Para mis amigas y amigos.

Con este video quiero dar las gracias a mis amigos y amigas por su apoyo, paciencia y comprensión y decirles que pueden contar conmigo como yo lo hago con ellos.

¡¡¡Gracias, sois geniales!!!



La diversidad permite se conocedores de todo, la unidad ayuda a encauzar los esfuerzos con un propósito, pero entre lo estas fuerzas hay frágil balanza.

Luís Gabriel Carrillo Navas

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domingo, 9 de septiembre de 2012

Polio contra el olvido.

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Polio contra el olvido, es el titulo de un reportaje emitido el día 8 de septiembre de 2012 por el equipo de Enrique Barrera y Vicenç Sanclemente, en el programa Informe Semanal, en el que tuve la suerte de participar junto con Carmen Urbano, Ana Liébanas, Juan Antonio Rodríguez, Bernat Millet y  Josep Gámez. Vaya de antemano mi agradecimiento personal a todos ellos por la oportunidad que me han dado, por su particular lucha contra el olvido de la polio como algo que no debería repetirse bajo ninguna nomenclatura  y por la  riqueza humana que me han aportado

Más de 40.000 personas, niños en su día, fuimos víctimas directas de una epidemia de poliomielitis que acabaría cambiando el esperado y natural curso de nuestras vidas, convirtiéndonos en uno de los principales referentes de un modelo médico rehabilitador, lejano, muy lejano del actual modelo social, basado en los derechos humanos de todas las personas con diversidad funcional (discapacidad), que sin que aun se haya desarrollado, se promulga en nuestros días.

Los responsables políticos, religiosos e institucionales de aquella época bajo la dictadura de Franco, nos convirtieron en los únicos responsables de nuestro triunfo o de nuestro fracaso social en la medida en que fuimos capaces de enfrentarnos al reto de vivir las secuelas de su negligencia, evidentemente, nunca reconocida y por la que jamás nadie nos pedirá perdón, como en el reportaje, nos recuerda Ana Liébanas.

No era para entonces una cuestión ni de derechos humanos, ni de igualdad de oportunidades, sino más bien todo lo contrario; se trató de una cuestión de caridad y de superación o culpabilidad en la medida en que cada cual era debido a sus diferentes circunstancias y resultados etiquetado.

Con la aparición de la mal llamada democracia en que vivimos se nos abrió un camino a la esperanza desde la propia representatividad de nuestros colectivos, que no fue más que eso, esperanza, teñida una vez más, en manos de una representatividad falaz y políticamente interesada, que sigue haciendo inabarcable la plena aplicación de la igualdad de oportunidades que nuestra convención de derechos humanos nos tiene reconocidos.

Un síndrome Postpolio es la segunda parte dramática de esta ignorada película, que ahora devora nuestros cuerpos, envejeciéndolos de un modo prematuro y que no quiere ser reconocido por las autoridades sanitarias. Es lo que muchos de nosotros ya estamos padeciendo o se nos viene encima y que marca la escasa o nula diferencia entre aquellos Estados Franquistas y los actuales Estados democráticos sobrevenidos tras la transición en manos del Partido Socialista y del Partido Popular, que miran de igual modo para otro lado, dejando únicamente en nuestras manos lo que habría de ser su responsabilidad política directa, la misma que ya se han encargado de disfrazar en manos de sus dóciles, a la par que ingenuos, interlocutores válidos (aquellos que siempre dicen y hacen lo política y partidistamente correcto, aunque esto colisiones con lo personal y lo humano)

Y esta vez, como otros muchos colectivos, seremos víctimas del desmantelamiento del Estado del Bienestar, que ni siquiera pudimos conocer plenamente desarrollado y que a través de recortes sanitarios o derogaciones encubiertas de una mal parida ley de dependencia muchos de nosotros como ciudadanos que entroncamos con los principios soberanos de representatividad  de movimientos y plataformas como el 15 M  ya estamos vislumbrando.

Os dejo con el reportaje que podréis ver a través de este enlace

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-polio-contra-olvido/1523426/

Mª Ángeles Sierra.

lunes, 26 de julio de 2010

¿Será cierto esto? Porque lo de Olivenza, huele a observatorio muerto.

 

Luz verde al anteproyecto que transpone la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad

Amplía un 2% el cupo de empleo reservado y modifica el régimen sancionador para perseguir la discriminación

   MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contempla la modificación de un total de diez leyes para implantar, entre otras medidas, una revisión del acceso al empleo público ampliando al siete por ciento el cupo de reserva.

   Así lo ha explicado la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha destacado en rueda de prensa que el anteproyecto introduce además una "nueva definición del concepto de personas con discapacidad y favorece que puedan presentar por sí mismas su consentimiento en los procesos sanitarios".

   En concreto, en materia laboral, se recoge el citado aumento del cupo de reserva, que pasa del cinco al siete por ciento, con la previsión de que el dos por ciento de empleos reservados sean ocupados por personas con discapacidad intelectual. Además, se ordena al Gobierno que en un año promueva medidas para garantizar que esta reserva se produce "en las empresas de más de 50 trabajadores".

   El antreproyecto modifica también el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad a fin de que si una administración de servicios sociales comete una infracción muy grave, pueda conllevar la "inhabilitación definitiva" de estas actividades.

   Además, en los procesos judiciales en los que se deduzca que ha habido discriminación por razón de discapacidad, se invertirá la carga de la prueba; es decir, corresponderá a la parte demandada probar que no ha habido discriminación, como ocurre con los casos de género.

   En materia de sanidad, la información que reciban los pacientes deberá ser "accesible y adaptada a sus diversas capacidades" igual que la prestación de consentimiento de los pacientes con discapacidad para someterse a pruebas e intervenciones.

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL TRANSPORTE Y LOS SEGUROS

   Por otra parte, la norma contempla que "todos los proyectos de infraestructuras de interés general de transporte", como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos promovidos por la Administración General del Estado "incorporarán una memoria de accesibilidad que analice las exigencias y determine las soluciones técnicas necesarias para garantizar la accesibilidad universal y no discriminación".

   En este sentido, se prohíbe la discriminación por discapacidad en la contratación de todo tipo de bienes y servicios, con particular énfasis en la contratación de seguros para que no se pueda denegar este servicio o imponer condiciones más gravosas que al resto de la población.

   En materia de protección civil, se regulan protocolos de actuación específicos para garantizar la asistencia a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

   Asimismo, se reconoce legalmente el Observatorio Estatal de la Discapacidad como instrumento técnico de la Administración General del Estado. Este Observatorio, situado en Olivenza (Badajoz), se encarga de la recopilación de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. Con carácter anual, confeccionará un informe sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, que se elevará al Consejo Nacional de la Discapacidad, para su conocimiento y debate.

   Este anteproyecto es fruto del trabajo de un grupo interministerial cuyo informe fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de marzo. En total, modifica diez leyes aunque se completará en los próximos meses con la modificación de otras normas, conforme ha avanzado el Gobierno.

Fuente: EP Social

miércoles, 9 de junio de 2010

Cualquier parecido con la realidad no es más que producto de una buena y costosísima además de ineficaz publicitación.

 

España propone a la UE ratificar la Convención de la ONU de discapacidad

Servimedia (08/06/2010)


La presidencia española acaba de presentar una resolución al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Unión Europea, relativa al nuevo marco europeo de discapacidad, en la que invita a la Comisión Europea a apoyar la implementación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e incitar a que los Estados Miembros y las Instituciones Europeas la apliquen cuanto antes.


Dicha resolución subraya que la cohesión social en Europa se debe basar en el principio de "nada sobre las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad" y en que el acceso al empleo, bienes, servicios, educación y vida pública y social son un prerrequisito para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.


Así, la propuesta de resolución indica que el Consejo invita a la Comisión Europea a apoyar la implementación de la Convención. También propone preparar una nueva Estrategia Europea de Discapacidad que se integre en el marco de la Estrategia Europea 2020, los Tratados Europeos y la Convención de Naciones Unidas, así como promover y mejorar la accesiblidad, gracias al establecimiento de un premio europeo anual para las ciudades accesibles.


Asimismo, plantea reforzar los mecanismos de colaboración y participación por parte de las personas con discapacidad, sus familias y los organismos o asociaciones que las representan.


Además, la resolución también invita a las instituciones Europeas, entre otras cosas, a garantizar el principio de igualdad de trato e igualdad de oportunidades, por ejemplo, incrementando el número de trabajadores con discapacidad en las instituciones; al mismo tiempo que hace un llamamiento a las futuras presidencias de la UE para que continúen manteniendo regularente las reuniones informales de ministros en materia de discapacidad.

Más información

miércoles, 31 de marzo de 2010

Poder no es deber y seguimos a la espera de que otros decidan si somos plenos perceptores del derecho de decidir por nosotros mismos.

España modificará leyes para adaptar la Convención de la ONU de Discapacidad

Foto de la Noticia

Foto: BALONCESTO PARA TODOS

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) - 
  

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un informe en el que se detalla que el Gobierno tendrá que realizar "ajustes normativos" en ámbitos que van desde la sanidad hasta la legislación civil, mercantil, penal o de integración laboral para que España pueda adaptarse a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor desde mayo de 2008.

   Según informó en rueda de prensa la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el informe, elaborado por un grupo interministerial presidido por la cartera de Sanidad y Política Social, plantea "una serie de ajustes normativos en diversos campos que inciden directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos".

   Para Fernández de la Vega, la traslación al ordenamiento jurídico español de la Convención de la ONU sobre discapacidad, supone que en España la atención a las personas en esta situación no se aborde como  "una preocupación de bienestar social, sino como una cuestión básica de derechos humanos".

   El informe detalla que si bien "la legislación española es una de las más avanzadas en el mundo en reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad", aún "hay que realizar modificaciones normativas en diferentes materias para adaptarla a las directrices de la Convención".

DECIDIR "POR SÍ MISMOS"

   Entre las medidas propuestas, la vicepresidenta destacó la modificación legal que habrá que emprender para que las personas con discapacidad puedan decidir "por sí mismas" en procesos sanitarios como transplantes o ensayos clínicos o aquella que promoverá la igualdad de trato tanto en el matrimonio como en la paternidad.

   Además, se establecerá una "nueva definición del concepto de persona con discapacidad que supere la contenida en la Ley de Igualdad de Oportunidades" y se incluirá la discapacidad "como causa de no discriminación en su relación con las administraciones públicas sanitarias". En este sentido, se propone eliminar de las normas "los términos peyorativos como 'incapaz' o 'minusválido' y sustituirlos por 'persona con discapacidad'".

   En las áreas de legislación civil, mercantil y penal, las reformas afectarán a "cuestiones de Derecho Civil y de Derecho Procesal, para garantizar la igualdad en el reconocimiento como personas ante la ley, en el acceso a la justicia y el respeto del hogar y la familia y la igualdad de trato en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia y la paternidad", explica la referencia del Consejo.

   Respecto a la integración laboral, se prevé la revisión de la normativa sobre el acceso al empleo público, aumentando el cupo de reserva para las personas con discapacidad al siete por ciento; y sobre la contratación en el sector privado, para asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva.

   El informe también recomienda realizar un estudio más exhaustivo en ámbitos como la educación, la accesibilidad o la propiedad horizontal, "debido a la complejidad de estos temas", conforme informó el Consejo de Ministros.

lunes, 8 de febrero de 2010

Los que dicen que nos representan parece que ya se mueven

Propondrán ajustes jurídicos

20 expertos velarán por el respeto a los derechos de los discapacitados

ESte lunes se ha constituido en Madrid el Comité de Apoyo del CERMI para el seguimiento en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Compuesto por 20 expertos cualificados en materia de derechos humanos, de diversas instancias tanto públicas como de la sociedad civil, el Comité es un órgano de soporte a la labor del CERMI de supervisar la aplicación de la Convención de la Discapacidad en España.

Con la creación de este Comité, el CERMI quiere contar con el parecer, las propuestas y las recomendaciones de todas aquellas instituciones y personas comprometidas con los derechos humanos, para desplegar en las mejores condiciones su función de órgano de la sociedad civil encargado de supervisar la aplicación de la Convención en nuestro país.

En la reunión de hoy, se han adoptado los objetivos y el plan de trabajo para el año en curso, que se centrarán en gran medida en la elaboración del Informe sobre Derechos Humanos y Discapacidad 2009, y en el estudio de propuestas para el ajuste del ordenamiento jurídico español a los principios, valores y mandatos de la Convención.

El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.

viernes, 15 de enero de 2010

Con motivo de la inclusión, una de indios y otra de vaqueros.

Con motivo de la campaña emprendida por padres y madres de niños con diversidad funcional para que el pacto educativo contemple la inclusión de sus hijos, envié un modelo de demanda a la presidencia del gobierno de lo que ya dimos cuenta e información en anteriores entradas, habiendo recibido con fecha de hoy la respuesta que podréis visualizar clicando en el interior del casillero y ante la que emití el envio que sigue a continuación, en aclaración o contraposición a dicha respuesta.

De: Ciudadan@s [mailto:no-reply@presidencia.gob.es]
Enviado el: viernes, 15 de enero de 2010 12:24
Para: msierrahoyos@derechoshumanosya.org
Asunto: Presidencia del Gobierno

GABINETE DE LA PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

Sr/a.

Se adjunta contestación relativa al escrito remitido por usted.

Atte.
Presidencia del Gobierno

De: Mª Ángeles Sierra Hoyos [mailto:msierrahoyos@derechoshumanosya.org]
Enviado el: viernes, 15 de enero de 2010 19:07
Para: 'Ciudadan@s'
Asunto: RE: Presidencia del Gobierno

Estimado Sr

Agradezco su atenta de hoy, en la que sin duda me manifiesta todo el cúmulo de voluntades legislativas y políticas existentes en nuestro país respecto a las personas con diversidad funcional (discapacidad) y más específicamente en el sistema  educativo, pero no así, -he de manifestarle-, concordante con la realidad administrativa que impera a la hora de su aplicación y que en la práctica del día a día, las contraviene y derrumba.

Razón ésta  que conlleva a que ante el abandono administrativo y la falta o escasez de recursos  para proporcionar esa igualdad de oportunidades que nuestras leyes garantizan,  un cada vez más numeroso grupo de ciudadanos con diversidad funcional y sus familiares, nos veamos día a día teniendo que alzar la voz para reclamar el espacio social que nos pertenece y del que en la práctica se nos discrimina.

Si bien es cierto que España ha sido uno de los primeros países en ratificar la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad, de lo cual muchos nos felicitamos, como medida de arranque y sobre todo de garantía a la hora de ejercer la exigibilidad que la misma Convención nos otorga en pro de nuestro derecho de igualdad e independencia, no lo es menos que este derecho y de una forma mayoritaria, aun hemos de conquistarle a fuerza de demandas, denuncias y batallas públicas porque la práctica social y administrativa diaria nos le viene a arrebatar.

En un Estado de Derecho, moderno y desarrollado como el nuestro estas situaciones que se producen por miles y a diario provocando el dolor, el sufrimiento y la merma del desarrollo humano de muchas personas y sus familias,  no deberían en modo alguno de producirse, por lo que entiendo que compete en primera instancia al Gobierno de la Nación hacer saber y valer a todas las administraciones y departamentos públicos  que de él penden que son este tipo de situaciones por negación de los apoyos legislativos llevados a la práctica,  -como la que hoy demandan por la inclusión real en las escuelas los padres y la madres-, las que de inmediato y por mera cuestión de derechos humanos,  deben erradicarse.

A la espera y en la confianza de su plena acción al respecto para que así sea, le saluda atentamente

Mª Ángeles Sierra.

9280740X

Activista Social por los Derechos Humanos.

P.D. Participo el envío de  este correo al Foro de Vida Independiente del que soy miembro para  su posterior publicación como medida de apoyo en los diferentes medios de comunicación de que sus miembros disponen y como medida de apoyo al artículo 8 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad relativo  a la toma de conciencia.

miércoles, 13 de enero de 2010

Piden al Gobierno que cuente con los discapacitados en el Pacto Educativo

 


H.H. > A CORUÑA

“Por un pacto educativo para todos” es el nombre del colectivo de madres gallegas que ha creado un blog para exigir al Gobierno que tenga en cuenta a los niños discapacitados en el Pacto de Estado Educativo que está configurando el Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, junto con el resto de formaciones políticas. Destacan en este grupo la coruñesa, Ester Cuadrado, y la pontevedresa, Cuca Da Silva, ambas creadoras del portal multimedia e impulsoras de los primeros contactos con el Congreso para que éste traslade su reivindicación a la comisión encargada de la redacción del borrador del convenio formativo.

El colectivo lo completan Inma Cardona, Eva Reduello y Marichu Moreno, todas ellas madres de niños que han sufrido problemas en el ámbito educativo por sufrir algún tipo de diversidad funcional.

El objetivo de las progenitoras es que en este pacto, que según sus promotores proporcionará equilibrio, estabilidad, cooperación y coherencia al sistema educativo, se establezcan las bases esenciales para que los menores con necesidades educativas especiales cuenten con un modelo que les ofrezca una asistencia en igualdad de oportunidades, tal y como especifican las leyes españolas.

Apoyos >

Hasta el momento, la web (http://pactoeducativoparatodos.blogspot.com/) ha logrado el apoyo de más de 1.500 personas y aseguran que esto es sólo el principio. Exigen que los centros educativos aseguren la accesibilidad en general para que el modelo educativo se pueda tildar de “inclusivo”. Las madres han remitido una serie de reivindicaciones a los diferentes grupos políticos que configuran el Congreso de los Diputados. Entre ellas destacan la adecuación de los entornos físicos, ayudantes técnicos educativos, que asuman el apoyo en las actividades básicas de la vida diaria, como ir al baño, asistencia en el comedor, desplazamiento y apoyo en la aplicación dentro del aula de los ejercicios programados para el alumno, así como en excursiones o cualquier otra actividad exterior.

Por otro lado, demandan la implantación de las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) en las clases teniendo en cuenta la accesibilidad de los niños con diversidad funcional. Aseguran que es necesaria la incorporación de profesionales cualificados para niños con necesidades específicas que necesiten atención personalizada, independientemente de que su diversidad sea física, sensorial o intelectual.

Por último, señalan que para lograr esta inclusión en el Pacto de Estado Educativo la administración central debe asegurar la formación para todo el profesorado en diversidad funcional.

Obligación >

En este contexto, el colectivo recuerda que España ratificó en 2008 la convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas, por lo que sostiene que las autoridades educativas están obligadas a respetar este tratado mundial, “poniendo al día su política educativa según la normativa de este convenio”, indica Esther Cuadrado.

El secretario de Ideas y Programas del PSOE y ex ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ya ha contestado a las reclamaciones de estas madres. Asegura que transmitirá a al Gobierno esta demanda lo antes posible.

Fuente: El Ideal Gallego

martes, 12 de enero de 2010

EL CERMI FORMARÁ A ESTUDIANTES DE LA CARLOS III EN DEFENSA JURÍDICA DE LA DISCAPACIDAD

 

                                        

12/01/2010 SERVIMEDIA

Estudiantes de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid recibirán formación práctica en el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en cuestiones de defensa jurídica de la discapacidad, según un acuerdo suscrito entre ambas entidades.

Los estudiantes, seleccionados por la universidad madrileña, realizarán un completo programa de prácticas en la Delegación del Cermi para la Convención de la ONU, con el fin de adquirir conocimientos y habilidades en relación con este tratado internacional protector de los derechos de las personas con discapacidad.

Con este acuerdo, el Cermi pretende contribuir a la formación de futuros profesionales jurídicos en materias relacionadas con la defensa jurídica de la discapacidad y, en concreto, con la aplicación en España de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los estudiantes en prácticas analizarán las quejas y reclamaciones por violación de derechos que se reciben en Cermi y plantearán vías de acción y soluciones a la luz de la Convención de la ONU. También colaborarán en la redacción de informes y propuestas que el Cermi elabore en desarrollo de su cometido como entidad privada responsable del seguimiento de la Convención en España.

viernes, 8 de enero de 2010

A algunos nos gustaría poder cantar su cumplimiento. Entre tanto y tanto, cada uno en su estilo: ¡Cantemos!

La Convención de la ONU ya tiene himno


    Fecha : 08/01/2010

El compositor Pablo Peláez ha sintetizado en una obra los ideales del texto de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una composición para orquesta, coro y solistas que lleva por título “Himno a la esperanza (Spes)”.


En la imagen, el compositor Pablo Peláez

El Auditorio Nacional de Madrid ha sido el escenario en el que se ha estrenado esta brillante composición, interpretada por la Orquesta Filarmonía y Coro Filarmónico dirigidos por Pascual Osa. Todos los derechos generados por esta obra serán destinados a acciones encaminadas a difundir la Convención, tal y como explica Ana Sastre, delegada del CERMI para el texto de Naciones Unidas.

"Al principio, se pensó en crear una Fundación que gestionase los derechos de la obra, pero finalmente hemos decidido que, por cuestiones de operatividad, rapidez y eficacia, que sea un contrato de cesión de derechos los que vincule la sinfonía con la Convención", explica Sastre. "De este modo, todo lo que genere económicamente servirá para impulsar nuevas acciones que difundan el texto", apostilla.

La obra está escrita en latín a parte de por la querencia del compositor a esta lengua, porque tiene vocación universal. "La obra nace con la intención de ser una instrumento de la Convención, de ahí que, a cuantas más personas llegue, mejor", cuenta Pablo Peláez.

"Hemos conseguido hacer un himno vitalista, entusista, capaz de abrir nuevas puertas y capaz también de contribuir a un cambio de mentalidad profundo y radical", concluye Peláez.

jueves, 7 de enero de 2010

¿Máscara o realidad? Solo el tiempo nos sacará de la incertidumbre de su hoy dudosa validez por la relación de dependencia con que arranca y el maridaje que presenta.

Un comité ciudadano realizará el seguimiento de la Convención de la ONU sobre discapacidad

El CERMI fue designado por el Ejecutivo español como órgano privado para la supervisión de la aplicación de este tratado internacional

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha creado un comité para asesorar a la plataforma de la discapacidad en sus funciones de órgano oficial de seguimiento de la aplicación en España de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En el citado comité tendrán cabida diversas instancias de la sociedad civil y personas expertas en derechos humanos y discapacidad, miembros de la judicatura, el ministerio fiscal, la universidad, las entidades genéricas de defensa de los derechos humanos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, etc. Además, estará abierto a la sociedad civil española, según destacó el CERMI, que recabará el apoyo y el asesoramiento de este Comité para desplegar y llevar a efecto su función de promover, seguir y supervisar la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España.

En septiembre, el CERMI fue designado por el Gobierno español como órgano privado para el seguimiento de este tratado internacional en nuestro país. Con la creación del Comité, el CERMI pretende reforzar esta labor para que todas las actividades que desarrolle cuenten con el parecer y las aportaciones de todos los sectores cívicos interesados por el respeto a los derechos humanos.

 

Fuente: Consumer Eroski

miércoles, 30 de septiembre de 2009

Vulneración de derechos = a derechos impracticables = a sistema inservible.

Un informe analiza los derechos humanos de las personas con discapacidad

El Cermi denuncia las vulneraciones

Persona con discapacidad

El Comité Ejecutivo del Cermi, ha aprobado el Informe de Derechos Humanos y Discapacidad 2008, elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para dar a conocer las vulneraciones que presenta este sector social con el fin de eliminarlas y restituir los derechos a estas personas, tal y como establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

JESSICA HERNÁNDEZ.El Informe, cuya autora es la delegada del Cermi para la Convención de la ONU, Ana Sastre, pone de manifiesto los déficits en materia de accesibilidad, recursos o educación, así como la existencia aún de prejuicios sociales que provocan la vulneración de muchos derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

Según el Informe, "muchos de los casos relatados se han solucionado, o están en vías de hacerlo, antes de emprender acciones administrativas o judiciales, lo que refleja que las discriminaciones son en muchas ocasiones fruto del desconocimiento y de los prejuicios sociales". Por este motivo, continúa siendo "imprescindible el impulso y desarrollo de campañas de sensibilización y programas educativos que lleguen a todos los estamentos de la sociedad".

El documento recoge algunas contradicciones normativas que vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Se hace alusión al Código Penal donde se contempla el supuesto de poder abortar si el feto tiene "graves taras físicas o psíquicas". El Informe argumenta al respecto que "implícitamente esta disposición normativa considera la vida de una persona con discapacidad como menos valiosa que la de un niño sin discapacidad al no protegerlos de la misma forma". En este sentido, el Cermi considera la legislación "claramente discriminatoria por no respetar el derecho a la vida y se exige una rectificación en la ley del aborto que se está elaborando".

El Informe también cuestiona los internamientos forzosos, en tanto que vulneran el derecho de libertad de la persona como recurso para el grupo de población con enfermedad mental. "En muchas ocasiones ni siquiera son escuchados y se les aplican procedimientos penales sin diagnosticar su enfermedad, provocándoles daños irreparables".

Asimismo, el documento destaca una de las contradicciones más relevantes que contempla el ordenamiento jurídico en relación a la Convención de la ONU, ya que permite la esterilización de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente sin su consentimiento.

El Cermi recuerda que la defensa del derecho a la familia es una de las prioridades que recoge la Convención, haciendo especial hincapié en el sistema de apoyos que debe habilitarse al efecto. La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece recursos importantes para desarrollar este derecho, pero ni permite al usuario elegir los apoyos que más se adecúen a su situación, ni extiende las ayudas del asistente personal a todas las personas con discapacidad, ni considera el ocio como una parte fundamental del desarrollo de la persona. Además, hay Comunidades Autónomas que han dejado fuera del sistema de ayudas a los niños con discapacidades severas menores de 16 años por considerarles responsabilidad de los padres.

La reformulación del concepto de discapacidad es otro de los temas aludidos. Al respecto dice que "se trata de un concepto flexible, que se debe actualizar y va encaminado a designar el resultado de que existan barreras que impiden el desarrollo de determinados derechos". La actualización de los servicios y herramientas administrativas también deben modificarse para adecuarse a las necesidades de un sector de la sociedad cada vez más integrado, según este documento. Del mismo modo, reclaman la incorporación sistemática del factor discapacidad o de módulos específicos en la Encuesta de Población Activa (EPA), la Encuesta de Hogares o la de Salud y otras similares.

Los ámbitos educativo, laboral o sanitario también se abordan en el Informe desde la perspectiva de la discapacidad por entenderlos clave para el desarrollo autónomo de este grupo de población. Asimismo, se habla de la participación de las personas con discapacidad en las políticas que les afectan.

Por este motivo, el Cermi ha denunciado que el Ministerio de Sanidad y Política Social les ha dejado al margen de dos órganos fundamentales: La Comisión de Seguimiento de la Valoración del grado de minusvalía, que interpreta y define los criterios oficiales de discapacidad y la Comisión Asesora de la Prestación Ortoprotésica, que pretende revisar y actualizar el catálogo disponible.

SUSPENSO EN ACCESIBILIDAD

Según el Informe, la accesibilidad constituye "uno de los grandes fracasos de la política española de atención a las personas con discapacidad". Solo durante 2008 el Cermi denunció a más de 50 establecimientos de uso público por incumplir las normas de accesibilidad o por ser muchos de ellos impracticables para este sector social. Entre las denuncias se encuentran más de 25 edificios pertenecientes a la Administración General del Estado.

Además, las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas han agravado, según este Informe, los problemas de accesibilidad, "ya que en muchas de ellas ni siquiera tienen actualizado el concepto de discapacidad o incluidos los criterios de diseño para todos".

Algunas de las acciones positivas que se proponen en el Informe son la adaptación de los prospectos de los medicamentos mediante la inclusión de los textos en una página Web, el diseño de autobuses acondicionados para personas con discapacidad física y la incorporación de la accesibilidad en las páginas de Internet.

El Cermi valora, sin embargo, algunas experiencias positivas que ya se están desarrollando para la accesibilidad a los recursos culturales y de ocio como visitas específicas para este sector social en el Centro de Arte Reina Sofía y la utilización de audioguías y signoguías en el Museo de Arte Romano de Mérida.

En cuanto al acceso a la justicia, el movimiento asociativo lamenta que, por ejemplo, el Reglamento del Notariado califique como incapaces a todas las personas con discapacidad, salvo cuando ésta sea física. También, existe una falta de previsión en el ejercicio de la función de jurado en los tribunales populares, escasez de recursos accesibles para personas con discapacidades sensoriales y multitud de barreras arquitctónicas en las dependencias judiciales.

Las fuentes de información utilizadas para realizar el Informe han sido consultas y denuncias recibidas en el propio Cermi, acciones emprendidas, etc. Además, el documento resume casos de discriminación flagrante, se recogen resoluciones judiciales y se proponen iniciativas que se deberían llevar a cabo para que se apliquen los mensajes de la Convención de la ONU.

viernes, 5 de junio de 2009

El cermi pide ser designado organismo privado de seguimiento de la convención de la onu sobre discapacidad en España

 

MADRID, 4 (SERVIMEDIA) El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) solicitó hoy al Gobierno ser designado organismo privado para el seguimiento en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El citado tratado internacional obliga a los estados parte, entre los que se encuentra España, a designar uno o varios organismos privados, independientes de la Administración, encargados de realizar un seguimiento de la aplicación de la convención en cada país.

Para dicho fin, el Cermi crearía un consejo amplio, que actúe como organismo de supervisión, en el que estarían representadas todas las instancias de la sociedad civil que trabajan en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Una vez recibiera la designación oficial por parte del Gobierno, dicho consejo operaría emitiendo informes anuales de seguimiento y planteando propuestas y recomendaciones como consecuencia de las investigaciones y quejas que reciba.

Junto a los posibles organismos privados de seguimiento, la convención prevé que exista también un órgano público, de carácter gubernamental, que en el caso de España ha correspondido al Consejo Nacional de la Discapacidad, creado por la Ley 51/2003.

(SERVIMEDIA) 04-JUN-2009 JHM/caa

jueves, 7 de mayo de 2009

Derechos para las personas con discapacidad

Logo ONU

Magdy Martínez Solimán, coordinador resi -


06/05/2009


Ayer celebramos un año, tras haberse recibido la vigésima ratificación de la Convención y la décima del Protocolo Facultativo, de la entrada en vigor del mejor instrumento normativo de que se haya dotado la comunidad internacional para adelantar la frontera de derechos y la esperanza de una vida con dignidad de las personas con discapacidad. En ese año hemos podido sumar 139 estados firmantes de la Convención, 82 signatarios del protocolo, 53 ratificaciones de aquélla, y 32 de éste, siendo Sudán el más reciente. Mucho debemos a la ciencia y a la sociedad civil.
Ahora sabemos que en la vulnerabilidad de nuestros conciudadanos que viven con discapacidad hay no sólo una condición diagnosticable sino sobre todo una negativa social a que aumenten sus capacidades, al vedárseles la educación, el trabajo, el ocio, el acceso a casi todo, la salud, los demás servicios públicos y una vida familiar digna de ese nombre.
También hemos aprendido cuánto tienen que ver las discapacidades con el desarrollo. Cuántas de ellas tienen su origen o su agravante en situaciones de escasez y necesidad, trabajos penosos, accidentes laborales en condiciones insalubres o peligrosas, o debidos a malas infraestructuras, violencia y conflictos, guerras y tortura. Hay en el mundo en torno a 650 millones de seres humanos que viven con discapacidad, un 10% de la población mundial, y en torno al mismo porcentaje cifra en México. Son la mayor minoría discriminada del planeta. Estas personas suelen proceder de un entorno pobre, a veces causante de la discapacidad, y su discapacidad les empobrece, en una espiral sin salida.
Como siempre, las personas con discapacidad y sin medios lo tienen casi imposible para superar las barreras y necesitan un apoyo más intenso. De nuestra acción depende su porvenir. Eso han venido a decir los 139 firmantes de la Convención: si antes se afirmaba que el grado de civilización de una sociedad se podía medir, a simple vista, por el trato que dispensaba a sus mayores, añadamos ahora a las personas que viven con discapacidad. Y desconfíe quien esto lea de los lugares en que 10% de la población se torna invisible: es porque está escondida, oculta a las miradas, atemorizada y segregada en guetos y reclusorios cuyas paredes son, a veces, los muros de la vergüenza ajena de sus familias.
Frente a ese pasado, tenemos por delante un futuro de derechos. Estamos construyendo un mundo con menos pobreza, en el que nacerán menos personas con discapacidad por falta de atención médica a sus madres, en el que se evitarán accidentes y violencia, en el que se atenderán situaciones de riesgo y atraso para evitar que se agraven y deriven en discapacidad. Estamos reduciendo la vulnerabilidad. También está promoviéndose el desarrollo humano de las personas que viven con alguna discapacidad, con avances médicos y tecnológicos pero sobre todo con solidaridad social, desterrando la discriminación. Nada duele más a un/a joven que vérsele negado el acceso a un lugar de ocio por causa de una discapacidad, no poder presentarse a una oferta de trabajo a causa de las barreras de la indiferencia, tener prohibidas relaciones normales para la gente de su edad porque los tabúes lo impiden. Nada integra más que la diversión, la cultura, un empleo o un noviazgo. Ellos y ellas también tienen derecho a eso.
No se trata sólo de construir miles de rampas en nuestras aceras. Las mayores empresas comerciales de los países ricos ya han descubierto -y bienvenidas sean- que los carritos eléctricos en los supermercados aumentan las ventas ya que sus productos devienen accesibles a un sector de consumidores antes excluidos. La accesibilidad del entorno físico es un primer paso. Es preciso efectuar un gran número de lo que la Convención llama "ajustes razonables", es decir, modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan cargas desproporcionadas, para garantizar a las personas con discapacidad el disfrute de sus derechos humanos y libertades. Es aún más importante pensar los productos, entornos y servicios con diseños universales, de manera que puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de ajustes.
Los estados, los particulares, las empresas, los centros de enseñanza, los municipios, la sociedad civil, todos y todas tenemos algo que aportar para hacer avanzar esta frontera de civilización. Lo primero es actuar, ya que no hacerlo equivale a discriminar. Lo segundo es, obviamente, no discriminar por acción. Estas letras forman parte de un esfuerzo de abogacía para que tomemos conciencia, que comparte Naciones Unidas, quien esto escribe y el diario que lo publica. No debería ser preciso recordarlo, pero hay situaciones de crueldad extrema que nos obligan a decir que las personas con discapacidad tienen derecho a la vida y a la libertad. Hemos de pensar en las situaciones específicas que viven las mujeres con discapacidad, y los niños y niñas con discapacidad, todas las personas con discapacidad cuando se dan situaciones de riesgo y de emergencia. La accesibilidad ha de superar el entorno y adentrarse al mercado de trabajo. Es importante vigilar que en ese y otros contextos no se produzca ni abuso, ni explotación, ni violencia.
El acceso a la justicia es fundamental para personas en riesgo permanente de que se les cercenen sus derechos. Deben tener derecho a moverse libremente dentro y fuera de su país y a vivir de forma independiente. Para estas personas son fundamentales los derechos a la salud y a la educación, pero también el de participación política, en la vida cultural y en el deporte. Para que se desarrollen con éxito políticas públicas integrales, son finalmente necesarios un nivel adecuado de recursos y una información precisa de la realidad y evolución de las distintas situaciones de discapacidad, datos y estadísticas, análisis e investigación.
Dentro de un año México y las demás naciones firmantes deberán presentar al secretario general de Naciones Unidas su primer informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención y sobre los progresos realizados. México fue uno de los países líderes en el Comité Especial que preparó el tratado, un liderazgo personificado en don Gilberto Rincón Gallardo, que simboliza en una simbiosis perfecta al Estado mexicano y a su sociedad civil. El mejor tributo que pudiéramos rendir a su incansable y exitosa labor de defensa de los derechos humanos sería ayudar a producir avances claros en la condición social de las personas que en México viven con discapacidad. El Congreso de la Unión, en una encomiable revisión legislativa, está reformando la Ley General de las Personas con Discapacidad, para recibir de forma plena las normas más progresivas de la Convención en el corpus legal de la República. El Senado podría asimismo reflexionar sobre la efectividad de reservas que pueden confundir, más que ayudar a promover derechos en base al principio "pro persona", es decir la aplicabilidad de la norma más beneficiosa de cuantas puedan invocarse. Y los tribunales del país podrían aportar un activismo tutelar de los derechos de quienes menos los pueden defender, haciéndose valedores de la Convención como los demás poderes del Estado.
Hemos avanzado en la definición de derechos a nivel internacional, pero no es a ese nivel al que se disfrutan y ejercen las libertades, sino en nuestras ciudades y pueblos, en el trabajo y en la escuela, en los lugares de diversión y encuentro, ante las cortes de justicia y en los servicios públicos, en los medios de comunicación, en los hospitales. En las mil y una actividades que tejen el presenten, que crean posibilidad de futuro. Como dice la Convención, es preciso promover el respeto de la dignidad inherente de las personas con discapacidad; esa es la mejor medida de nuestra propia dignidad. Garanticemos los derechos de nuestras y nuestros conciudadanos, sin reserva alguna.

(Artículo publicado en El Universal)

miércoles, 18 de marzo de 2009

¿Será que la voz del pueblo empieza a dar resultados?

En la imagen el diputado Francisco Vañó junto a la inaccesible tribuna de oradores del parlamento, con una mesa y unos micrófonos preparados para la ocasión

El congreso empieza a tramitar una ley para mejorar la vida de las personas con discapacidad en todos los ámbitos


MADRID, 18 (SERVIMEDIA) El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó anoche por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Popular que insta al Gobierno a impulsar una normativa transversal que adapte la legislación española a la Convención de la ONU sobre Discapacidad, introduciendo las reformas legales que sean necesarias y derogando, si fuera preciso, las leyes que queden obsoleta.
En concreto, la proposición de ley del PP, defendida en el Pleno del Congreso por el diputado Francisco Vañó, quiere que el ajuste del ordenamiento jurídico español a la Convención de la ONU sobre Discapacidad esté listo en seis meses, mediante una ley que recoja "flecos sueltos" y que atienda "reivindicaciones enquistadas" sobre aspectos relacionados con el empleo, la vivienda y el trasporte de las personas con discapacidad.
Así, por ejemplo, la proposición apuesta por crear una nueva ley para mejorar el acceso al trabajo de los ciudadanos con discapacidad; por elevar del 5 al 7% las ofertas de empleo público para este colectivo; por eximir de pagar peaje en las autopistas a las personas con discapacidad, y por considerar infracción grave y castigar con la pérdida de puntos a quienes aparquen en las plazas reservadas para conductores con discapacidad.
Con respecto al empleo, el texto de los populares es partidario de elevar la reserva pública de empleo desde el 5 al 7%, y destinar un 2% de ese 7% al empleo de personas con discapacidad intelectual. Se da la circunstancia de que esta ampliación ya está recogida en los decretos que regulan la Oferta de Empleo Público para 2009 que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero.
En el ámbito de la vivienda, la proposición del PP aboga por pasar del 3 al 6% en la reserva de construcciones sociales y de protección oficial adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad.
Por otra parte, el texto del PP, que propone reformar una docena de normas, insta al Gobierno a regular auditorías previas de accesibilidad en todas las obras financiadas por la Administración General del Estado y a evaluar el grado de accesibilidad de los entornos, bienes, productos y servicios que establece la norma.
(SERVIMEDIA) 18-MAR-2009 IGA/isp

jueves, 26 de febrero de 2009

La Asociación APIMF, también exige el derecho a la familia de Sara, David y Esmeralda

Imagen de la carta enviada a Manuel Chaves
Estimado Sr:

Sara Maldonado Pino y David Olvera Sánchez, son dos personas con discapacidad intelectual (inteligencia límite) a quienes recientemente la Junta de Andalucía ha retirado la patria potestad de su hija Esmeralda, nacida el pasado día 7 de enero, -tras 48 horas de su nacimiento-, privando con ello a la menor y contra la voluntad de sus padres (artíc. 9 de la Convención Internacional de los derechos del Menor) a su derecho de lactancia como recomienda la OMS, por encontrarse éstos en situación de desamparo y tras haber puesto ellos mismos en conocimiento de los Servicios Sociales de San Fernando (Cádiz) su situación, donde se dirigieron en demanda de apoyos para poder ejercer su pleno derecho a la paternidad, como nuestro Estado de Derecho y la recién aprobada Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, a través de su artículo 23, les otorga.

Lejos de recibir los apoyos a que tenían y siguen teniendo pleno derecho, que venían demandando, habiéndoseles ofrecido como única oferta por parte de los servicios sociales la posibilidad de abortar como los propios padres de la menor declaran y que a un tiempo desestimaron se encontraron con la triste, dramática y brutal situación de que tras 48 horas del nacimiento de su deseado bebé, éste como medida cautelar les fuese despiadadamente retirado, encontrándose en la acutualidad en el Centro S. Carlos de Chipiona y con un régimen de visitas de una hora a la semana, lo que está ocasionando un daño psicológico a los padres, especialmente a la madre, sin lugar a dudas irreparable..

Como ciudadano y como representante de un colectivo de personas con discapacidad que me honro en representar a cualquier persona con discapacidad, cuyos derechos le estén siendo vulnerados, tal como nuestros estatutos nos exigen, sea o no miembro de nuestra asociación o de nuestra localidad, no puedo permanecer impasible, teniendo conocimiento directo de este caso, -y que supone toda nuestra repulsa-, para exigirle como máximo responsable político y administrativo que es de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la adopción de inmediatas medidas oportunas para que esta pareja disponga con la máxima urgencia de los apoyos necesarios a que tienen pleno derecho, para constituir la familia que son y que por una posible negligencia administrativa que además deberían depurar, les han arrebatado.

Atentamente.
Presidente Asociación APIMF
David Bibiano Sahagún.
(Enviada por correo postal a D. Manuel Chaves)

jueves, 5 de febrero de 2009

Sara y David. ¿Qué se esconde debajo?

Foto de Sara y David en el hospital


¿Qué se esconde debajo?




Esmeralda es un bebé de menos de un mes al que la Junta de Andalucía ha puesto bajo protección porque, en realidad no supo, no quiso o no le interesó y a saber por qué oscuros intereses, proteger a tiempo su legítimo derecho a permanecer con su única y verdadera familia.


El artículo 9 de la Convención Internacional de los derechos del niño de 1989, establece que los estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos.


Así pues, y paradójicamente, Esmeralda nació con sus derecho a la familia vulnerado por la propia administración (in)competente, que no supo velar por el artículo 37 de la Convención Internacional de los derechos del niño ya que, a solo 48 horas de su nacimiento, recibió el cruel, inhumano y degradante trato de ser retirada del seno de su madre, en pleno periodo de lactancia por ser esta una mujer con discapacidad intelectual, al igual que su padre, y carecer de recursos y apoyos para garantizar la estabilidad, la seguridad y el pleno desarrollo de la niña.

Sara y David son sus padres, dos personas con una discapacidad intelectual(inteligencia límite) a los que también protege o debería proteger, una Convención Internacional de Derechos, los de las personas con discapacidad, ratificada por nuestro Estado, el 3 de Mayo del año pasado y que también la administración (in)competente, parece haberse dado mucha prisa en haber descaradamente conculcado.


Con los padres de Esmeralda no se tuvo en cuenta la convención en sí misma, es decir, el artículo 4, el 5, el 6, el 8, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 19 y sobre todo el 23, que viene a reconocerles el derecho a la familia, el 26, el 27 y el 28 han sido y están siendo todavía vulnerados.


Sara y David eran libres y felices hasta que el equipo de (in)competencia social puso la zarpa sobre ellos, cuando tras un ejercicio de responsabilidad, se dirigieron en demanda de ayuda a los servicios sociales de la junta de Andalucía, ante la previsión de que su hija nacería en situación de desamparo y con el único objetivo de que, desde ahí, les ayudaran a solucionarlo. De los datos recabados se deduce que solo les dieron tres soluciones:


a) Posibilidad de abortar, la que los progenitores abierta y decididamente desestimaron.


b) Que algún familiar, cosa que tampoco quisieron, se hiciera cargo.


c) Que antes del alumbramiento encontrasen una varita mágica que les sacase de su situación de desamparo, ya que la administración no estaba dispuesta a aplicar una serie de medidas y políticas de transversalidad, a la que conforme a la legislación vigente y muy especialmente a la Convención de derechos de las personas con discapacidad y del Niño, viene obligada.


O de lo contrario, harían lo que han hecho, y que comenzó siendo una amenaza, para terminar en un «rapto legal», al arrancarles a su hija de las manos.
El día 7 de enero, como regalo de reyes para David y Sara, nació en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, una preciosa niña a la que sus padres quisieron llamar Esmeralda. Quienes estuvieron junto a la pareja, manifiestan que no daban crédito a tanta felicidad de los padres amamantando, aseando, mimando, mirando y protegiendo a su pequeña.


El día 9 de enero tras 48 horas de su nacimiento, llegaría el Rey Herodes, en forma de asistente social, acompañada de la policía, que ante la desesperación del padre, por querer recuperar a su hija, le estamparía contra un armario, con una resolución de desamparo en la mano para arrancar a Esmeralda del cariño de sus padres y depositarla en un centro de menores concertado de Chipiona. También quienes allí estuvieron, cuentan la desgarradora cruel e inhumana situación por la que estos infelices padres pasaron, viendo desde entonces su más deseado sueño truncado.


Mientras Sara suplicaba “No me hagáis esto, mi hija no, dejadla conmigo. No os la llevéis” Una fría y calculadora funcionaria pública, le diría: “Ya te lo habíamos dicho Sara, o cambiaba vuestra situación o nos la llevábamos y vuestra situación no ha cambiado” ¿Qué pensaría esta burócrata si la misma situación maquiavélica se la hubiesen planteado a ella misma?


No fuimos pocos los que además de ver que esto se trata de una mera cuestión de aplicación o no de sendas convenciones de derechos humanos. Nos sentimos conmovidos e inmediatamente actuamos. CERMI, Foro de Vida Independiente, FEAPS y un buen puñado de ciudadanos que no descansaremos hasta ver esto claro.


Sara y David, posteriormente, fueron recogidos en un piso tutelado de una entidad de personas con discapacidad, para posteriormente ser trasladados a una residencia porque la vivienda en la que residían no tenía ni luz ni agua.


Tienen un régimen de visitas, con su hija, consistente en una hora, un solo día a la semana, con la advertencia también de que, si un solo día se retrasaran, por las razones que fuera, pasará a la semana siguiente la visita establecida. ¿Este comportamiento es el que han deducido de la lectura del artículo 23 de la Convención de derechos para discapacidad de la ONU?


Entre organizaciones y ciudadanos nos hemos dirigido al Presidente de la Junta de Andalucía, al Defensor del Pueblo andaluz, a la Consejera de Igualdad y Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, a la Ministra de Igualdad Bibiana Aido; a un paquete incontable de senadores, diputados y eurodiputados, a la Comisión Parlamentaria de discapacidad, a la fiscalía de menores de Cádiz, al movimiento asociativo femenino… Mientras el tiempo sigue pasando, y Esmeralda crece lejos de sus padres; parece ser que la presión no está siendo todo lo efectiva que debería y algunos ya nos preguntamos ¿Qué se esconde aquí debajo para que a una niña y a unos padres, se les pueda vulnerar tan descaradamente sus derechos más fundamentales: los humanos? Argumentando una situación de desamparo que es producto de la incompetencia, de la ineficacia, de la negligencia y del desamparo político, social, administrativo a que a esta familia han enfrentado, por no haberles sabido o no haber querido darles a tiempo lo que estaban demandando y que parece ser, tampoco están muy por la labor de corregir e irles proporcionando?


Mª Ángeles Sierra y Enrique Rubio
,activistas del Foro de Vida Independient

sábado, 24 de enero de 2009

Los San Fermines, en Pamplona, y en Andalucía, encerronas.

Fotografía de Sara y David En este enlace se puede ver la intervención de Sara y David, ayer, en Canal Sur.

http://www.radiotelevisionandalucia.es/tvcarta/impe/web/contenido?id=3331

Está el programa entero, pero su intervención tiene lugar entre los minutos 31:58 al 46:07.

Una vez visionada la entrevista, deduciréis vosotros mismos. A mi, personalmente, no me cabe la menor duda de a quien pertenece esta cadena televisiva.

¡Vamos, descarado!

A una compañera que llamó al programa, cuando se estaba emitiendo, con la pretensión de intervenir en favor de David y Sara, le preguntaron que para qué quería entrar en antena, indicó que para recordarle al Jefe de los Servicios de Protección al Menor que se estaba vulnerando el artículo 23 de la Convención de los derechos de los discapacitados de la ONU, que recientemente ratificó el gobierno de España. Le tomaron el número de teléfono pero no le permitieron su entrada en antena. Claro, y es que... ¿quién muerde la mano que les da de comer?

miércoles, 7 de enero de 2009

Reino Unido retrasa la ratificación de la Convención de la ONU

Reino Unido ha pospuesto su ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un gesto que ha sido recibido con descontento generalizado por parte de las organizaciones dedicada al colectivo, según informa la BBC a través de su página web.

El ejecutivo británico firmó dicho tratado en marzo de 2007, y se había comprometido a ratificarlo a finales de 2008, pero acaba de anunciar que no lo hará hasta primavera de 2009, ya que aún no ha terminado de elaborar una serie de excepciones en su aplicación en el país, que afectarían al ámbito de la educación, la participación en las fuerzas armadas y la inmigración.

Una comisión compuesta por miembros de ambas cámaras del parlamento británico ha elaborado un informe que critica la falta de transparencia en el proceso de confirmación de la convención de la ONU, y la ausencia de consultas con las organizaciones de personas con discapacidad con respecto a las excepciones en su aplicación.

"Nuestro país ha liderado los esfuerzos para la aprobación de la convención de la ONU y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, por ello estamos muy decepcionados con respecto al elevado número de excepciones que el Gobierno quiere hacer con respecto a su aplicación, y por los retrasos en su ratificación", aseguró Andrew Dismore, presidente de la mencionada comisión.

Reino Unido se encuentra entre los 137 países que han firmado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que pretende garantizar la igualdad de la personas con discapacidad en todos los ámbitos. Hasta ahora solo 44 países, entre ellos España, han ratificado dicho tratado.