Otra cara de la falsa moneda que se dio en llamar Ley de Dependencia

A los geriátricos no les salen las cuentas

Denuncian que las ratios para acreditarse con la Junta les obliga a contratar a más especialistas

30.11.09 - 03:39 - AMANDA SALAZAR | MÁLAGA.

 

Las pequeñas residencias privadas de ancianos en Málaga tampoco llegan a fin de mes. Denuncian que para conseguir la acreditación de la Junta de Andalucía, que permite a sus usuarios solicitar las ayudas de la Ley de Dependencia, la normativa vigente les exige profesionales más especializados pero, como contrapartida, disponen de menos margen para contratar a personal de atención directa y administrativo.

«Se establece que debemos contar en plantilla con un médico, un trabajador social, una persona de terapia ocupacional y un fisioterapeuta para dar más calidad a las personas mayores que atendemos, pero tenemos el mismo presupuesto que antes, con lo que, si contratamos a estos trabajadores, perdemos a gerocultores y auxiliares, que son los que están a pie de cama con los ancianos, así como a limpiadores, lavanderos, cocineros y pinches imprescindibles para el buen funcionamiento de las residencias», indica José María Escobar, presidente de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Málaga (Artema). «Una gran empresa podrá asumir el gasto extra, pero para una pequeña, que son las más numerosas, supone la ruina», prosigue.

La difícil situación que atraviesan las residencias de pequeño y mediano tamaño se ve claramente con el ejemplo de una residencia para 50 mayores. La ley de 2007 fija como mínimo que cuente con 25 empleados: quince gerocultores, dos enfermeros y un empleado de atención directa a tiempo completo y con un fisioterapeuta, terapia ocupacional y un trabajador social a media jornada. Quedan otros cuatro empleados que deben atender la cocina, la limpieza de dormitorios, baños y salas de estar, el lavado de sábanas y ropa y las labores administrativas en varios turnos los 365 días del año. «Nos han convertido en centros hospitalarios y imponen tener un médico en plantilla cuando lo normal es que si alguno de los ancianos se encuentra mal, se le lleve al centro de salud», dice Escobar.

La delegada de Bienestar Social, Amparo Bilbao, indica que el objetivo es dotar de mayor calidad en la atención a estas entidades y recuerda que la Junta no obliga a ninguna residencia privada a acreditarse y que es una opción completamente voluntaria. «Los ancianos nunca habían estado tan atendidos como ahora, y esa debe ser la prioridad», asevera.

Credenciales necesarias

Desde Artema explican que la Ley de Dependencia les ha empujado a todos a acreditarse y a asumir la transformación de plantillas y de sus edificios para que sus usuarios puedan acogerse a las subvenciones. «Nadie va a pagar de su bolsillo una plaza en una residencia cuando la Junta puede pagarle una parte, así que si nosotros no tenemos plazas concertadas, se cambian a una residencia que sí las tenga», añade Escobar. Según los datos facilitados por la delegación, el 75% de las plazas que oferta la Junta de Andalucía con la Ley de Dependencia están en residencias privadas. Las camas concertadas suponen el 23% de la oferta en estos geriátricos, que cuentan con unas 7.000 plazas, según Artema.

Bilbao, por su parte defiende que la ratio no ha variado con respecto a la ley anterior, de 1997, y que sigue manteniéndose en un empleado por cada dos ancianos. Para Escobar, sin embargo, antes existía otro grupo de mayores, denominados como 'válidos' por la antigua ley porque tenían mayor autonomía, que sólo precisaban de un empleado por cada cuatro personas y que ahora desaparece. «Con la Ley de Dependencia, todos los que llegan necesitan mucha atención, así que en realidad tenemos que incrementar la plantilla», dice.

Para Artema, la solución pasa por revisar los precios que la Junta está pagando por plaza concertada. «Actualmente, pagan unos 1.463 euros mensuales y por persona, 47,21 euros al día; nosotros calculamos que para asumir las ratios que piden y mantener la calidad en todos los servicios, serían necesarios 60 euros. La propuesta para aumentar los precios ya está sobre la mesa. Queda por delante una dura negociación.