En la misma senda de sus vecinos Brasil y Chile, Argentina comenzó a transitar con paso decidido el proceso para el cierre de los hospitales psiquiátricos y la integración plena de los enfermos mentales a la comunidad.
16/03/2011 IPS
Para iniciar el recorrido, organismos humanitarios, profesionales de la salud mental y familiares de pacientes, pujaron por una nueva ley de salud mental que finalmente fue aprobada por unanimidad a fines de noviembre.
La norma se adecua a los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008. Pero todos los actores involucrados admiten que su puesta en vigor será lenta.
"La ley es apenas un mojón, su implementación va a llevar tiempo", dijo a IPS el director nacional de Salud Mental, Yago Di Nella. "En Brasil y Chile, los países de la región que mas avanzaron en esto, aún siguen trabajando", añadió.
Los familiares de los enfermos tienen la misma percepción.
Luis Piendibene, presidente de la Asociación Argentina de Ayuda a Personas que padecen Esquizofrenia y sus Familias (Apef), declaró a IPS que la ley "es moderna y progresista, pero no es una solución en sí misma".
Piendibene consideró "elemental" tener una ley nacional marco que hasta ahora no existía. "Era increíble que en 200 años de historia institucional nunca se hubiera aprobado una ley que se ocupe de la salud mental", remarcó.
Sin embargo, admitió que para que la ley funcione harán falta "20 ó 30 años de trabajo en equipo".
La nueva norma sostiene que los servicios de salud mental deben estar basados en la comunidad. Promueve el trabajo interdisciplinario con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales del área.
Pero, además, considera el internamiento en un centro sanitario como un recurso excepcional, que debe realizarse en hospitales generales, donde el paciente pueda recibir una atención integral de su salud y por cortos períodos.
Esta decisión generó polémica y rechazo de algunas asociaciones de psiquiatras y directivos de hospitales generales, pero constituye el corazón de la norma, ya que implica el progresivo cierre de los psiquiátricos.
Además de la Apef, numerosas organizaciones apoyan la ley, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o la Federación de Psicólogos de la República Argentina.
Pero otras la rechazan. La Asociación de Psiquiatras Argentinos cuestiona el llamado legal a trabajar en equipo con otros profesionales, pues considera que se quita al médico especialista la responsabilidad última sobre la medicación y el tratamiento del paciente.
Fuente: Discapnet
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