Vulneración de derechos = a derechos impracticables = a sistema inservible.

Un informe analiza los derechos humanos de las personas con discapacidad

El Cermi denuncia las vulneraciones

El Comité Ejecutivo del Cermi, ha aprobado el Informe de Derechos Humanos y Discapacidad 2008, elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para dar a conocer las vulneraciones que presenta este sector social con el fin de eliminarlas y restituir los derechos a estas personas, tal y como establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

JESSICA HERNÁNDEZ.El Informe, cuya autora es la delegada del Cermi para la Convención de la ONU, Ana Sastre, pone de manifiesto los déficits en materia de accesibilidad, recursos o educación, así como la existencia aún de prejuicios sociales que provocan la vulneración de muchos derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

Según el Informe, "muchos de los casos relatados se han solucionado, o están en vías de hacerlo, antes de emprender acciones administrativas o judiciales, lo que refleja que las discriminaciones son en muchas ocasiones fruto del desconocimiento y de los prejuicios sociales". Por este motivo, continúa siendo "imprescindible el impulso y desarrollo de campañas de sensibilización y programas educativos que lleguen a todos los estamentos de la sociedad".

El documento recoge algunas contradicciones normativas que vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Se hace alusión al Código Penal donde se contempla el supuesto de poder abortar si el feto tiene "graves taras físicas o psíquicas". El Informe argumenta al respecto que "implícitamente esta disposición normativa considera la vida de una persona con discapacidad como menos valiosa que la de un niño sin discapacidad al no protegerlos de la misma forma". En este sentido, el Cermi considera la legislación "claramente discriminatoria por no respetar el derecho a la vida y se exige una rectificación en la ley del aborto que se está elaborando".

El Informe también cuestiona los internamientos forzosos, en tanto que vulneran el derecho de libertad de la persona como recurso para el grupo de población con enfermedad mental. "En muchas ocasiones ni siquiera son escuchados y se les aplican procedimientos penales sin diagnosticar su enfermedad, provocándoles daños irreparables".

Asimismo, el documento destaca una de las contradicciones más relevantes que contempla el ordenamiento jurídico en relación a la Convención de la ONU, ya que permite la esterilización de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente sin su consentimiento.

El Cermi recuerda que la defensa del derecho a la familia es una de las prioridades que recoge la Convención, haciendo especial hincapié en el sistema de apoyos que debe habilitarse al efecto. La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece recursos importantes para desarrollar este derecho, pero ni permite al usuario elegir los apoyos que más se adecúen a su situación, ni extiende las ayudas del asistente personal a todas las personas con discapacidad, ni considera el ocio como una parte fundamental del desarrollo de la persona. Además, hay Comunidades Autónomas que han dejado fuera del sistema de ayudas a los niños con discapacidades severas menores de 16 años por considerarles responsabilidad de los padres.

La reformulación del concepto de discapacidad es otro de los temas aludidos. Al respecto dice que "se trata de un concepto flexible, que se debe actualizar y va encaminado a designar el resultado de que existan barreras que impiden el desarrollo de determinados derechos". La actualización de los servicios y herramientas administrativas también deben modificarse para adecuarse a las necesidades de un sector de la sociedad cada vez más integrado, según este documento. Del mismo modo, reclaman la incorporación sistemática del factor discapacidad o de módulos específicos en la Encuesta de Población Activa (EPA), la Encuesta de Hogares o la de Salud y otras similares.

Los ámbitos educativo, laboral o sanitario también se abordan en el Informe desde la perspectiva de la discapacidad por entenderlos clave para el desarrollo autónomo de este grupo de población. Asimismo, se habla de la participación de las personas con discapacidad en las políticas que les afectan.

Por este motivo, el Cermi ha denunciado que el Ministerio de Sanidad y Política Social les ha dejado al margen de dos órganos fundamentales: La Comisión de Seguimiento de la Valoración del grado de minusvalía, que interpreta y define los criterios oficiales de discapacidad y la Comisión Asesora de la Prestación Ortoprotésica, que pretende revisar y actualizar el catálogo disponible.

SUSPENSO EN ACCESIBILIDAD

Según el Informe, la accesibilidad constituye "uno de los grandes fracasos de la política española de atención a las personas con discapacidad". Solo durante 2008 el Cermi denunció a más de 50 establecimientos de uso público por incumplir las normas de accesibilidad o por ser muchos de ellos impracticables para este sector social. Entre las denuncias se encuentran más de 25 edificios pertenecientes a la Administración General del Estado.

Además, las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas han agravado, según este Informe, los problemas de accesibilidad, "ya que en muchas de ellas ni siquiera tienen actualizado el concepto de discapacidad o incluidos los criterios de diseño para todos".

Algunas de las acciones positivas que se proponen en el Informe son la adaptación de los prospectos de los medicamentos mediante la inclusión de los textos en una página Web, el diseño de autobuses acondicionados para personas con discapacidad física y la incorporación de la accesibilidad en las páginas de Internet.

El Cermi valora, sin embargo, algunas experiencias positivas que ya se están desarrollando para la accesibilidad a los recursos culturales y de ocio como visitas específicas para este sector social en el Centro de Arte Reina Sofía y la utilización de audioguías y signoguías en el Museo de Arte Romano de Mérida.

En cuanto al acceso a la justicia, el movimiento asociativo lamenta que, por ejemplo, el Reglamento del Notariado califique como incapaces a todas las personas con discapacidad, salvo cuando ésta sea física. También, existe una falta de previsión en el ejercicio de la función de jurado en los tribunales populares, escasez de recursos accesibles para personas con discapacidades sensoriales y multitud de barreras arquitctónicas en las dependencias judiciales.

Las fuentes de información utilizadas para realizar el Informe han sido consultas y denuncias recibidas en el propio Cermi, acciones emprendidas, etc. Además, el documento resume casos de discriminación flagrante, se recogen resoluciones judiciales y se proponen iniciativas que se deberían llevar a cabo para que se apliquen los mensajes de la Convención de la ONU.