Ley de Dependencia: mal y tarde.

Cerca de 50.000 personas han muerto sin haber recibido las ayudas prometidas.

Cuando están a punto de cumplirse los dos primeros años desde la aprobación en el Congreso de la Ley de Dependencia, las sombras que su puesta en marcha está generando amenazan con condenar al fracaso uno de los proyectos estrella del Gobierno socialista y el que estaba llamado a ser el cuarto pilar del Estado del Bienestar junto a la educación, la sanidad y el sistema de pensiones. Las dudas de financiación que ya en 2006 rodearon la gestación de esta iniciativa se han convertido, con el paso de los meses, en una embarazosa realidad para el Ejecutivo. De hecho, el pasado mes de julio, el Gobierno no tuvo más remedio que reconocer, por primera vez, serias dificultades para dar cobertura económica a esta ley, lo que se tradujo en una rebaja del dinero destinado a los dependientes a menos de la mitad con respecto a los datos de 2007: de 1.111 euros por persona y año a sólo 482.

Por si fuera poco, a las «dificultades» admitidas por la ministra de Educación y Asuntos Sociales, Mercedes Cabrera, se suman otras preocupantes lagunas que revelan la falta de compromiso político con el que fue concebido el texto, como que aún no se hayan concretado los decretos que definirán las fórmulas de pago de las ayudas entre la Administración central y los gobiernos autonómicos, ni el modelo de acreditación de centros y servicios. Como consecuencia de estos problemas, el proceso de la aprobación de las ayudas, su posterior clasificación en función de la gravedad de la situación del dependiente y, finalmente, su concesión a las familias está sufriendo un retraso alarmante, como revelan los datos aportados por el principal partido de la Oposición y que advierten de que tan sólo un 44% de las resoluciones presentadas en toda España han sido tramitadas íntegramente por el Ministerio. Se trata de un retraso con consecuencias dramáticas, al verse afectados en ello sectores especialmente sensibles de nuestra sociedad, sobre los que se creó una serie de expectativas que, ahora, se descubren como difícilmente aplicables. Y es que no parece admisible que el Gobierno dilate la concesión de estas ayudas a personas mayores, cuyas necesidades son urgentes, tal y como les ocurre actualmente a miles de ellos que, en principio, no recibirán ni un solo euro hasta 2012, o a las cerca de 50.000 personas que durante el último año han fallecido sin haber percibido las prestaciones prometidas.

Otro de los aspectos que más se le ha criticado en los últimos meses al Gobierno en la aplicación de la Ley de Dependencia es su utilización electoralista, ya que los datos de las concesiones determinan con claridad cómo la ha utilizado en beneficio de las comunidades gobernadas por el PSOE. Como ejemplo de ello, es destacable el hecho de que Andalucía acapare una de cada tres resoluciones aprobadas, además de que la Junta haya cometido, según los responsables del Partido Popular en Política Social, la irregularidad de contabilizar a los dependientes que ya estaban ingresados en residencias.

La aprobación de la ley contó con el respaldo de los dos principales partidos del país y constituyó un hito histórico para el millón de personas a los que se les reconoció el derecho a recibir la atención que precisan. Por ello, el Gobierno no puede dar la espalda a quien más lo necesita. Ni siquiera la situación de crisis económica puede servir para justificar un recorte en la financiación de esta ley. De lo contrario, el compromiso social que habitualmente enarbola el Gobierno quedará reducido por los hechos a una mera maniobra para ganar votos.

Fuente: La razón