II Jornada de Defensa Jurídica de la Discapacidad 
El CERMI quiere promover una cultura de defensa jurídica activa
El Consejo General del Poder Judicial participó activamente en esta segunda jornada, que acogió en su sede, en la cual se habló de la necesidad de impregnar la discapacidad con una cultura de defensa.
Tal y como aseguraba Luis Cayo Pérez Bueno: “Vamos conformando un cuerpo jurídico amplio, por lo que el movimiento de la discapacidad tiene que incidir en extender una cultura de defensa jurídica activa, como prioridad para el futuro”
La jornada comenzó con la intervención del presidente del CERMI,quien dio paso a las demás ponencias y actuó de moderador.
La vicepresidenta del Comité de la ONU y comisionada de Género del CERMI, Ana Peláez, presentó la primera ponencia del día, que versaba sobre las funciones y objetivos del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, Peláez avanzó que el 21 de octubre se celebrará en el Palacio de las Naciones Unidas (Ginebra) el Día del Debate General, organizado con el fin de tratar el igual reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley. El debate tratará de profundizar en el artículo 12 de la Convención de la ONU,que consiste en el derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad: “Este debate busca promover la inclusión y participación de las personas con discapacidad en el acceso a la justicia, por lo que presentará medidas prácticas necesarias para aplicar la protección de este colectivo ante la ley”, añadió la vicepresidenta del Comité de la ONU. Ana Sastre, delegada del CERMI para la Convención de la ONU, presentó la ‘Guía para la Autodefensa de las Personas con Discapacidad’ que según sus palabras: “Pretende orientar, no siendo una guía exhaustiva, a las personas con discapacidad sobre derechos individuales para, así, defenderlos y conquistarlos, y, sobre todo, para hablar en contra de la discriminación”. Y añadió: “La misión del CERMI es llevar a cabo una acción política representativa en defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad, tanto colectiva como individualmente”.
Durante su intervención, Carlos Ganzenmüler, de la Fiscalía General del Estado, analizó la función del ministerio fiscal en la defensa de las personas con discapacidad. Hizo un llamamiento a la reforma urgente de los órganos judiciales y destacó la necesidad de crear organismos multidisciplinares de ayuda especializada en discapacidad.
Explicó, además, que la Convención de la ONU no crea derechos: “Lo que hace es garantizarlos, imponiendo obligaciones a los Estados parte, prohibiendo toda discriminación y promoviendo un cambio en la actitud social”. Ganzenmüler se definió como entusiasta de la Convención y quiso señalar que en la misma se rechaza el modelo rehabilitador y fomenta la
autonomía de la voluntad: “Es una norma viva perfectamente adaptada a la vida diaria”, aseguró.
Las siguientes intervenciones, de la Magistrada María Asunción Perianes y del Director del Servicio de Orientación Jurídica para Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados de Madrid, José Ramón Elías, hicieron también hincapié en la falta de especialización y conocimiento de la discapacidad en el mundo jurídico.
A continuación, se celebró una mesa en la que se expusieron varios casos recientes, como fueron la sentencia de Iberia, que supuso la primera condena por discriminación contra personas con discapacidad en nuestro país, la de la tetería de Huelva, condenada por no querer atender a personas con discapacidad, y la que se encuentra aún en proceso, el recurso
contencioso-administrativo del CERMI contra el acuerdo de ‘copago’ del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Para finalizar la jornada se presentó el libro “Análisis de los desarrollos normativos del SAAD. Estudio comparativo autonómico”, elaborado por la Confederación Autismo España y Landwell – PWC y editada por CERMI Estatal.
El estudio fue presentado por la asesora jurídica de la Confederación Autismo España, Inés de Araoz; y por el abogado de Landwell-PWC, José Miguel López, quien solicitó que se lleve a cabo una uniformidad en los plazos ante la disparidad existente para el reconocimiento de la situación de dependencia y, también, una mayor diligencia por parte de la administración a la hora de trabajar.
Fuente CERMI.es (Edición septiembre 2009)
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