Los usuarios de la Ley de Dependencia pagarán 70 millones más por el IVA
Publicado el 06-10-2009 , por M. Tejo. Madrid 
La subida fiscal iba a ser “limitada”, “redistributiva” y “beneficiosa” para el trabajador. El papel de regalo con que el Gobierno ha envuelto la última subida de impuestos es un axioma tan ilusionante como incierto.
A partir de julio, no sólo se encarecerá el precio de la ropa, el calzado o las facturas básicas de la luz y el teléfono como consecuencia de la subida del tipo general del IVA hasta el 18%. También lo harán los servicios sociales que promueve la Ley de Dependencia y que, como es conocido, demandan en su mayoría las personas retiradas y con bajos ingresos.
En concreto, el alza de un punto del IVA reducido que grava estos servicios –hasta el 8%– dejará una factura extra por enfermo de 104,95 euros anuales. En conjunto, Hacienda recaudará gracias a sus aportaciones 70 millones.
La Ley de Dependencia inauguró en 2007 el derecho subjetivo de todo ciudadano a ser atendido por el Estado cuando no pueda desarrollar una vida normal por sí solo. Este objetivo ambicioso se traduce en algo parecido a una segunda Seguridad Social, pero con costes para el usuario y, por supuesto, menos extensa. El Estado trata de aliviar al máximo los pagos a los más graves, mientras el resto aporta un copago por las ayudas que oscila entre el 20% y el 30% de media.
Desde este contexto, la Fundación BBVA señala que cada afectado invierte anualmente 10.495,24 euros para costear su enfermedad (el cálculo tiene en cuenta un mix de cuidados idóneos; por ejemplo, una plaza de residencia en el caso de los más graves o ayuda a domicilio para los menos). El Imserso, dependiente de Trabajo, nunca ha facilitado una cifra al respecto debido al galimatías estadístico que impera en las diecisiete autonomías que cofinancian el sistema público.
El caos organiztivo ha llegado al punto de que ni siquiera se sabe con certeza cuántos enfermos reciben de facto las ayudas. Según Sanidad, a fecha de septiembre 600.000 personas tienen el derecho reconocido a cobijarse bajo este paraguas, pero ignora cuántas están en realidad protegidas.
El sector y las asociaciones de afectados elevan la cifra a cerca de un millón. La causa: para acallar la presión popular las autonomías han optado por meter en el saco de beneficiarios tanto a los que gracias a la Ley de Dependencia han conseguido una ayuda social como a los que ya venían recibiéndola antes, y dar así apariencia de celeridad.
Desde la Asociación empresarial de Servicios a la Dependencia (Aeste) –que engloba a Mapfre, Sanitas o Caser, entre otras– advierten de que el incremento del IVA reducido encarece en 50 millones las plazas residencias; en 10 millones la red de cuidados que se dispensan en la casa del enfermo, y en más 900.000 euros la teleasistencia (progama de atención a emergencias).
Para Alicia Azaña, gerente de Aeste y miembro de la directiva de CEOE lo “evidente” sería que las administraciones revisaran al alza las tarifas que pagan para concertar plazas.
Aunque los ayuntamientos no están por la labor. Ocho de cada diez licita plazas hasta un 20% por debajo del precio del mercado. Córdoba, Barcelona, Santander, Palma de Mallorca son algunos ejemplos, según revelan los informes de Deloitte al respecto. Además, esta es la principal razón de que la larga lista de personas que esperan su plaza de residencia.
Pero ahí no queda todo. La artimaña explica a su vez esta otra: que el 40% de las ayudas se dispensa vía pagos monetarios –una solución que debería ser “marginal”, según la Ley– en vez de procurar verdaderos servicios sociales.
El Ejecutivo se cobra sus ‘guiños’ a los pensionistas
· Mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, un semillero que forman más de ocho millones de personas, es una de las obsesiones más visibles del Ejecutivo socialista.
· El Presupuesto del Estado para 2010 contempla una subida general de las pensiones de entre el 1% y el 4%. En concreto, las de jubilación crecerán un punto.
· Actualmente, la cuantía media que recibe un español retirado (el núcleo duro de los atendidos por la Ley de Dependencia) asciende a 857,38 euros mensuales. Si el Ejecutivo aprueba sus cuentas, el próximo año dicha cantidad aumentará en 102,8 euros.
· Precisamente, este incremento es similar al gasto extra que deberán afrontar los ancianos para preservar su plaza residencial cuando entre en vigor la subida hasta el 8% del tipo del IVA reducido.
· Las asociaciones sanitarias acaban de despertar a esta realidad. A propuesta de la Unión Catalana de Hospitales han unido su voz para pedir un IVA súper reducido (del 4%) en la compra de bienes de los centros sanitarios y para los gastos en atención a los dependientes. El próximo año, el sistema sanitario público pagará 1.756 millones sólo en concepto de IVA.
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