que se producen y las consecuencias derivadas del silencio administrativo positivo. El Procurador del Común basó su informe en los datos proporcionados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
De las 36.998 solicitudes presentadas a fecha de 30 de septiembre de 2008, se encontraban en situación de valoración o en vías de ello 35.770, es decir, el 97 por ciento. La institución puso de manifiesto que los expedientes resueltos suponen el 76 por ciento del total (26.882). Por ello, de las 19.885 personas con derecho a recibir una prestación reconocida en la ley percibían algún servicio 7.385 por lo que se encontraban todavía pendientes 12.500 solicitudes.
Red suficiente
El procurador del Común, Javier Amoedo, sugirió a la Junta promover la plena efectividad del catálogo de servicios mediante la constitución de una red “suficiente” y “adecuada” para satisfacer las demandas de los ciudadanos, “reducir las listas de espera”, garantizar el “acceso rápido” a los servicios descritos por la ley. Para ello, consideró necesario la planificación de las plazas, la creación, ampliación o adaptación de los recursos existentes.
Comisión de seguimiento
Otra de las propuestas del Procurador del Común es la creación de una comisión de seguimiento del Sistema para la autonomía y la atención a la dependencia. Este órgano, integrado por el Gobierno autonómico y las entidades locales, debería encargarse de impulsar la aplicación de los preceptos de la ley. Además el alto comisionado invitó a todas las instituciones a suscribir convenios de colaboración que permitan coordinar las actuaciones. También consideró interesante idear mecanismos para promover actuaciones conjuntas de los servicios sociales y sanitarios (primaria y especializados) de la Comunidad.

Fuente: León Noticias.com

Del proyecto a la aplicación extensiva de la Ley aun queda mucho que vencer aunque es probado que funciona

La Comunidad incrementa en un 30% los usuarios del Proyecto de “Vida Independiente” para discapacitados

Este proyecto fomenta la autonomía de cada usuario y su máxima integración en la sociedad

Más de 125 asistentes permitirán a los beneficiarios acudir a sus actividades laborales, de ocio o formación
Esta iniciativa implantada de forma innovadora en 2006 se ha reconocido como recurso en la ley de Dependencia
La Comunidad de Madrid ha decidido prolongar e incrementar el proyecto “Vida Independiente” para personas con discapacidad física grave ante los buenos resultados obtenidos por el mismo en los años precedentes, que han servido como experiencia piloto. De esta forma, los usuarios de esta iniciativa, consistente en proporcionar un asistente personal a personas discapacitadas para acudir a sus actividades laborales, de ocio o formación, crecerán este año en un 30%, llegando a un total de 80 beneficiarios.
Para ello, el Gobierno regional destinará más de 4,3 millones de euros hasta el año 2011, lo que permitirá a los usuarios del programa realizar las gestiones de su vida diaria favoreciendo la permanencia en su entorno, con la máxima autonomía posible.
El proyecto que se puso en marcha en junio de 2006 supuso una experiencia totalmente novedosa a nivel estatal y ha sido precursora de uno de los recursos reconocidos en la Ley de Dependencia. Además, este programa ha sido reconocido con numerosos galardones y felicitaciones, tanto a nivel estatal como internacional. Así ha sido premiado por la Unidad de Integración de Personas con Discapacidad de la Comisión Europea, el Comité Español de representantes de personas con Discapacidad (CERMI) o la Federación Internacional de Personas con Discapacidad Física, entre otras entidades.
Alto grado de satisfacciónEl mayor reconocimiento es el que hacen los usuarios del programa y que obtiene una satisfacción global de 8,33 puntos, incluyendo también la evaluación de las familias y los asistentes personales.
En total, más de 125 personas han obtenido un trabajo para ayudar a personas con discapacidad a acudir a sus centros laborales, educativos u otras actividades ofreciéndoles una media de 6 horas al día de asistencia y un máximo de 11 horas.
Por último, destaca el impacto positivo que tiene el programa en la autonomía personal de los participantes, mejorando su calidad de vida y participación social, además de demostrar la importante especialización de recursos en materia de discapacidad que tiene la Comunidad de Madrid.

Fuente: La quincena.es

¡Más estafa pública!

«Si quieren ahorrar dinero, no va a ser a costa de mi hija»

La hija de Corredoira tiene seis años y sus padres fueron de los más precoces en Galicia en solicitar la prestación por la ley de dependencia. El número de expediente así lo acredita, pues es el 67. La pequeña cuenta con pedagogo, logopeda y una persona que la cuida por el día, durante el tiempo en que los padres trabajan. Por la noche se ocupan ellos, que dicen tener que dormir «con un ojo abierto, pues sufre episodios epilépticos».
Nada más nacer, descubrieron un problema ocular. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer síntomas de otro tipo, mucho más graves. Con seis años, «tiene las capacidades de un bebé de cuatro meses». Su retraso psicomotor les obliga a darle de comer, cambiarla, llevarla al baño o darle la vuelta en la cama. Por todo ello, precisa de una atención de 24 horas. Y el trabajo les obligó a contar con profesionales que les ayuden en su cuidado.
Ante esta situación, los padres dicen necesitar la ayuda que les ofrece la ley. «Y es una ley muy precisa, que deja bien claro que todas aquellas familias con un miembro dependiente en grado tres y nivel dos, y que están obligados a contratar a un cuidador porque su empleo les imposibilita a permanecer las 24 horas con el enfermo, deberán gozar de una paga de 831 euros para afrontar los gastos que ocasiona la contratación de una persona encargada de la asistencia al dependiente», explica Corredoira. Por eso no entiende lo que les está ocurriendo, toda vez que cuentan «con todos los documentos que acreditan el grado de dependencia, la posibilidad de acceder a la ayuda por asistente externo y el informe del asistente social».
Diferentes razones
Durante las reuniones que mantuvo con personal de Vicepresidencia, le expusieron diferentes razones para percibir la prestación. «Un día me dijeron que el dinero tendría que ir directamente a la empleada; otro me comunicaron que la trabajadora que está en casa tendría que tener un modelo de contrato diferente al que tiene; más tarde, tras cerciorarme en la Seguridad Social que todo era correcto, me dicen que si me conformo con 519 euros me enviarían el dinero a casa con todos los atrasos... Y así, hasta hoy», relata este abogado coruñés, convencido de que «si quieren ahorrar dinero no va a ser a costa de mi hija».
Tras su experiencia, sospecha que hay muchas personas en Galicia que perciben menos dinero de lo que la ley les otorga. Y en su caso, según advierte, no va a arrojar la toalla. Explica que su hija tiene seis años, «con toda una vida por delante, por lo que lo que hoy acepte como prestación será lo que perciba durante muchísimos años, de ahí que luche hasta el final por lo que a mi niña le corresponde. Nos debemos a ella y tenemos que velar por sus intereses», sentencia Corredoira.

Fuente: La voz de Galicia

Incumplimiento de un compromiso que afecta a los más "débiles"

Fiasco de la Ley de Dependencia. La Xunta de Galicia niega una silla a Pablo

Pablo es uno de los miles de gallegos que esperan por las ayudas de la Ley de la Dependencia. Más que Pablo, sus padres, porque probablemente a sus cinco añitos no se de cuenta del esfuerzo que hacen sus progenitores para que no le falte de nada.

Charo y su marido vieron la luz cuando empezó a hablarse de esta legislación, y apenas esperaron para presentar los papeles de la dependencia. Lo hicieron hace casi dos años, en abril o mayo del 2007, y en septiembre los profesionales que se encargan de las valoraciones se acercaron a su domicilio.

Pablo, que sufre una parálisis cerebral debido a un virus que le afectó cuando todavía estaba en la incubadora, fue diagnosticado con una dependencia de grado III (nivel dos), lo que se conoce como grandes dependientes, e implica que en teoría las ayudas deberían haberle llegado a lo largo del 2007 según el calendario de Vicepresidencia, aunque Charo añade que una moratoria dejaba el plazo límite en diciembre del 2008.

Por el momento, siguen esperando, y tampoco saben cuánto han de seguir aguardando. Uno de los problemas que tuvieron al principio era cuadrar qué tipo de asistencia les correspondía. Las opciones que tenían eran proporcionarles una ayuda a domicilio para duchar al pequeño (que por supuesto no supone un problema para los padres, ya que además solo tiene cinco años), un centro de día (innecesario también, ya que es un niño en edad escolar); o ayudas por cuidador.

Lo que ocurría en el último de los casos, que era el óptimo para esta familia, es que tanto Charo como su marido trabajan, por lo que están dados de alta en la Seguridad Social y no pueden pedir esta ayuda. Finalmente, el asistente social les recomendó que se presentasen como cuidadores a tiempo parcial (evidentemente lo son) para solicitar la ayuda, que finalmente les concedieron. Y en enero del 2008, esta familia recibió ya la carta correspondiente en la que se les explicaba que tenían derecho a esta prestación. De eso hace más de un año, y aún no saben cuándo la cobrarán.

Para ayudar a Pablo a desarrollarse tanto física como psíquicamente, esta familia que vive en O Milladoiro se gasta cada mes entre 400 y 500 euros en ejercicios de rehabilitación. Sin embargo, les dijeron que las prestaciones de la dependencia no podían cubrir estas facturas.

A todo este proceso de solicitudes, entrevistas, papeleo y esperas, se une algo más común de lo que debiera en las administraciones, las pérdidas de documentación. Según cuenta Charo Mayán, en octubre del pasado año el expediente había llegado a Coruña, pero al mes nadie sabía ya donde estaba. Esto les llevó a presentar un escrito a finales de noviembre solicitando saber a dónde había ido a parar. Oficialmente aún no saben ni siquiera si apareció, aunque el asistente social les explicó que sí estaba, pero que por lo menos les quedaban otros tres meses de espera, «y ya veríamos».

Charo se lamenta, más que por su situación, por el incumplimiento de un compromiso que afecta a los más débiles. Cuando Pablo empezó el colegio se negaron a comprarle una silla adaptada con la que poder estar a la misma altura que sus compañeros. Costaba dos mil euros y era muy cara para la Administración. «Cuando vi en televisión que las nuevas sillas encargadas por el Gobierno costaba cada una más de dos mil euros pensé, 'claro, para Pablo era muy cara'».

Fuente: EP

Sólo quiero que no engañen a la gente

Rigoberto, de 71 años, espera desde hace meses las ayudas de la Dependencia

A. RALLO VALENCIA

Rigoberto Guijarro, 71 años. ¿Futuro? "La muerte", afirma sin pestañear. La ironía no se refleja en sus palabras, pero sí en la mueca de su rostro. "Mi vida se reduce a esto", comenta mientras junta sus manos y señala la cama. Postrado y sin posibilidad de moverse ve cómo la vida avanza delante de él.

Pero la vida -la buena- no tiene parada en el domicilio de la plaza del Patriarca, donde reside. Bajo su ventana, las mesas de una cafetería están copadas de clientes. Gafas de sol y refrescos. Luce sol de primavera en invierno. Pero casi resplandece más a ojos de los curiosos la pancarta que este hombre ha colgado en el balcón: "Me va a llegar antes la muerte que la ayuda de la ley de dependencia". La vida sigue abajo.

"Ha tenido mucho éxito", dice desde la cama Rigoberto en referencia a su pancarta. El comedor se ha convertido en su particular habitación de hospital. Allí comprueba cómo los peatones observan la leyenda que preside su balcón. "Que se enteren, que se enteren... A mí ya me da igual que me den dinero o me dejen de dar. Lo que no quiero es que engañen a la gente ni le den falsas ilusiones".

Consume las horas del día viendo la televisión, escuchando la radio y leyendo LAS PROVINCIAS, uno de cuyos ejemplares reposa en la mesa. "Cómo está el tema ahora eh!!! Da miedo", dice haciendo un paréntesis en el relato de su situación.

La historia de Rigoberto trenza todos los hilos de un drama. En marzo de 2007 presenta la documentación en Bienestar Social. A los cuatro meses le llaman. Primer problema: "Falta un documento relacionado con su tutor". En junio, una buena noticia. "Todo arreglado", le dicen. Al cabo de unas semanas, pasa a verle la asistenta social y más tarde "el inspector para hacerme el grado de dependencia".

Como no podía ser de otra forma viendo su estado, le conceden el nivel más alto. "Grado tres, nivel dos", subraya. Y otra señal positiva para Rigoberto llega en verano de 2008. "He sido aprobado y me corresponden 405 euros al mes".

Pero del dicho al hecho suele haber un trecho. "Desde Conselleria me dijeron que fotocopiara la cartilla de ahorros y que en tres meses que se pasaran por la tesorería de la Seguridad Social..." Y así, "hasta esta santa fecha. Este es el día que no he recibido ni un euro". Al menos su pensión supera los 1.000 euros, lo que le permite tirar para adelante.

Enfermedad degenerativa

El hombre, que reside en Valencia desde los diez años, sufre una enfermedad reumática degenerativa, que hace que se empiecen a soldar las articulaciones. "A mí me ha llegado hasta las caderas", atestigua. La enfermedad le complica en exceso la respiración. De hecho, junto a la cama tiene el aparato de oxígeno. Hace pocas semanas acudió al hospital 9 de octubre. El amigo que le acompañó recibió del médico la constatación de un hecho: "Tiene muy pocas posibilidades".

No se trata de un hombre rico. El piso, en una de las mejores zonas de Valencia, se lo paga -de alquiler- uno de sus vecinos y a la vez amigo. La misma persona que lo cuida todos los días. "Me cambia, me lava, me hace algo de comida". Y aquí estoy, resume.

En la televisión frente a la cama ve un canal de noticias. "Otra de las cosas que me entretiene es ver las cotizaciones de la bolsa". Rigoberto sabe que su situación no es excepcional. Muchas otras personas comprueban cómo las tan anunciadas ayudas de la Ley de Dependencia no llegan. Eso sí, las promesas no faltan. "A mí ya es que me aburre todo esto. La Generalitat dice que el Gobierno no le da dinero y yo creo que se lo gastan en tonterías".

El sol ilumina el salón del domicilio. Es la única claridad que cada mañana contempla en su vida Rigoberto . Él está solo en su casa. Y también en la vida. El conserje es quien tiene llaves del piso. Otra de las ayudas que ha pedido es una grúa para levantarse y poder sentarse en una silla. "Pero siempre falta una firma".

El Cuarto Pilar afronta casi la mitad del gasto sin especificar

El 44% de ayudas de la Ley de Dependencia no se justifica

Publicado el 09-02-2009 por M.Tejo. Madrid

La Ley de Dependencia sigue embarrada. Además de la falta de recursos que entorpecen su despegue, ahora el sistema que prevé la atención de las personas que no pueden valerse por sí mismas acaba de caerse en el fango del descontrol.
Según los últimos datos oficiales, hasta febrero se reconocieron 529.889 prestaciones que, de acuerdo al texto legal, deben corresponderse con una paga económica, o bien, un servicio social. Y hasta aquí la teoría, porque el Gobierno ignora a qué se destinan el 44% de las prestaciones. Se trata de un cajón de sastre que crece mes a mes bajo el membrete de “sin especificar”.
Según las fuentes parlamentarias consultadas, Cabrera ha sido interpelada en varias ocasiones sobre este punto negro que arrastra la estadística que elabora Educación. Según ha podido saber EXPANSIÓN, su respuesta ha sido siempre la misma; que esos datos los suministran las comunidades autónomas, que son quienes gestionan las ayudas a los discapacitados en cada uno de sus territorios.
El Ejecutivo es consciente del lastre que suponen las 233.648 prestaciones que no están encuadradas en ninguna de las modalidades de ayudas contempladas por la ley (plaza de residencia, ayuda de un trabajador social en el domicilio, etc). Por eso lleva meses insistiendo a las autonomías que complemente sus datos. Esa espera dura ya más de diez meses, desde el 14 de abril de 2008, fecha en la que, según el Gobierno, se iniciaron los reclamos.
La larga demora y, sobre todo, la falta de motivos aparentes por los que los territorios deciden no catalogar las ayudas que reciben determinados enfermos ha llevado a las asociaciones de usuarios a hacer sus propias conclusiones. “Se trata de personas que han terminado todo el papeleo administrativo, pero que aún no reciben de facto su prestación, por lo que se las encuadra en un apartado ambiguo”, relatan desde una importante agrupación madrileña.
Sólo desde esta perspectiva explican que en Andalucía, por ejemplo, haya un número similar de prestaciones incluidas en el apartado de “sin especificar “ (46.892) que en los apartados donde se engloban quienes reciben pagas económicas (46.775). O que en Extremadura las ayudas sin catalogar (6.706) superen a la suma del resto de apartados (6.336). La misma historia se repite en el País Vasco, donde hay un número igual de usuarios con una ayuda transparente, como quienes no la tienen (25.329).
En cualquier caso, estas personas computan a efectos prácticos como beneficiarias de la Ley de Dependencia. Y he aquí otro de los escollos: la ministra del ramo ha reconocido ya a los partidos políticos que el concepto de beneficiario de la ley, del que informa su Departamento periódicamente, no equivale al de número de personas que reciben de facto una ayuda administrativa.
Más aún, de nuevo, y debido a que son las comunidades quienes trasladan sus datos al Gobierno, la ministra admite que desconoce qué porcentaje de población afectada está recibiendo realmente las ayudas que contempla la norma. Desde las filas del PP dan un paso más y denuncian que los enfermos de mayor gravedad ( “grandes” y “severos” dependientes) suelen necesitar dos servicios de forma simultánea, una duplicidad que se cuela en la estadística como si se tratara de dos beneficiarios. Estos últimos lodos se unen a la falta de financiación que denuncian las comunidades.
El Gobierno ha admitido que el año pasado no ejecutó ni la mitad de los fondos del “nivel mínimo” de protección destinados a la Ley de Dependencia. De la hucha para 2008, aún no se ha repartido el 40% –ver EXPANSIÓN del 28 de noviembre–.

Fuente: Expansión.com

"Vuelva Ud mañana. Si aun está viva, claro"

El Parlamento verá el caso de las hermanas centenarias que recibirán sus ayudas en 2013

Domingo, 08-02-09
J. L.
JAÉN. El presidente del PP de Jaén y portavoz adjunto en el Parlamento, José Enrique Fernández de Moya, pedirá explicaciones a la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, por la falta de humanidad con que, en su opinión, ha tratado su departamento a dos hermanas de 102 y 92 años, residentes en Castellar (Jaén) a la que se les ha comunicado que le aplicarán la Ley de Dependencia a partir de 2013.
Fernández de Moya lamenta que los socialistas «sean cada día menos sensibles con los problemas de la gente» y añade que el PSOE «únicamente cuenta con las personas mayores, en este caso, para pedirles el voto». Por este motivo, interpelará a la consejera tanto en la comisión de Igualdad como en el pleno, «para que se retrate y reconozca si ésta es la forma en la que trata el PSOE a nuestros mayores, con el más absoluto desprecio y sin tener en cuenta que los casos, aunque haya que agilizarlos en los trámites, hay que estudiarlos seriamente».
Éste es, según expone, el caso de Dolores Benavides, de Castellar, que se encuentra en situación de dependencia, debido a su avanzada edad -102 años- y a su precario estado de salud. Además, a su delicada situación, se ha sumado la de una de sus hermanas, Concepción, de 94 años, también aquejada de varias enfermedades.
Así, Fernández de Moya hace hincapié en que la paciente, que solicitó la ayuda a la Dependencia, en función de los supuestos que prevé la Ley y el Servicio de la Junta, recibió en septiembre una valoración, que en su resolución, «en modo alguno, consideramos que se ajustara a la realidad».
El presidente del PP dice que la señora Benavides necesita de muletas para caminar, tiene cataratas, padece una pérdida de audición severa, tiene hipertensión y problemas serios de asma. A lo que hay que sumar el agravamiento del estado de salud, de forma especial, de una de las dos hermanas, con las que vive. Así, el dirigente popular ha advertido que «se trata de una situación de clara dependencia, que la Junta califica de grado 1 o moderada, lo cual nos parece que no responde a la realidad en que vive esta señora».

Derechos Humanos ¡YA! ¿Cómo hay que decirlo?

Abandonado por la Administración

MARÍA JOSÉ CARMONA. SEVILLA
Lunes, 05-01-09

Las ansiadas ayudas de la Ley de Dependencia se pueden convertir para numerosas personas en una simple quimera. En Sevilla, esas ayudas no se pueden poner en marcha, aunque ya estén concedidas, porque no hay dinero para ello. Así al menos se lo han hecho saber a Lino Rincón del Toro, que atraviesa una difícil situación con su madre, recientemente operada del corazón y aún convaleciente, y una tía carnal disminuida.
María Luisa, la madre de Lino, lleva toda su vida cuidando de Francisca, una hermana mayor que sufre una discapacidad casi absoluta. La edad de ambas hizo que los hijos de María Luisa se plantearan solicitar las ayudas de la Ley de Dependencia. No pedían subvenciones económicas, sino que Francisca, de 76 años, a la que hay que vestir, asear y casi dar de comer, pudiera pasar parte de la jornada en un centro de día. Ello, unido al servicio de ayuda a domicilio, que conllevaría que alguien ayudara a arreglar a Francisca y echara una mano en casa permitiría que María Luisa disfrutara de unas horas de descanso ahora que ya había cumplido 74 años.
Ayuda concedida... y no pagada
El pasado mes de julio, la Administración les anunció que la solicitud había sido atendida y meses después recibieron la confirmación de que se le había concedido. La familia optó por utilizar sólo la inclusión de Francisca en un centro de día, porque María Luisa se encontraba bien y prefería ser ella la que la arreglara antes de que el autobús fuera cada día a recogerla. Todos menos dejar abandonada a su hermana, y mucho menos pensar en internarla en una residencia.
Sin embargo, las circunstancias cambiaron cuando a mediados de octubre se le presentó a María Luisa una dolencia cardíaca que obligó a intervenirla quirúrgicamente una semana después. La operación a la que se sometió era, según Lino, grave. Ello fue determinante para que Lino y sus hermanos decidieran, aún a sabiendas que a su madre le apenaría, ingresar a su tía Francisca en una residencia. La estancia en dicho centro les cuesta 1.400 euros al mes. Pensaron que ésa sería la solución mientras que María Luisa permaneciera en el hospital, ya que esperaban que cuando ésta recibiera el alta ya contarían con la ayuda domiciliaria que le permitiría a Francisca regresar con su hermana y a ella misma estar atendida por las mañanas cuando sus cuatro hijos están trabajando.
Nada de eso ocurrió. Lino se dirigió a la Junta para saber cuándo iba a poder disponer de las ayudas que ya tenía concedidas. Empezó entonces un largo periplo que le ha llevado de la Junta al Ayuntamiento y de éste de nuevo a la Administración autonómica para, de nuevo, llegar hasta la municipal.
Así pasó varios días, hablando con trabajadores y asistentes sociales hasta que esta misma semana, en la Junta le dijeron que, aunque su solicitud estaba aprobada, era el Ayuntamiento quien las tenía que poner en práctica. Ya en la UTE de Torreblanca le confirmaron las manifestaciones de la Junta y fueron más allá: María Luisa no podía tener la ayuda a domicilio que le permitiera tener a su hermana con ella y sobre todo que evitara que ella estuviera durante las mañanas sola porque no había dinero.
«Con las piernas colgando»
En ese momento, Lino asegura que se quedó «con las piernas colgando». Se sintió engañado y con el paso de las horas ese enfado se convirtió en rabia, porque «están todo el día prometiendo a bombo y platillo las ayudas que contempla la Ley de Dependencia y después resulta que para ponerlas en práctica no hay dinero».
El hijo de María Luisa dice que la residencia de su tía Francisca la están pagando entre los hermanos, pero que todos ellos son trabajadores y no podrán seguir haciendo frente a su coste durante mucho tiempo más. Lo que más le duele es que la Administración les haya engañado.
La Junta y el Ayuntamiento han concedido a una familia de Sevilla las ayudas previstas en la ley de Dependencia, pero alegan que no se las pueden hacer efectivas por falta de presupuesto

Resultó ser peor el remedio que la enfermedad

El copago de la dependencia puede ser peor que las leyes anteriores

Vicepresidencia debe regular en Galicia el acuerdo nacional y es libre para mejorar las condiciones

La normativa estatal puede suponer que una residencia cueste hasta el 90% de la pensión, frente al 75% actual

Sara Carreira 2/1/2009
Los trabajadores sociales de Galicia se encuentran actualmente en una situación compleja cuando atienden las solicitudes de los ciudadanos en relación con la ley de dependencia. El pasado mes de noviembre, las comunidades autónomas y el Estado acordaron un porcentaje de copago (participación de los ciudadanos) de los diferentes servicios que incluye la ley -asistencia en el hogar o una plaza de una residencia o centro de día, por ejemplo-. El problema es que el acuerdo es tan de mínimos que en muchos casos se perjudica al beneficiario en relación con las leyes anteriores a la dependencia.
La Xunta puede regular una normativa propia a partir de la estatal y mejorar la situación de los ciudadanos, pero también puede dejar la situación tal y como está. Hasta el momento no hay ningún avance de cuál será el camino a seguir.
Los asistentes sociales, por tanto, están en una encrucijada y no saben qué aconsejar a la gente. Una de las situaciones más comunes es la de una persona mayor que solicita plaza en una residencia (pública o concertada) ha de pagar el 75% de su pensión; con la normativa de copago, deberá abonar entre el 70 y el 90% de su sueldo. La clave está en que hasta ahora no se tenía en cuenta el patrimonio de la persona y con la ley de dependencia sí se computará la vivienda habitual, si es que la va a dejar libre para marcharse a un centro especializado.
Lo especialmente complicado en este caso es que la ley de dependencia nació como un derecho universal, similar a la educación o a la sanidad, donde a cualquier español se le reconoce que debe recibir la misma atención al margen de su pensión, sueldo o herencia.

Fuente: La Voz de Galicia

A estos no hay quien los pare

La entidad del cura Moure, condenado por apropiación indebida, abrirá 5 geriátricos

CRISTINA HUETE - Ourense - 30/12/2008

"Nos afecta la crisis como a todos, pero menos", reconocía ayer el sacerdote orensano Benigno Moure, presidente de la Fundación San Rosendo. El religioso fue condenado el pasado abril por la Audiencia Provincial a cinco años de cárcel y a la inhabilitación durante tres para dirigir instituciones asistenciales por haberse apropiado de 600.000 euros de una anciana residente en uno de sus geriátricos. Moure ha recurrido la sentencia y mientras tanto continúa al frente de la fundación, que ha presentado para 2009 unos presupuestos "algo superiores a los de 2008", de 42,7 millones de euros. Unas cuentas que, en sus palabras, servirán para "luchar contra la crisis".

En su análisis sobre las dificultades económicas actuales, el sacerdote explicó ayer que la crisis se aprecia en la fundación porque "nos llevan a los ancianos muy deteriorados y se mueren enseguida". Pero la entidad incrementa su presupuesto aún a expensas de que "no hay nada claro sobre la Ley de Dependencia famosa" que, según sostiene Benigno Moure, debería beneficiar a 3.000 de los 3.350 residentes de sus centros.

Los cerca de 43 millones de presupuesto para 2009 le permitirán gestionar la red de la fundación y construir residencias nuevas. El religioso aseguró que "el 90% de los servicios y el 100% de la construcción" de nuevas infraestructuras estará en manos de empresas orensanas.

La Fundación San Rosendo, entidad sin ánimo de lucro que posee cuatro hoteles y tres balnearios, gestiona en este momento 54 centros sociales en Galicia. Con las cuentas presentadas ayer, la fundación iniciará en el primer trimestre de 2009 la creación de nuevas residencias en Forcarei (Pontevedra) y Baralla (Lugo), para las que ya tiene permisos. El 19 de enero inaugurará una nueva residencia en la playa de Patos, en Nigrán (Pontevedra).

A Ourense también llegará la expansión con la residencia de Mourillós (Celanova) y el Gran Balneario para la dependencia en Laias, ambos pendientes de un permiso de Patrimonio.

Fuente: El País.com

¡Vergüenza pública y Vergüenza ajena!

El caso de Alicia Gil interesa a los medios, pero no a la Xunta

Vicepresidencia no se puso en contacto con la mujer, que cuida a tres dependientes
Sara Carreira 14/12/2008

Televisión de Galicia, Antena 3, Telecinco y La Primera llamaron a la pontevedresa Alicia Gil la semana pasada para interesarse por su caso, el de una mujer que cuida a tres grandes dependientes -sus padres, terminales, y su hijo, con atrofia muscular espinal-, pero que solo recibe ayuda de la Xunta por uno de ellos. En cambio, desde Vicepresidencia nadie se puso en contacto con Alicia para saber de su situación o explicarle el porqué del atraso de dos expedientes que llevan año y medio en el limbo de la burocracia. Ahora, ella cree que hasta febrero no sabrá nada de la Xunta.
El caso de Alicia Gil se dio a conocer en La Voz el pasado martes, donde ella denunció la lentitud de la Administración a la hora de aplicar la ley de dependencia. Había presentado las solicitudes de sus padres y su hijo a la vez, en mayo del 2007 -los expedientes tienen los números 35, 36 y 54, lo que demuestra que fueron de los primeros en cursarse, al menos en la provincia de Pontevedra-. Este verano recibió la aportación como cuidadora informal de su hijo, pero de la que le corresponde por sus padres no hay noticias. El motivo que escuchó en la oficina de Vicepresidencia, y no de forma oficial, es que en la Xunta no se acababan de creer que ella sola pudiese cuidar a tres grandes dependientes.
Alicia Gil se sintió estafada y humillada, y por eso contó su caso a la prensa. Inmediatamente, la dureza de su situación recibió toda la atención mediática del momento y durante dos días Alicia se dedicó a atender a los medios de comunicación: «Apenas ha comido», contaba el viernes su hijo mayor, y ella misma reconocía que había visto «más televisión que en muchos meses».
Primero acudió a su casa Antena 3 TV, antes incluso de que a ella le hubiese dado tiempo a leer el periódico y ver qué había salido. Aunque reacia a mostrar a sus padres -«porque no quiero circos»-, Alicia atendió a los periodistas para denunciar su caso «y al menos sacarle los colores a la Xunta». Poco tiempo después recibía la visita de una unidad móvil de TVG: «No quería que grabasen nada, pero ellos me dijeron que era un agravio comparativo que atendiese a una cadena estatal y no a la gallega; y tenían razón».

En dos cadenas

La cadena de Planeta emitió su historia el mismo martes por la tarde, con tertulia incluida. Al acabar el programa, Alicia apenas tuvo tiempo de valorar lo que había visto porque en el informativo de TVG también salió: «Vi los titulares, pero me fui a hacer mis cosas, que llevaba toda la tarde sin hacer nada y se me acumuló todo el trabajo, y por eso no pude ver después cómo quedó el reportaje».
El programa de Ana Rosa Quintana también llamó a su puerta y Alicia, a esas alturas, ya no podía decir que no. Los periodistas hablaron con ella y la grabaron en casa, pero las imágenes nunca salieron: «Me alegro, la verdad, porque yo prefiero que no salgan. No me gusta eso de exhibir a mis padres».
Y finalmente, TVE. De nuevo, un pequeño disgusto para Alicia: «Vinieron aquí, los atendí y grabaron, muy amables y atentos, no fueron nada morbosos, qué va». En España Directo anunciaron su caso al principio del espacio, pero no llegó a emitirse. Ella estuvo esperando toda la tarde y le sorprendió tanto que llamó al periodista. Acabó hablando con Silvia Carrasco, subdirectora del programa: «Me dijo que, como emitían en horario infantil, no quisieron pasar las imágenes porque le parecían muy duras». Alicia no daba crédito. «¿Duras? Pues es la vejez», le dijo, para añadir: «Lo que me dice usted es que, en cuanto el abuelo empiece con el tembleque, lo mejor es llevarlo a la residencia, esconderlo para que el niño no se traumatice... ¿pero qué clase de juventud están educando ustedes?». Carrasco le dijo que tal vez podían grabar imágenes de Alicia en su día a día, pero ella se negó. «Mi nieta de siete años, a la que yo quiero como cualquier abuela de Madrid, viene aquí y ve a sus bis [ella los llama así] y no tiene traumas. Incluso una vez le dio de comer a mi padre para que yo tuviese tiempo para prepararle después churros a ella».
Tras semejante semana, Alicia Gil llega a sus propias conclusiones: «Ni pedí a la Xunta una ley ni a TVE que viniese a mi casa, y las dos me hicieron sentir como si me hiciesen un favor».

Fuente: La voz de Galicia

Continua la escalada de protestas

Vecinos de L'Alcoià y El Comtat se manifestarán para reclamar las ayudas de la Ley de Dependencia

BEA NAVARRETE ALCOY

De las 1.588 solicitudes tramitadas en la comarca sólo se han dado 9 subvenciones

La plataforma en defensa de las personas en dependencia ha convocado una manifestación para el próximo 13 de diciembre a las 12 horas en las plazas de los ayuntamientos de Alcoy, Cocentaina y Muro, coincidiendo con el segundo aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia, para denunciar y reivindicar el cumplimiento de la misma. De las 1.558 solicitudes tramitadas en la comarca, tan sólo han sido otorgadas nueve ayudas.

Concretamente, según los datos recogidos por el observatorio de la plataforma y suministrados por los servicios sociales de los pueblos de la zona a 1 de noviembre, en la mancomunidad de Mariola se han tramitado un total de 359 solicitudes, se han dado 49 bajas por defunción, 59 resoluciones de grado I nivel, 24 propuestas de Programa Individual de Atención (PIA), dos resoluciones PIA y ninguna ayuda otorgada. En el caso de la mancomunidad de El Comtat son 299 las solicitudes tramitadas, 13 las bajas por defunción, 30 propuestas PIA, una resolución PIA y ninguna ayuda concedida.

Por su parte, Alcoy a fecha 1 de octubre llevaba 900 solicitudes tramitadas, 646 valoraciones realizadas, 33 propuestas PIA y 12 resoluciones de este programa, y tan sólo nueve ayudas otorgadas, lo que representa un 1 por ciento.

Ante esta situación, y a parte de todas las movilizaciones que hay programadas, la plataforma también ha solicitado la implicación institucional de las corporaciones municipales.

En este sentido, el Ayuntamiento de Cocentaina aprobó el pasado jueves por unanimidad una moción en este sentido; en Muro se ha presentado la moción para su debate y aprobación en sesión plenaria a celebrar el próximo 4 de diciembre; y en Alcoy todavía está pendiente su presentación.

Por último, el colectivo ha solicitado la creación de un turno de oficio específico para reclamaciones relacionadas con la Ley de Dependencia en el Colegio de Abogados de Alcoy, con el fin de que asesore jurídicamente a las personas afectadas y además, atienda tanto las reclamaciones previas que se presentan ante la Conselleria de Bienestar Social antes de iniciar un proceso contencioso-administrativo como, si de da el caso, la posible demanda judicial.

La plataforma ha sido citada para la próxima semana para tratar este asunto.

Sentencia sobre Grado y Nivel de Dependencia

Juzgado da mayor grado dependencia a tetrapléjica contra criterio Generalitat

El Juzgado de lo Social número 24 de Barcelona ha estimado parcialmente la demanda de una mujer tetrapléjica a la que otorga un nivel más elevado de dependencia que el estimado por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales de la Generalitat.

Según la sentencia, Mercedes P.R. tiene derecho a un grado de dependencia I nivel 2, al padecer una tetraplejia y un síndrome medular transverso incompleto por debajo del quinto segmento neurológico cervical causado por un accidente de tráfico, que le ocasiona un trastorno a la hora de caminar.

Por el contrario, el ICASS le denegó en un principio el reconocimiento de la situación de dependencia al no alcanzar la puntuación mínima exigida legalmente, si bien posteriormente y tras una primera reclamación de la mujer, se le reconoció el grado de dependencia I nivel 1.

Este grado establece una dependencia moderada del discapacitado, que necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

El grado I nivel 2 reconocido ahora por el tribunal barcelonés especifica que la dependencia es severa y que necesita ayuda para realizar varias actividades básicas dos o tres veces al día, si bien no requiere el apoyo permanente de un cuidador.

La sentencia reconoce que la mujer necesita dos bastones para caminar por su domicilio y una silla de ruedas para los desplazamientos, por lo que 'es evidente que presenta una limitación objetiva para acceder al exterior de su domicilio, aunque pueda no tratarse de una imposibilidad absoluta'.

También reconoce que la 'espasticidad en las manos' (agarrotamiento muscular) que padece la demandante no le impiden realizar algunas de sus funciones de autocuidado, pero le pueden ocasionar 'amplias dificultades para otras, como son las que requieran un mayor detallismo, tales como abrochar botones, ponerse zapatos y calcetines y otras que requieran una buena movilidad de manos y dedos'.

Mercedes P.R. tenía reconocida la prestación de gran invalidez desde el año 1980 y el propio Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales le reconoció el año 2000 un grado de discapacidad del 85%, con necesidad de asistencia de una tercera persona.

Terra actualidad- EFE

¡Váyase Sr Cotino!

El Colegio de Abogados abrirá un turno de oficio para asuntos de dependencia

Los afectados consideran "inconcebible" que todavía queden personas dependientes que esperan su valoración desde el pasado año

ÁFRICA PRADO El Colegio de Abogados de Alicante abrirá a partir de enero un turno de oficio específico para reclamaciones relacionadas con la Ley de Dependencia, según manifestó ayer en el Club INFORMACION su presidente, Mariano Caballero, en el debate-coloquio celebrado el lunes sobre la aplicación de esta norma en la Comunidad Valenciana por parte de la Generalitat, que fue duramente criticada por afectados, trabajadores sociales y miembros de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, que organizó el acto.
La coordinadora del turno de oficio del Colegio de Abogados de Alicante, Lydia García, explicó que el 15 de diciembre se iniciará un curso de formación sobre la Ley de Dependencia para los abogados interesados en atender este asunto y a principios de año se podrá empezar a ofrecer un servicio de asesoramiento jurídico y de atención a las reclamaciones previas que se presentan ante la Conselleria de Bienestar Social, antes de iniciar un proceso contencioso-administrativo. El servicio, que se prestará uno o dos días a la semana en la oficina que el colegio tiene en el Palacio de Justicia de Benalúa, será gratuito para aquellos dependientes que no dispongan de recursos económicos suficientes.
La creación de un turno de oficio para las reclamaciones de dependientes -como ya lo hay para menores, extranjería o violencia de género- fue solicitada por la Plataforma al Colegio de Abogados, dada la complejidad de aplicación de la nueva norma, y que el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados negocia en la actualidad con la Conselleria de Justicia para su financiación. Independientemente de que con posterioridad Justicia subvencione dicho programa, el colegio de Alicante lo financiará con fondos propios inicialmente, a través de los abogados que voluntariamente quieran impartir dicho servicio en la fase previa a la demanda judicial, ya que el contencioso-administrativo ya tiene un turno específico. No obstante, se prevé que los abogados que ofrezcan el asesoramiento previo se encarguen también de los recursos contenciosos sobre estos temas.
Durante el acto también expusieron sus casos personales la madre de un niño con parálisis cerebral, Elvira Antón, y Emilio Guillén Romo, afectado por una enfermedad neuromuscular. El portavoz de la Plataforma, Miguel Martorell, consideró "inconcebible" que casi dos años después de aprobarse la ley, "aún haya grandes dependientes pendientes de su valoración desde 2007, eso no tiene excusas". La Plataforma continuará con sus movilizaciones -el próximo 13 de diciembre habrá concentraciones comarcales en el segundo aniversario de aprobación de la ley- y ya son ocho las plataformas creadas o a punto de crearse en diversos puntos de la provincia para aunar esfuerzos y reclamar la aplicación de la ley en la Comunidad, que consideraron una de las más retrasadas del país. Martorell repasó las actuaciones realizadas en Alicante desde su creación a principios de año, como manifestaciones, recogida de firmas y la presentación de quejas al Síndic -más de 1.500 ya- y Llanos Rodríguez, miembro de la Plataforma, desgranó la ley ante la desinformación que aún existe.

El "maltrato" de Bienestar Social

Usar la vía judicial ante la pasividad del Consell para resolver la situación de los dependientes fue una medida propuesta por la trabajadora social del Ayuntamiento de Novelda Virgina Tovar, que consideró que Bienestar Social "maltrata" a los dependientes con el proceso administrativo y exigió la dimisión del conseller Juan Cotino "por su incompetencia" tras indicar que "en mis años de trabajo no he visto un atropello igual". Tovar expuso numerosos ejemplos de la descoordinación y el caos con el que a diario se enfrentan los trabajadores sociales y los afectados al tramitar su solicitud a Bienestar Social. "No es sólo un problema de retraso: hay gente intubada a la que no la valoran como gran dependiente, grandes dependientes aún no valorados, otros valorados hasta cinco veces y otros a los que van a valorar ya fallecidos; documentación que mandas dos y tres veces o la ausencia real de un catálogo de prestaciones". En Novelda, de 400 solicitantes, ninguno recibe prestación; en Mutxamel han fallecido 44 de los 654 solicitantes y tampoco hay ayudas concedidas.

Fuente: Información.es