El CERMI quiere que la discapacidad aparezca en todas las estadísticas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido al Instituto Nacional de Estadística (INE) que incorpore la variable de discapacidad en todas sus investigaciones estadísticas, para disponer en España de información actualizada de esta realidad en todos los ámbitos.

Representantes del CERMI han solicitado al presidente del INE, Jaume García Villar, que se incorpore esta variable a todas las investigaciones estadísticas, como la Encuesta de Población Activa (EPA), la Encuesta de Hogares o la de Salud, han señalado en un comunicado.

Tras la reunión con Villar, los representantes del CERMI han valorado positivamente las dos grandes encuestas sobre discapacidad realizadas en 1999 y en 2008, pero han insistido en la necesidad de que la discapacidad deje de ser investigada cada diez años.

De lo que se trata ahora, según el CERMI, es de que la variable discapacidad se incorpore con normalidad y naturalidad a todas las investigaciones estadísticas que promueve el INE para que la información que se obtenga sea continua, actual y acumulativa.

Fuente: Diario Signo

20 años después misma táctica; resultado CERO. Se amarra un nuevo convenio.

Exigen una ley que ampare a las personas con discapacidad que viven en comunidades de vecinos

La Crónica Social (05/05/2009)

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha denunciado la ausencia de una legislación que ampare a las personas con discapacidad y mayores que viven en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal para realizar obras y actuaciones de accesibilidad cuando lo necesiten por razón de su discapacidad.

"Es una de las agresiones más graves contra los derechos de las personas con discapacidad", aseguró el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno. El comunicado agrega que, "año tras año, el mayor número de quejas y reclamaciones de las personas con discapacidad se refieren a la absoluta inadecuación de la legislación vigente en materia de propiedad horizontal en los aspectos de accesibilidad, que hace depender la realización de estas obras del voto del resto de copropietarios".

Además, obliga a las personas con discapacidad, en la mayoría de las ocasiones, a asumir en exclusiva el coste de las actuaciones de accesibilidad, indicó Pérez Bueno. El sector de la discapacidad viene reclamando al Gobierno la urgente modificación de esta legislación, a fin de que el coste de las actuaciones de accesibilidad sea asumido por toda la comunidad de propietarios, como ocurre en la mayor parte de países europeos que tienen regímenes de propiedad similares.

"No obstante, el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, no ha cumplido el compromiso electoral, asumido en el año 2004, de promover el cambio de la Ley de Propiedad Horizontal", destaca el comité.

Para el Cermi, se trata de una de las demandas más acuciantes del sector de la discapacidad, que necesita una respuesta inmediata. "No caben más demoras, pues la actual situación compromete los derechos humanos más básicos de miles de personas con discapacidad y personas mayores", concluye su presidente en el comunicado.

UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD

Por otra parte, Luis Cayo Pérez Bueno se reunió este martes con la directora de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), Gemma Rauret, a quien propuso la creación de un grupo de trabajo sobre discapacidad en el marco universitario. El objetivo de esta reunión era favorecer la inclusión del alumnado universitario con discapacidad, así como extender la cultura de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas.

Durante el encuentro, Pérez Bueno propuso también a la Aneca que realice una evaluación de los programas existentes en las universidades españolas sobre la atención a los estudiantes universitarios con discapacidad y observe si se cumple el mandato legal que establece la creación de programas específicos para que las personas con discapacidad puedan recibir la ayuda personalizada, los apoyos y las adaptaciones en el régimen docente.

Otra de las propuestas del Cermi fue la elaboración por parte de la Aneca de unos estándares de calidad común a todas las universidades en materia de atención a la discapacidad, que se encuadraría en los estudios que realiza esta Agencia para una mayor calidad de la Universidad española.

También pide una mayor formación del profesorado en la atención al alumnado con discapacidad, con nociones básicas de adaptaciones curriculares. Además, se propone valorar positivamente que el personal docente realice algún servicio de tutoría hacia el alumnado con discapacidad.

En relación al programa de mejora e innovación, especialmente referido a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, cuando se evalúe la enseñanza virtual de las titulaciones oficiales, el Cermi considera necesario que se observe si las webs y todo el software que se utilice para el desarrollo de estas herramientas sean accesibles.

Asimismo, Pérez Bueno recordó que se debe estudiar qué demandan los estudiantes con discapacidad antes de llegar a la universidad y qué tipo de información se les hace llegar a ellos y sus familias.

Por último, el Cermi destacó la necesidad de firmar un convenio marco entre ambas entidades para desarrollar todas las acciones que abordaron durante este encuentro.

El Gobierno modifica las condiciones del abono social de telefonía para incluir 100.000 hogares más.

El umbral de renta familiar para tener derecho a este plan de precios para pensionistas y jubilados se amplía para aumentar el número de beneficiarios


14 de abril de 2009. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) ha aprobado hoy la modificación del umbral de acceso al abono social del operador encargado de la prestación del servicio universal de telecomunicaciones (Telefónica), con el objetivo de evitar que un gran número de ciudadanos con ingresos por encima del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) queden fuera de esta prestación dirigida a pensionistas y jubilados.

La elevación de las pensiones mínimas por encima de la evolución del IPREM que ha llevado a cabo el Gobierno socialista ha tenido como consecuencia no deseada que muchos pensionistas superaran los límites establecidos para ser beneficiarios del abono social. En virtud del acuerdo de la Comisión, el umbral de renta familiar para tener derecho al abono social pasa del IPREM al IPREM x 1,1, para que así se puedan beneficiar más hogares.

Con la modificación aprobada, se estima que el número de beneficiados por el abono social en 2009 se incrementará en 100.000 hogares más, hasta un total de 250.000. De esta forma, el Gobierno refuerza la protección de los ciudadanos con necesidades especiales en telecomunicaciones.

La propuesta permite incluir en el colectivo con derecho a acceder al abono social a los siguientes perceptores de pensiones mínimas:

- Jubilados mayores de 65 años sin cónyuge a cargo.

- Beneficiarios de una pensión por incapacidad permanente absoluta o total sin cónyuge a cargo.

- Pensionistas de viudedad mayores de 65 años o con una discapacidad superior al 65%.

Importantes reducciones en las cuotas

El plan de precios denominado abono social, dirigido a jubilados y pensionistas, incluidos tantos los preceptores de una pensión pública como los de una pensión privada reconocida por decisión judicial, supone una reducción del 70% en el importe de la cuota de alta del servicio telefónico fijo disponible al público o cuota de conexión de líneas individuales y una rebaja del 95% en el importe de la cuota de abono de la línea individual.

El abono social está integrado en el servicio universal de telecomunicaciones, que establece un conjunto definido de servicios básicos cuya prestación debe garantizarse a todos los usuarios, independientemente de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible.

Para garantizar la asequibilidad del precio, la Ley General de Telecomunicaciones establece que las personas con necesidades sociales especiales deben disponer de opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial y que les permitan tener acceso al servicios telefónico disponible al público desde una ubicación fija o hacer uso de éste.

Fuente: Ministerio de Economia y Hacienda

[16/04/2009] Los emprendedores ya pueden construir una empresa en 24 horas, reduciéndose plazos administrativos.

El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, ha informado del Programa ‘Empresa 24 horas’ que hoy entra en funcionamiento. Esta iniciativa empresarial se desarrolla a través de la creación de un ‘banco de empresas’ donde los interesados pueden elegir en un catálogo de 200 sociedades limitadas ya constituidas, registradas en el Registro Mercantil, provistas de Código de Identificación Fiscal, con garantía de inactividad hasta el mismo momento de la transmisión al comprador y con toda la documentación legalizada y regularizada, incluyendo escrituras notariales.

Ampliar información

Introducción

El Programa Empresa 24 horas es una iniciativa de la Junta de Andalucía que permite reducir a un día los pasos necesarios para contar con una sociedad mercantil y comenzar a operar de inmediato con ella. El Programa, aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de enero, es gestionado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, para facilitar al máximo la puesta en marcha de una iniciativa empresarial.

Qué ofrecemos

Un Banco de Empresas bajo la denominación INNOVA24H, que ofrece sociedades limitadas ya constituidas y con domicilio social en las distintas provincias andaluzas. Estas sociedades estarán debidamente inscritas en el Registro Mercantil, provistas del Código de Identificación Fiscal (CIF) y contarán con garantía de inactividad hasta el mismo momento de la transmisión al comprador, con toda su documentación perfectamente legalizada y regularizada, incluyendo escrituras notariales de constitución, compra-venta de participaciones sociales y de formalización de acuerdos sociales, libro de socios y de actas, solicitud de alta de actividad a desarrollar por la empresa el mismo día de la compra y cuenta bancaria abierta a nombre de la sociedad.

Sólo las personas físicas podrán adquirir una empresa en el marco de este Programa, no pudiendo adquirir una misma persona participaciones de más de una sociedad.
El coste para los empresarios interesados en adquirir una sociedad de este programa, será única y exclusivamente el correspondiente a los gastos estrictos de su constitución. Pagarán 3.006 euros y recibirán una cuenta corriente a nombre de la sociedad con un saldo de 3.006 euros menos los gastos de constitución.
Con la firma de la compra-venta se entrega la sociedad en 24 horas. La Agencia IDEA habrá realizado previamente toda la tramitación.

Cómo crear una empresa en 24 horas.

PASO 1º.-. Rellene la Solicitud de Reserva aquí
Una vez que recibamos la solicitud, nos pondremos en contacto con usted mediante un correo electrónico y/o sms confirmando la reserva de la sociedad y el número de cuenta donde hacer el pago.

PASO 2º.- Realice el pago (mediante transferencia bancaria, efectivo, ...) del importe de la compra de la sociedad: 3.006 euros, a la cuenta bancaria indicada.

PASO 3º.- Una vez realizado el ingreso y verificado el pago, le facilitaremos la fecha y hora para la firma en la notaría elegida de cualquiera de las provincias andaluzas.

PASO 4º.- No olvide acudir a la cita en la Notaría elegida con la siguiente documentación original en vigor:

a. Si existe separación de bienes, deberá aportar en el acto de la firma en notaría certificado literal de matrimonio expedido por el registro civil, primera copia de la escritura de capitulaciones matrimoniales u original del libro de familia donde conste inscrita la separación matrimonial.

b. Original del DNI

c. Si uno o varios de los administradores elegidos fueran una persona jurídica, portará consigo:

I. Original del CIF de la entidad.

II. Original del DNI del administrador o apoderado de la sociedad

III. Original de la escritura donde conste su nombramiento como administrador, apoderado o representante del órgano de administración y de la sociedad.

En la misma escritura de venta de participaciones sociales se contendrá Junta General Universal de Socios, tras la venta, en la que el nuevo/s socio/s acordará el cambio del domicilio social y el cambio de administrador. La forma de órgano de administración para la sociedad será la elegida en el formulario de solicitud.

Si la actividad que pretende realizar no se encuentra reflejada entre el amplio objeto social de las sociedades del banco de empresas, éste se modificará en la escritura citada anteriomente.

Desde Notaría, en ese mismo acto, se comunicará a la entidad financiera el cambio de administrador de la respectiva sociedad.

Finalmente, y tras la firma, se le facilitarán a los adquirentes los siguientes documentos:

A. Primera copia de la escritura de constitución inscrita en el registro mercantil.

B. Ejemplar para el administrado del pago de impuestos.

C. 036 de petición de CIF con el CIF definitivo.

D. Libros de Socios y de Actas diligenciados.

E. Copia del contrato de apertura de cuenta corriente con los datos de la sucursal, nombre de persona de contacto y número de teléfono.

F. Factura de los gastos de constitución.

G. 036 del alta en la actividad relleno.

H. Copia autorizada de la escritura de transmisión, modificación estatutaria y cambio de administración, que les acreditarán como dueños y administradores de la sociedad.

Desde el momento de la presentación en la Agencia Tributaria, ya podrá operar y emitir facturas.

El comprador recibirá una cuenta corriente con 3.006 euros de capital social, sobre la que se cargarán los gastos de constitución e impuestos.

A partir de este momento la sociedad es de su propiedad, usted puede desarrollar su actividad y facturar.

Cómo contactarnos

Centro Corporativo C/ Torneo, 26. Sevilla
Teléfono de Atención al cliente 900 850 011
Teléfono del Centro Corporativo: 955 030 708
Correo electrónico: empresas24horas@agenciaidea.es

Para más información http://www.agenciaidea.es/cocoon/index.html

El Cermi pide que las pensiones no contributivas de invalidez sólo tengan en cuenta la renta personal de los beneficiarios

Ahora se considera la unidad económica.





El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha elaborado una propuesta de modificación de la Ley General de la Seguridad Social para que se concedan pensiones no contributivas de "invalidez" teniendo sólo en cuenta la renta personal de los beneficiarios y no la de la unidad económica en la que éstos se integran. El Cermi elevará al Gobierno y a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso y en el Senado.

La Ley General de la Seguridad Social regula las llamadas pensiones no contributivas de "invalidez", que procede de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social Prestaciones no Contributivas.

La norma de 1990 significó en su momento un avance en la protección social al ampliar el ámbito subjetivo de la Seguridad Social, en materia de pensiones, a aquellas personas que, aun no habiendo cotizado o no habiéndolo hecho suficientemente, se encuentran en situación de necesidad por razón de edad o de discapacidad.

De este modo y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Española, que establece la existencia de un régimen público de Seguridad Social para "todos los ciudadanos", la ley pasó a garantizar, como derecho subjetivo, el acceso universal a las pensiones de "invalidez" o jubilación ante situaciones de necesidad.

No obstante, el Cermi explicó que, al establecer los requisitos que conforman la situación de necesidad que da acceso a las prestaciones, la ley de 1990 introdujo ciertas cautelas que supusieron para las personas con discapacidad grave una modificación respecto de la situación precedente.

Así, esta norma y, posteriormente, el actual Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, refieren el requisito de carencia de rentas suficientes no sólo a la situación de personal del beneficiario, sino también a la de la unidad económica de convivencia en la que éste se integra.

Para el Cermi, este criterio de extender el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes al conjunto de la unidad económica de convivencia "ha perdido su sentido una vez transcurridos más de 15 años desde su entrada en vigor".

En este período se ha demostrado que el número de beneficiarios es reducido e incluso presenta, en los últimos años, una tendencia clara a disminuir.

Además, las personas con discapacidad severa "se ven constreñidas en su capacidad de elección de forma de vida, por el temor a la pérdida de su derecho a pensión en función de los ingresos económicos de las personas con las que eligen o se ven obligadas a convivir".

Ante esta situación, el Cermi señaló que "ha llegado el momento de modificar la legislación actual, de manera que la consideración de la insuficiencia de recursos que da acceso a las prestaciones se refiera al beneficiario de las mismas, individualmente considerado y no a su entorno de convivencia".


Fuente: Solidalidad digital

Más 120.000 personas hacen cola para cobrar la prestación por Dependencia

En España 124.635 personas esperan un dictamen para saber si tienen derecho a alguna prestación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, según los últimos datos del Instituto Nacional de Servicios Sociales (Imserso).



Este es uno de los temas "prioritarios" para la nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que acaba de asumir las competencias en materia de Dependencia y que tras la toma de posesión de su cargo, aseguró que el nuevo departamento que ahora dirige tiene interés en "acortar los plazos" para la implantación de esta norma, que entró en vigor hace más de dos años y que ha pasado ya por dos ministerios --Trabajo y Asuntos Sociales y Educación, Política Social y Deporte--.

Si bien la competencia en materia de asuntos sociales está transferida a las comunidades autónomas, es el Gobierno el encargado de coordinar a estas administraciones para que apliquen la ley de forma igualitaria a través del Consejo Territorial de la Dependencia, que, según avanzó la nueva titular de Política Social, se reunirá próximamente --previsiblemente este miércoles-- para "acelerar la ley" y "mejorar la calidad de los servicios".

Mientras, el Comité de Expertos para la revisión de la aplicación de la Ley de Dependencia --formado por dos catedráticos, dos profesores de universidad y una ex alto cargo de la Generalitat de Cataluña--, y creado por mandato del Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre, ha comenzado a trabajar con el objetivo de publicar un informe el próximo mes de junio.

El mandato de la Cámara baja contemplaba además la posibilidad de realizar las modificaciones normativas necesarias para adecuar los servicios y las prestaciones que establece la norma a los parámetros de eficacia, calidad, equidad, sostenibilidad financiera y pleno respeto al marco competencial de las comunidades autónomas.

Fuente: deMinorias.com

Del decretazo de la exclusión al plan de reactivación

Plan de reactivación de la educación inclusiva para alumnos con discapacidad

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha anunciado que pondrá en marcha un plan para incluir a los niños con necesidades especiales en el sistema educativo.

Madrid. La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, anunció hoy que el departamento que dirige pondrá en marcha un Plan de reactivación de la educación inclusiva para los alumnos con necesidades especiales.
Cabrera reaccionaba así durante a sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde la diputada del PP María Castro denunció que el Ejecutivo gallego está preparando un decreto por el que la Xunta podrá elegir el centro donde estudiará un niño con discapacidad, "negando así el derecho de los padres a elegir la el sistema educativo de sus hijos".
Sobre este asunto, la ministra dijo que su ministerio no puede impedir la aprobación de un decreto autonómico, pero añadió que la mejor garantía de la educación inclusiva es la Ley Orgánica de Educación (LOE), "una normativa de obligado cumplimiento para todas las autoridades educativas".
Según dijo, la inclusión de los niños con algún tipo de discapacidad en el sistema educativo "es uno de los principales objetivos del ministerio", para lo que se ha puesto en marcha una comisión de seguimiento sobre la aplicación del convenio de la ONU relativo a los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por su parte, la diputada 'popular' aseguró que en Galicia los padres con hijos con necesidades educativas especiales "se encuentran con serias dificultades para acceder a una educación inclusiva, ya que el Gobierno presidido por Emilio Pérez Touriño está trasladándolos a unos centros concretos".
"La consellería de Educación gallega está comunicando a los padres de estos niños el traslado de sus hijos a centros de educación especial aunque estuvieron cursando de forma satisfactoria sus estudios en centros ordinarios", aseveró.
(Ep)

Fuente: Gaceta.es

El Gobierno aprueba las prestaciones económicas para las personas dependientes

La Crónica Social (30/01/2009)

El Gobierno ha aprobado el decreto que fija las cuantías de las prestaciones económicas previstas en la Ley de Dependencia para 2009, así como el que actualiza la financiación del nivel mínimo, que es la cantidad mensual que el Gobierno transfiere a cada comunidad autónoma por cada persona dependiente atendida en el marco de esta ley.

Según indicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para el Gobierno es muy importante hacer "más eficaz" la ley de dependencia.

Con respecto a las cuantías, el decreto, que ratifica lo que aprobaron Gobierno y comunidades autónomas en el Consejo Territorial de la Dependencia el pasado mes de diciembre, establece que las vinculadas al servicio, es decir, las que se otorgan para que el beneficiario pague servicios que el sistema todavía no le puede ofrecer, queden fijadas en 831,47 euros para los grandes dependientes del nivel II y en los 623,60, para los del nivel I. En el caso de los dependientes moderados, las cantidades serán de 460,80 euros para el nivel II y de 400, para el nivel I.

En cuanto a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, las cuantías fijadas tras la actualización son: 519,13 euros y 415,73 euros para los grandes dependientes de los niveles II y I, y 336,24 y 300 euros, para los dependientes moderados del nivel II y I, respectivamente.

Por último, las cantidades establecidas tras la subida para la asistencia personal de los grandes dependientes serán de 831,47 euros y de 623,60 para el nivel II y el I, respectivamente.

En cuanto al llamado nivel mínimo, la cantidad que el Gobierno destinará a cada gran dependiente será de 263,93 euros (nivel II) y de 179,47 euros (nivel I). En el caso de los dependientes severos, esta cuantía ascenderá a 102 euros, para el nivel II, y a 70, para el I, que en 2009 se incorpora al sistema de la dependencia.

Fuente: SID

Educación, Política Social y Deporte crea una unidad para agilizar la tramitación de los 400 millones de euros extras para Dependencia

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (19/01/2009)

Las Comunidades Autónomas utilizarán este fondo extraordinario para la inversión en nuevos centros y servicios de atención a personas dependientes y para la mejora de la red existente

El plazo para que las autonomías presenten sus proyectos se extiende hasta el próximo sábado. Toda la documentación está disponible en:

http://www.saad.mtas.es/portal/saad/fondo.html

El Gobierno estima que con este fondo extraordinario se crearán 35.000 puestos de trabajo en España

El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha puesto en marcha una unidad para facilitar la tramitación de los proyectos que presenten las Comunidades Autónomas con cargo al fondo extraordinario de 400 millones de euros para Dependencia que el Gobierno de España ha incluido en el Plan E (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo). El objetivo de esta oficina es resolver las dudas que planteen los gobiernos autonómicos y agilizar la tramitación de los proyectos y convenios correspondientes a esta dotación extraordinaria.

Además, toda la información relativa al fondo está disponible en la página web http://www.saad.mtas.es/portal/saad/fondo.html . En esta dirección, se ha incluido además el modelo de convenios y los anexos que deben presentar las Comunidades Autónomas en su solicitud.

Las Comunidades Autónomas pueden presentar proyectos con cargo a este fondo hasta el próximo 24 de enero. Una vez fijados y verificados los proyectos de cada autonomía, el Ministerio firmará los correspondientes convenios con cada comunidad donde se incluirán las obras definitivas.

A través de este fondo extraordinario para Dependencia del Plan E, las Comunidades Autónomas podrán financiar inversiones en nuevos centros, servicios y plazas para la atención de personas dependientes y modernizar y adecuar centros y servicios existentes. Así, se llevarán a cabo las actuaciones comprendidas en los siguientes programas:

- Consolidación y mejora de la oferta de la red de servicios existente.
- Modernización de centros e instalaciones dedicados a la prestación de servicios de atención a la dependencia.
- Adecuación de centros y servicios a las exigencias normativas.
- Transformación de plazas de válidos en plazas de dependientes.
- Ampliación de la oferta de plazas y servicios de dependencia como:
- Inversión en nuevas plazas de centros de día y alojamiento.
- Inversión en creación de plazas de atención a la dependencia en el medio rural: adecuación de equipamientos preexistentes, ampliación de la oferta de servicios en centros, etc.
- Formación y cualificación de profesionales para el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

La distribución por CC.AA. de este fondo extraordinario de 400 millones, informada en el Consejo Territorial de la Dependencia del pasado 22 de diciembre, es la siguiente:

Fuente: SID

Carreras sobre ruedas

La discapacidad no es un obstáculo para que 150 alumnos de la UMA dejen a un lado sus limitaciones y acudan cada día a clase para realizar sus sueños gracias a la ayuda de compañeros y profesores


«Ser una persona con discapacidad no quita para tener estudios universitarios». Son palabras de Cristina Moret, una estudiante que no ha visto en su parálisis cerebral una barrera a la hora de estudiar Derecho en la Universidad de Málaga. No puede mover sus piernas, pero esto no es obstáculo para que de aquí a unos años pueda ejercer como abogada o, incluso, como jueza.

La discapacidad no va más allá de la imposibilidad de realizar ciertas tareas. Así lo demuestran a diario unas 230 personas con diversidad funcional que acuden a la UMA como un estudiante más. «Es importante que la gente sepa que esto existe, pero que podemos hacer cosas como los demás», expresa Belén Higueras, alumna de segundo de Periodismo, quien espera que sus estudios le ayuden a escribir un libro para apoyar a personas que, como ella, sufren tetraplejia.
Comunicar y compartir experiencias con los demás es también lo que pretende Eva María Cubero, estudiante de primero de Comunicación Audiovisual cuya ilusión es ser presentadora de radio o televisión. Un sueño que ve compatible con una parálisis cerebral que, desde su nacimiento, afecta a sus extremidades y su habla. «Aunque algunos me miren raro, lo voy a intentar», afirma.

El primer día de clase

Cristina, Belén y Eva María llegaron a la universidad de una forma poco común. Su imposibilidad para andar hizo que entrasen a sus facultades en silla de ruedas, algo que muchas personas aún no se acostumbran a ver. «El primer día parecía que tenía luces porque todo el mundo me miraba», recuerda Belén, quien se vale de una silla motorizada que dirige con la boca. «Poco a poco se fueron acostumbrando a mi presencia y hoy hasta me saludan personas con las que nunca he hablado», añade.

Nerviosismo, miedo, inquietud... Son algunas de las sensaciones que sintió Cristina hace sólo unos meses, cuando salió de su casa para ir por primera vez a la Facultad de Derecho. «Me preocupaba no saber desenvolverme por mí misma porque es un edificio muy grande», asegura. Una inseguridad que esta estudiante demuestra haber superado cuando pasea por su centro con total normalidad en su silla de ruedas.

Compañerismo

El resto de estudiantes tiene mucho que ver para que las personas con discapacidad dejen atrás sus limitaciones y se sientan como un alumno más. «Cuando hablo con mis compañeros desconecto de mi situación y me siento en contacto con la sociedad», declara Belén, quien sólo tiene palabras amables para sus amigos de la facultad. «Son estupendas personas», dice con dulzura.

Convivir con una discapacidad no es fácil a ninguna edad, pero estas estudiantes coinciden en que a medida que pasan los años, las relaciones interpersonales se tornan más sencillas. «La gente es más comprensiva y madura que en el instituto», manifiesta Eva María. «En la universidad hay más compañerismo y aunque al principio pienses que te puedes ver aislada, luego no es así», añade Cristina.

Asimismo, los profesores también influyen en que los alumnos con diversidad funcional no sientan que lo tienen más difícil que el resto para aprobar las distintas asignaturas. «Al final, ellos logran las mismas competencias que sus compañeros, pero a través de distintos caminos», expresa Gemma Rodríguez, técnico del Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad de la UMA y un enlace fundamental entre estos estudiantes y el profesorado.
Al principio de cada curso, esta oficina, perteneciente al vicerrectorado de Bienestar Social, se reúne con los docentes que darán clase a los alumnos con discapacidad que así lo soliciten. De esta manera, se valora si es necesario hacer algún tipo de adaptación en el temario o en la forma de evaluación.

«Desde el primer momento, mis profesores mostraron mucho interés y los vi muy sensibilizados con la discapacidad», afirma Belén, quien al igual que Eva María, realiza los exámenes de forma oral. «Son un poco más difíciles porque te pones más nerviosa, pero el curso pasado me fue bien», afirma Belén.

Conocimiento sin límites

Las adecuaciones en la metodología de los profesores resultan fundamentales para que las personas con diversidad funcional puedan demostrar los conocimientos que adquieren en el transcurso de sus estudios. Unas competencias que están a su alcance incluso en carreras tan prácticas como Periodismo o Comunicación Audiovisual.
Por ejemplo, Belén no puede hacer una fotografía, pero sí conoce la parte técnica y artística de cada imagen. Además, los adelantos tecnológicos son fundamentales para superar los obstáculos que se puedan encontrar las personas con discapacidad, como los programas de reconocimiento de voz.

Una muestra de que no existen barreras para que las personas con discapacidad encuentren en la universidad una forma de forjarse su futuro y de relacionarse con personas de su misma edad. «La Universidad me ha devuelto un trocito de vida que me quitaron», expresa Belén

Fuente: Sur.es

18 años despues El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo justicia

El tribunal europeo falla a favor de un español con una discapacidad producida en una manifestación

MADRID, 8 (SERVIMEDIA) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido el derecho a una indemnización de 170.000 euros a Mikel Iribarren, un navarro de 35 años que tiene discapacidad como consecuencia de las lesiones sufridas durante una manifestación, según informa un comunicado de prensa de la institución jurídica de Estrasburgo.
Iribarren participaba en una manifestación la noche del 15 de diciembre de 1991 en Pamplona, en la que resultó herido de gravedad debido a la explosión de un bote de humo utilizado por la policía antidisturbios.
Como consecuencia de estas lesiones, al demandante se le reconoció un porcentaje de discapacidad del 37%, y empezó a percibir una pensión del Gobierno de Navarra por esta causa en mayo de 1997.
También reclamó una indemnización de 282.826 euros por daños y perjuicios ante diversas instancias administrativas y jurídicas españolas, que le fue negada definitivamente por el Tribunal Supremo en 2003, por estimar que sus lesiones no se debieron a una reacción desproporcionada de las fuerzas del orden.
Por ello, Iribarren acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que le ha dado la razón en virtud del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe el trato inhumano y degradante, y el artículo 6, que reconoce el derecho a un juicio justo en un plazo de tiempo razonable.
(SERVIMEDIA) 08-ENE-2009 LVR/isp

El Cotino y el Camps siguen jugando al perro del hortelano

13.000 dependientes no reciben ayuda, pese a tenerla reconocida

Las personas que reclaman el reconocimiento de su dependencia es ínfimo

REBECA LLORENTE - Alicante - 29/12/2008

Veinte meses después de la entrada en vigor de la ley, hay 13.331 valencianos que, a pesar de haber sido valorados y de tener reconocida su condición de dependientes, carecen de prestación y, por ello, siguen a la espera de que se les asignen ayudas para hacer frente a su situación. Los últimos datos del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, del 1 de diciembre, además, indican que el porcentaje de personas que han solicitado el reconocimiento de su situación de dependencia en la Comunidad Valenciana es ínfimo: apenas un 0,7% de la población, la tasa más baja excepción hecha de Madrid (0,4%)

Emilio Guillén, de 57 años y con distrofia muscular, pone rostro a la cifra mareante de dependientes que claman por una efectiva aplicación de una ley que, sobre el papel, dulcificaría la situación que sufren ellos y sus familias. Esta norma, aprobada en vísperas de las pasadas elecciones por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce a las personas en situación de dependencia y les asigna diferentes tipos de prestaciones. Pero estas ayudas parecen tardar en llegar a la Comunidad Valenciana. Durante meses, Emilio, con escasa movilidad dado lo avanzado de su enfermedad, solicitó su reconocimiento. Hace tres fue examinado pero todavía ignora cuál ha sido la resolución y, por tanto, si tiene derecho a algún tipo de ayuda.
La consejería de Bienestar Social, que dirige Juan Cotino, declinó valorar los datos manejados por el Ministerio de Educación y Política Social que retratan la escasa aplicación de esta ley. Según estos indicadores, hay 12.115 personas a las que se ha reconocido que su grado y nivel de dependencia está amparado por la ley y se les ha concedido la prestación que les corresponde (ya sea en una residencia, ayuda a cuidadores familiares o centros de día, entre otras). Sin embargo, hay otras 13.331 personas a quienes, pese a reconocérseles también su situación como dependientes, aún no se les ha elaborado el correspondiente plan individual de atención (PIA) en el que se fijan las ayudas. Además, hay 5.165 expedientes no resueltos entre los que hay personas que ya deberían recibir ayudas.
La demora, explica Salvador Roig, portavoz de CC OO en la comarca de L'Alacantí, se debe, en parte, a la falta de personal para realizar las baremaciones. El retraso en la tramitación de los expedientes ha sido denunciado por los dos últimos titulares de la Sindicatura de Greuges, Emilia Caballero y Carlos Morenilla. Los afectados reclaman la urgencia de estas valoraciones con el fin de que los grandes dependientes y los dependientes severos puedan disfrutar de estas ayudas. De no ser así, muchas llegarán tarde. CC OO alerta también de que los colectivos más gravemente afectados y con una situación de dependencia severa "no están siendo, en su mayoría, objeto de prestación de servicios". El sindicato denuncia que el Consell no está desarrollando el catálogo de servicios. El único que ha crecido espectacularmente (de una persona a 1 de octubre a 3.489, a 1 de diciembre) son las prestaciones al cuidador familiar, es decir, las menos dotadas económicamente y las menos profesionalizadas, según CC OO. Otro de los servicios que tampoco está prescribiendo Bienestar Social es el recurso de ayuda a domicilio y el del asistente personal, el más demandado por la población. La organización hace hincapié en que la configuración de una red de dispositivos para la atención a la dependencia no solamente es beneficiosa para este específico colectivo sino que resulta un sector estratégico por su potencialidad para crear empleo e infraestructuras. Esta red de servicios generaría, según el sindicato, un formidable número de puestos de trabajo.
Otro de los aspectos que muestran las estadísticas del Gobierno estatal es que la Comunidad Valenciana sigue a la cola entre los solicitantes de ayudas a la dependencia. El Ministerio que dirige Mercedes Cabrera, estima que el 11% de la población valenciana es dependiente pero sólo 34.145 personas (el 0,7% de los cinco millones de valencianos) han cursado su solicitud. Los teóricos beneficios de esta ley, por tanto, apenas tienen incidencia en la Comunidad Valenciana porque el grueso de los dependientes ni siquiera ha solicitado sus prestaciones. Salvador Roig atribuye el bajo porcentaje de solicitudes de los afectados a la desinformación y a la nefasta gestión que ha hecho el ejecutivo de Camps.
Primero fue el propio José Luis Rodríguez Zapatero quien acusó a la Comunidad de Madrid de boicotear la ley, extremo que posteriormente han denunciado también los trabajadores sociales de la Comunidad Valenciana. Los últimos en echarse a la calle han sido los propios afectados para exigir la aplicación de la norma.

Asistencia letrada gratuita

La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Alicante ha llegado a un acuerdo con el Colegio de Abogados de la capital para la puesta en marcha de un turno de oficio que asesorará gratuitamente a los dependientes, en espera de ser valorados o a expensas de la asignación de la prestación, y les representará en caso de iniciar un recurso contra la Administración por la vía contencioso administrativo.
Emilio Guillén, miembro de la plataforma, arguye que de esta manera todos los afectados podrán recurrir a la vía legal "para exigir a la Generalitat que cumpla la ley" sin estar condicionados por los costes que les acarrearía la contratación de un abogado particular. El turno comenzará a funcionar, según Guillén, a partir del mes de enero, si bien todavía ignora el número de letrados inscritos en el mismo.
Por otra parte, ayer, la secretaría autonómica de Autonomía Personal y Dependencia informó de que 7.648 personas mayores dependientes están recibiendo ayudas económicas por la atención y asistencia que reciben de cuidadores no profesionales en su entorno familiar por un importe de 11,58 millones de euros. Del total de ayudas gestionadas, según el Consell, el 78% corresponde a mayores dependientes y el resto a discapacitados. Las prestaciones económicas oscilan entre los 180 y los 590 euros mensuales.
La Ley de Promoción de la autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia incluye prestaciones que van destinadas a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: El país.com

Esta es la realidad de mi vecina Lola

MARÍA DOLORES BARAHONA SÁNCHEZ ESTÁ PENDIENTE DESDE HACE UN AÑO DE UNA PRESTACIÓN YA APROBADA
«Tengo que pedir en la calle porque la ayuda de la Ley de Dependencia no llega»

Sufre una parálisis cerebral, vive en silla de ruedas y precisa una atención continua
La Junta reconoció su grado severo en septiembre del 2007

Los vecinos de Arturo Eyries conocen bien a Lola. Postrada en una silla de ruedas desde su infancia, con la postura retorcida por su incapacidad, muy limitada en sus movimientos y una sonrisa muy amplia. Esa es Dolores Barahona. Quién no la ha visto recorrer la calzada de la Avenida de Medina del Campo, en su barrio, sin poder subirse a la acera por falta de bordillos rebajados. Los coches la sortean cada día y ella trata de protegerse con un chaleco reflectante colocado en el respaldo de la silla.
Pese a que su cuerpo la abandonó desde su nacimiento, Lola tiene una buena cabeza y sabe defender sus intereses. Vivir con la sola compañía de sus gatos y perros y con una discapacidad muy severa requiere ayuda social y Lola buscó refugio en al Ley de Dependencia ya en mayo del 2007. Aún espera. Y mientras espera, cuando su pensión no cubre los gastos, tiene que salir a la calle con su tarro a pedir, «estoy unas cuatro horas». «Hay gente que sí te ayuda y otra, pasa, hay de todo, pero a veces no tengo más remedio que salir a pedir». La calle Santiago o la salida de peatones del aparcamiento de Recoletos, «es que ahí se está más calentito», son algunas de las paradas de Dolores. «Tengo que salir a la calle a pedir porque no me llega la ayuda de la Dependencia, hace más de un año que me reconocieron el derecho a una prestación económica pero no la cobro todavía».
Una parálisis cerebral neonatal con retraso psicomotor y trastorno de ansiedad son parte del diagnóstico que recoge el informe de salud para la prestación social. Grado III, nivel 1, califica su expediente. Una discapacidad para la que la ley recoge derechos desde su primer año de aplicación. Lola presentó su solicitud el día 11 de mayo del 2007, el Ceas hizo su valoración en septiembre de ese año y las últimas noticias son del pasado día 9: «Me dijeron que mi ayuda era muy problemática y que todavía no tenían ni hecha la carta que me tienen que mandar a mí». Un informe del pasado mes de abril recogía que Lola «tiene reconocida la necesidad de ayuda de una persona con carácter permanente». No llegó. El pasado mes de octubre, realizaba el plan individual y elegía la prestación económica de asistencia personal, contempla el documento 546 euros en el 2007 y 568, en el presente año. No llega.
Huérfana y 'mileurista'
Hace años que es huérfana, su madre murió en 1975 y su padre, en 1989 y sólo tiene unos primos en Marsella. Dos pensiones logran sumar un salario 'mileurista' para esta mujer de 63 años, toledana aunque afincada en Valladolid desde 1975. Sin embargo, las cuentas no salen. La persona que la cuida cobra 650 euros mensuales y se ocupa de Lola desde que se levanta hasta que reposa en la cama. La asea, la viste y cuida y le ayuda en su vivir diario. El 'catering' del Ayuntamiento le sirve comidas y cenas. Suma 20 euros al mes y, otros tantos, la señora de este mismo servicio que dos días a la semana limpia la vivienda. La hipoteca de la casa exige 186 euros.
Lola sobrevive así a los gastos cotidianos, sin caprichos: «Hace mucho que no sé lo que es eso», pero no a los extras y, cuando llega el impuesto del IBI y no lo paga porque no tiene dinero, pierde la subvención municipal para utilizar un taxi adaptado que le permite ir al médico o resolver trámites. Así que Lola recibió la caridad de sus vecinos para pagar el impuesto y ahora recorre las calles con su tarro para pedir y lograr devolver lo que considera sus deudas. Amigos, muchos. Una protectora de animales le facilita la comida para sus seis gatos y tres perros y un veterinario se encarga de «mi familia porque es mi amigo». Algunos vecinos se quejan de que viva con tantos animales pero «son todo lo que tengo y están bien cuidados».
Lola pasa las horas del día «estudiando, leyendo la biblia, pinto cuadros, cuando me apetece, y voy a clase a Juan de Austria, un centro de la ONCE. «Mi profesor está contento conmigo», decide satisfecha. A Lola le gusta conversar pero tiene serias dificultades de habla, aún así logra expresar con claridad sus ideas. «A los que me tienen así les diría que vivan un mes, un solo mes como yo, a ellos los ponía yo en mi lugar, a ver si entonces tardan tanto y ven tantos problemas en resolver una situación».
No habrá Navidad para Dolores. «Como otra noche cualquiera, pero existe porque nació Jesús». Es muy religiosa. «Soy todo lo creyente que puedo, nunca es demasiado». Esta discapacitada asegura que los Centros de Acción Social (Ceas) funcionan bien y la han atendido, pero que luego todo se ha frenado y «yo necesito esa ayuda para pagar a mi cuidadora y para que tenga seguridad social».
«Hace años y años que no me compro ropa, me la consigue un amigo en los contenedores» y si pudiera concederse un capricho ahora mismo: «compraría un colchón», el que tiene esta viejo y no descansa bien.
La subvención, en enero
La Junta prevé que a principios de año la ayuda económica concedida a Dolores Barahona comience a hacerse efectiva y estudiará además el carácter retroactivo de la misma, en función de que certifique que ha tenido en el pasado tales gastos.
La gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos, destaca que este es un caso «muy difícil porque su vivienda no reunía las condiciones adecuadas para que esta persona fuera atendida en su propio domicilio y ella se niega a ir a una residencia». Marcos destaca que «el caso ha sido atendido, que cuenta con un 'catering', la casa ya está en condiciones dignas y ahora sí cuenta con un cuidador que puede reunir los requisitos adecuados para encargarse de ella, antes no los cumplía para acceder a esta prestación», destaca

Prioridades

Por Cesar Giménez Sánchez_ Málaga

Nunca he apreciado las comparaciones, pero en estos tiempos de vacas flaquísimas, las alusiones a los dispendios de nuestra clase política abundan por doquier y no me resisto a recordar cuando, a finales del mes de septiembre, recibí la ufana llamada telefónica de un buen amigo que me trasladaba la información aparecida en prensa de que el Ayuntamiento de Málaga iba a destinar un millón de euros para eliminar las barreras arquitectónicas que a tantas personas con movilidad reducida nos dificultan el discurrir por las calles de las ciudades.
Un poco fatigado y cansado de que se me intente, desde mi entorno más cercano, hacer comulgar con ruedas de molino, repliqué que ese mismo día yo haba leído que los concejales de las principales ciudades españolas iban a rebajar en 2.100.000 sus gastos de protocolo y dietas. Tras un exabrupto, mi indignado amigo exclamó que eso sólo lo hacen los que se aprovechan de sus votantes.
Pero esto sucedió hace meses, cuando oficialmente la palabra crisis era todavía un tabú para nuestros gobernantes. Después se han publicado noticias tan sangrantes como la de la 'Capilla Sixtina' de Ginebra, ciertas reformas en el mobiliario de algún despacho de algún alto cargo (más bien alta carga), y otras infames demostraciones de la abundancia de unos pocos privilegiados frente a la palpable escasez de la inmensa mayoría.
Mientras, el Ayuntamiento de Málaga nos ha ahorrado más de un 20% en el gasto de la iluminación navideña al usar bombillas de bajo consumo. En la decoración navideña de estas fiestas entrañables, el Ayuntamiento de Málaga ha utilizado 1.000.000 euros, igualando la cantidad que se empleará en 2009 para eliminar las molestas barreras arquitectónicas

Fuente: Sur.es

Capaces de defender sus derechos

La avanzada legislación española sobre discapacidad deberá adaptarse a la Convención de las Naciones Unidas, vigente desde mayo

MANU MEDIAVILLA COLPISA. MADRID

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad tendrá el próximo miércoles dos caras para ese colectivo de 4,12 millones, el 9% de la población española. Una «muy óptima», derivada de la entrada en vigor en mayo de la Convención de las Naciones Unidas sobre sus Derechos, que hace obligatorio su cumplimiento y transposición a la legislación nacional. Y otra de grave malestar por el sistema «recaudatorio» de copago para la dependencia acordado el pasado jueves por Gobierno y comunidades autónomas, que será recurrido ante los tribunales por el Cermi, la plataforma que representa a sus más de 4.000 asociaciones y entidades.
Aunque el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) basará su protesta legal en un defecto de forma sobre el insuficiente rango normativo de lo pactado, su queja de fondo es muy severa. El sistema acordado, se lamenta, penalizará sobre todo a quienes más se han esforzado por alcanzar una vida autónoma, de participación e integración. Frente a su demanda de una aportación máxima del 80% de la capacidad financiera de la persona dependiente afectada, el acuerdo oficial eleva el tope al 90%. Y frente al reclamo de una exención de pago para rentas inferiores a 2,5 veces el llamado IPREM (Índice Público de Renta de Efectos Múltiples), la cantidad pactada no pasa de 1 IPREM, que supone 516,90 euros.
Roser Romero, secretaria de organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), considera que lo acordado va «contra el espíritu con que se hizo la Ley de Dependencia» y no cuadra con su propósito de ser el cuarto pilar del Estado de Bienestar, porque «para el resto no se pide ese nivel impositivo y de participación tan elevado». En tales condiciones, advierte, a muchas personas dependientes con discapacidad «las van a poner por debajo de los niveles de pobreza».
La otra cara del 3 de diciembre sí va a ser de celebración, como queda en evidencia desde su propio lema: 'Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Dignidad y Justicia para todos'. Dos conceptos que la directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino, sitúa «en la dimensión de los derechos humanos» y en un nuevo «marco protector y garantista» que exigirá una «revisión del ordenamiento jurídico». España tiene «una de las legislaciones más avanzadas» en ese ámbito (Ley de Integración de Minusválidos de 1982, Ley de Igualdad de Oportunidades de 2003, Ley de Dependencia de 2006), por lo que «no habrá que modificar demasiadas leyes».
Pero de todos modos, subraya, «deberá tratarse la discapacidad de forma transversal» en todas las políticas públicas y normativas.
Firmada ya por 136 países y ratificada por 41 (79 y 25 Estados han dado ese doble paso con su Protocolo Facultativo) , la Convención «va a tener más calado del que se espera». Así lo cree Ana Peláez, comisionada de Género del Cermi e integrante del Comité de Seguimiento de 12 personas elegido por la ONU para «velar por que la Convención se aplique adecuadamente en los países que la ratifiquen». Además, remarca, ese órgano de control podrá recibir «quejas individuales de quienes sientan vulnerados sus derechos contra los países que, como España, han ratificado ya el Protocolo adicional».
Directiva europea
El Cermi participó doblemente en los trabajos preparatorios de la Convención, primero a través del movimiento de discapacidad y en la fase final como parte de la delegación oficial española. Peláez pudo hacer realidad así el lema del movimiento asociativo de «nada para nosotros sin nosotros», y su aportación permitió incluir un artículo específico para proteger a dos grupos especialmente vulnerables como la infancia y la mujer con discapacidad. El carácter vinculante de ese tratado internacional ha hecho que el Consejo Nacional de la Discapacidad asuma funciones para supervisar su cumplimiento.
La integrante española del Comité de Seguimiento de la Convención considera necesario un «organismo nacional independiente para hacer valer su opinión respecto a su aplicación», condición que reclama el Cermi. Y «una Directiva europea específica sobre Derechos de las Personas con Discapacidad» . Aunque el colectivo está ya presente en la Directiva contra la discriminació n, Peláez rechaza varios apartados que «no se adaptan a la Convención», sobre los que se han «presentado consideraciones que, de no ser asumidas, preferimos que se deje fuera a la discapacidad» .

Fuente: Norte de Castilla

El Fiscal renunció a un testigo clave.

El Supremo anula la condena impuesta al padre del bebé que quedó tetrapléjico por una paliza

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo se ha visto obligado a anular la condena a diez años y seis meses de cárcel que le fue impuesta en septiembre de 2007 por la Audiencia Provincial de Barcelona a Nilton V.Z. en relación con las lesiones presentadas por su hija Urpi, que con apenas dos meses de edad ingresó en un hospital con graves lesiones que le produjeron déficit de visión, tetraparesia y deterioro de funciones cerebrales.

Califica de "lamentable" que las acusaciones renunciaran a una testigo clave durante el juicio, lo que aboca a la absolución por falta de pruebas.

En alto tribunal reprocha tanto a la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de Cataluña, que no apuraran la investigación de las pruebas y renunciaran al testimonio de la tía de la víctima, quien quedó encargada del cuidado de la pequeña, junto al padre, mientras la madre permanecía ingresada por una pancreatitis.

"El lamentable resultado de impunidad e una conducta grave y especialmente odiosa como la de esta causa (...) suscita la pregunta de si las actuaciones apuraron realmente la investigación de los elementos de cargo y en particular de si fue razonable su renuncia a la testigo aludida", razona la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez.

Los hechos se produjeron entre octubre y noviembre de 2004, cuando la niña, nacida el 26 de agosto de ese año, fue ingresada en el hospital Sant Pau de Barcelona con numerosos hematomas y fracturas e hidrocefalia externa, lo que requirió dos intervenciones quirúrgicas y su ingreso en la UCI. Se apreciaron además lesiones antiguas (fracturas costales y del occipital) que no habían sido apreciadas en revisiones pediátricas anteriores.

GRAVES SECUELAS

Como secuelas, al bebé le quedó deterioro de las funciones cerebrales, requiriendo dependencia absoluta de otra persona, déficit de visión en ambos ojos y tetraparesia espástica de predominio de miembros inferiores, además de perjuicio estético "importante". La pequeña quedó bajo la tutela de la Generalitat de Cataluña.

Fueron procesados los padres de la pequeña, si bien la Audiencia de Barcelona absolvió a la madre porque durante el periodo en el que se produjeron las lesiones se encontraba hospitalizada.

La tía nunca fue procesada, mientras que el padre fue encontrado responsable de tres delitos de lesiones con las agravantes de parentesco y de ser la víctima menor de doce años, a tres penas de tres años y seis meses de cárcel. Se descartó el delito de homicidio en grado de tentativa.

En los fundamentos jurídicos de la sentencia, el Supremo también afea al tribunal de instancia que no imputara a la tía de la niña, puesto que las lesiones también podrían habérseles atribuido, ya que el padre alegó que la mujer quedaba a cargo del bebe cuando él salía a trabajar o a visitar a su esposa en el hospital.

La Audiencia de Barcelona lo justificó alegando que el padre debería haberse percatado entonces de las lesiones, si bien el Supremo destaca que el hombre carecía de cualificación técnica para ello, a lo que hay que sumar que hubo fracturas que no fueron detectadas por el propio pediatra.

"No hay ningún dato probatorio que permita pasar de la afirmación de que Nilton pudo haber sido autor de los traumatismos a la concreta atribución de responsabilidad del fallo", dice la resolución, por lo que absuelve al padre "por un claro déficit de racionalidad" de la sentencia.

"Por más que repugne la idea de que lesiones de esta entidad, perpetradas además sobre una niña de cortísima edad, puedan quedar impunes, lo cierto es que la vigencia del principio constitucional de presunción de inocencia, en una situación de precariedad probatoria como la de esta causa, y la imposibilidad objetiva de salir ya de ella, hace que no exista otra alternativa practicable", concluye el Tribunal Supremo.

Dudosa la protección de nuestros niños y niñas

Artículo 7.2 de la Convención de las personas con discapacidad Niños y niñas con discapacidad.

En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.

No parece que lo estén cumpliendo

Los padres de un niño autista de Vigo luchan por evitar el traslado a un centro de educación especial

El pequeño, de 11 años, lleva dos meses sin escolarizar. Sacó adelante los útlimos cursos en un aula especial del colegio Carmelitas y sus progenitores creen que la decisión de la Xunta de cambiarlo de centro solo conseguirá desocializar a su hijo.

Los padres de un niño menor autista de Vigo que lleva dos meses sin escolarizar han pedido hoy a la Xunta que deje que su hijo continúe sus clases en el colegio de siempre y no en un centro de educación especial, como ha determinado la Consellería de Educación. Así lo exigió hoy, en declaraciones a Efe, Cecilio García, el padre del pequeño de 11 años, quien afirmó que la decisión «unilateral» adoptada en base a un informe de valoración del pequeño y comunicada por el delegado provincial de Educación lo único que conseguirá es «desocializar» a su hijo.
El menor lleva nueve años estudiando en el colegio María Inmaculada Hermanas Carmelitas de Vigo, en donde hay habilitada un aula especial para niños autistas y en la que también están matriculados otros pequeños con este tipo de discapacidad. «Sólo queremos que nuestro hijo vaya al colegio de toda la vida, al que también va su hermano y sus primos», explicó García, quien señaló que fue en agosto cuando el delegado provincial de Educación les comunicó que el pequeño tenía que escolarizarse en el centro privado de Educación Especial Menela de Vigo.
García aseguró que el pequeño ha sacado adelante el último curso con normalidad y que sólo tiene problemas de «socialización con los demás y consigo mismo», pero que eso forma parte de su discapacidad. Indicó que no piensa «desadaptar» a su hijo llevándole a otro colegio, sobre todo, teniendo en cuenta que nunca ha tenido problemas de integración, sólo problemas lógicos de su discapacidad, pero no en el ámbito formativo.
«Queremos socializarle, pero no excluirle», subrayó el padre del menor autista, quien agregó que la decisión de la Consellería de Educación sólo lo «excluiría». García afirmó que tanto él como su mujer son conscientes de la discapacidad que padece su hijo pero que, desde el principio, decidieron que fuera a un colegio normal.
Los padres del pequeño han dirigido varias peticiones a los máximos responsables de Educación pidiendo que esa exigencia de llevar al niño al centro privado de Educación Especial quede desestimada. Ante la negativa han acudido también al contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, por el momento, no ha contestado. Según el padre del menor, «si las cosas se tuercen» podrían enfrentarse a la actuación de Asuntos Sociales o de la Fiscalía de Menores.
«Mi hijo echa de menos su colegio y sus clases», apuntó el padre, quien relató que desde una ventana de su casa el menor ve cada día a sus compañeros del colegio y todavía no entiende que él no esté en el centro como siempre.

Fuente: La voz de Galicia

El Youtube de la Diversidad Funcional se pasa al español

La web de vídeos hechos por personas con discapacidad Webbytalent, http://www.webbytalents.com/ ya está en español.
Con sólo pulsar en una pestañita la información de la web pasa del inglés al castellano.

De este modo, la página se ha hecho más accesible para las personas sordas de España y Latinoamérica, algo que encaja a la perfección con la filosofía de la web: "Todos podemos ser un agente de cambio y contribuir a una mejor integración de la discapacidad en la sociedad".

Según los propios gestores de Webbytalent, su objetivo es crear un lugar en el que todas las personas con discapacidad "puedan expresarse, aprender, compartir sus experiencias" y al mismo tiempo ofrecer una visión positiva de la discapacidad mostrando los logros de estas personas.

Es por ello que piden al colectivo que envíen vídeos en los que muestren sus talentos, sus intereses o cualquier cosa que esté relacionada con el mundo de la discapacidad.

La dirección es team@webbytalent. com

Llevado a la bancarrota por Bankinter quienes recogieron uno de los premios CERMI 2005

Un tetrapléjico de Lugo pierde 130.000 euros con la quiebra de Lehman
El banco promete ofrecerle una solución.

Dolores Cela 31/10/2008

El lucense Diego Moldes Soto es uno de los múltiples afectados por la quiebra de Lehman Brothers. Su caso, sin embargo, es especial, dado que los 130.000 euros que perdió procedían de la indemnización que le pagaron por un accidente de tráfico que lo mantiene en una silla de ruedas desde los 19 años, como consecuencia de una lesión medular irreversible. Ahora, con 25, asegura que ya no tiene asegurado el futuro de su familia, que fue lo que pretendía cuando, poco después de cobrar el dinero del accidente, visitó varios bancos para asesorarse sobre inversiones.

Entre otras entidades acudió a Bankinter, pidiendo lo mismo que en el resto: una rentabilidad que le garantizara unos ingresos para mantener a su familia, en una inversión segura. «Yo no quería jugar -asegura el joven- lo único que pretendía, ahora que no puedo trabajar, era asegurar el futuro de mis dos hijos de cuatro y diez años, y ahora estoy sin nada».

El banco, enterado

Fuentes de Bankinter explicaron que el director territorial de la entidad se pondrá en contacto con el joven para ofrecerle una solución «extraordinaria para un problema extraordinario». «El gestor -asegura Moldes- me dijo que iba a meterme el dinero en un sitio seguro». «Yo no sabía -añade- que iba a ir a parar a Lehman Brothers. No sé nada de bolsa ni de inversiones».

Diego Moldes insiste en que estaba tranquilo hasta que un familiar le preguntó si no tenía su dinero en un banco americano. «Llamé al gestor y me confirmó que me había quedado sin él». «Me dijo que si me si finalmente me quedaba algo podía darme por satisfecho. Se comprometió a irme avisando de las novedades, pero no volvió a ponerse en contacto conmigo. Lo llamé varias veces y nunca se me puso al teléfono».

El asesor legal de Moldes, José Luis Fiuza, está dispuesto a llevar este caso a los tribunales y asegura que tiene base para ello. Insiste en que el gestor de Bankinter le dio a firmar a su cliente un documento en blanco, en este caso una orden de compra, extremo que el banco niega, asegurando, además, que este procedimiento no se utiliza «jamás».

Documento en blanco

Según Fiuza, en el documento, que insiste que su cliente firmó en blanco, figura la compra de bonos de Lehman Brothers, cuando en realidad invirtieron el dinero en otro producto, «de inferior calidad».

«En lo que parece que no hay duda -apunta el letrado- es en que Diego Moldes depositó su confianza en el banco y lo perdió todo, en tanto que la entidad cobró la comisión y obtuvo una rentabilidad que duplicaba a la de otros productos». Moldes asegura que desde que se enteró de que ha perdido el dinero no duerme y sufre frecuentes dolores de cabeza. «Menos mal -apunta- que solo metí una parte de la indemnización porque si llego a invertir todo ahora tendría una soga al cuello».

El joven quiere que le devuelvan su dinero y recomienda desconfiar de los bancos. Fuentes de la entidad, por su parte, insistieron en que se enteraron del caso ayer mismo y que el lunes próximo el director territorial se pondrá en contacto con Moldes para buscar una solución.

Fuente La voz de Galicia

Un centenar de personas piden mejoras para los discapacitados.

Alrededor de un centenar de personas tomaron ayer la calle Larios y la Plaza de la Constitución de Málaga capital para reclamar la mejora de las condiciones sanitarias y laborales de los miles de ciudadanos que padecen algún tipo de minusvalía, ya sea física o sensorial. La manifestación, que a mediodía de ayer recorrió parte del centro histórico de la ciudad, estuvo organizada por un variado número de asociaciones, como el Foro Vida Independiente y la Asociación Malagueña de Artritis Reumatoide (Amare). Entre los asistentes, destacó la presencia del concejal de Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, y del edil de IU Antonio Serrano.

La marcha estuvo encabezada por una pancarta en la que se podía leer Derechos Humanos, ya, a la que se unieron otros mensajes reivindicativos como Igualdad de Oportunidades, Pensiones Dignas, ya y Asistentes Personales. Todos ellos resumen las reclamaciones principales de estas personas, entre las que había enfermos de artritis, personas con problemas de movilidad y sordos, entre otros.

La vicepresidenta de Amare, Casi Ordóñez, destacó que con la concentración de ayer, repetida antes en otras ciudades del país, se quiere lograr que se acepte "la diversidad funcional y la igualdad de derechos para todos". Una de las integrantes de la manifestación, Rosa Murcia, denunció la escasa atención que se presta hacia las personas con minusvalía física y subrayó que "tras dar muchas vueltas" por el centro no encontró un solo servicio adaptado.

En esta misma línea, Joaquín Mora, del Foro Vida Independiente, se quejó de esto mismo y denunció la nula aplicación de las leyes que persiguen integrar en el ámbito laboral a las personas con minusvalía. Joaquín, en una silla de ruedas desde hace siete años, admite que es ahora cuando realmente percibe los problemas que tienen las personas con movilidad reducida.

Fuente: Málaga hoy