La federación de discapacitados acumula seis despidos improcedentes

 

Fachada de la sede de la Famf en Málaga. | A. Pastor

• La Delegación de Empleo no ha abierto ningún expediente para investigarlo

Marga García | Málaga

Actualizado jueves 13/08/2009 07:46 horas

La Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de Málaga (FAMF) acumula al menos seis sentencias por despido improcedente de miembros de este colectivo que trabajan en el Centro Especial de Empleo. La situación, que por sí misma manifiesta una clara falta de ética de la directiva con sus asociados, se agrava al contar todos estos puestos de trabajo importantes subvenciones de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía, así como de otros organismos públicos como la Delegación de Bienestar Social de la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Málaga, tal y como se puede comprobar en el Boletín Oficial de la Junta y en el Boletín Oficial de la Provincia.

De hecho, los contratos de carácter indefinido para personas con discapacidad cuentan con importantes incentivos de la administración pública para favorecer su integración social . Entre ellas destacan la bonificación de la cuota empresarial de la Seguridad Social cifrada entre 4.500 y 6.000 euros; una subvención de alrededor de 4.000 euros en los contratos a tiempo completo; y una deducción de la cuota del impuesto de sociedades de 6.000 euros por persona y año.

La oleada de despidos ha sido tal que los damnificados por estas decisiones han creado incluso una asociación propia – la Asociación de Discapacitados Físicos AMDIFI– para defenderse de la federación y una página web que han llamado adiosrogandoyconelmazodando.com.

Tres de estos despidos son de la central de Málaga –el informático, un taxista y un contable–; mientras que los tres restantes pertenecen a la filial que la asociación posee en Cártama donde han sido despedidos también improcedentemente el gerente y dos jardineros, según la documentación que obra en poder de este periódico.

Parte de estos despidos improcedentes están reconocidos por sentencia judicial , mientras que en otros casos los trabajadores han aceptado en el acto de conciliación ser despedidos sin llegar a juicio aunque aceptando la Federación que no se ajustaba la decisión a derecho.

Los afectados a través de la nueva Asociación de Discapacitados Físicos AMDIFI dirigieron el pasado 7 de septiembre un escrito al responsable de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía en el que le trasladaron la situación y le informaron que habían cursado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que también obra en poder de este periódico. También denunciaron la existencia de grabaciones en la que responsables de la entidad «presentan condiciones de trabajo abusivos y fuera de la ley , lo que provocó uno de los despidos», reza el documento.

También el sindicato CNT le dirigió el pasado día 13 de abril un escrito al delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Lomeña, en el que le denunciaban y aportaban una de las sentencias del Juzgado número 7 de lo Social de Málaga en la que se reconocía que el despido era improcedente así como que «la directiva de la asociación hacía propuesta de firmar nóminas falsas» .

Pese a que en el escrito le recordaban al delegado que uno de los requisitos 'sine qua non' para acceder a estas subvenciones era no incurrir en despidos improcedentes, el silencio fue toda la respuesta de la delegación . Y eso que en la denuncia que cursaron ante la Inspección de Trabajo la funcionaria que instruyó el expediente concluyó diciendo que «el Grupo Corporativa FAMF S.L– empresa que gestiona la federación– está acogida a la normativa de la delegación de la Junta que concede los incentivos: en este caso la Consejería de Empleo, «siendo la competente para fiscalizar el cumplimiento de los requisitos».

También se reunieron con el delegado de Empleo, Juan Carlos Lomeña, hace aproximadamente un mes sin mejores resultados. De hecho, Lomeña negó la posibilidad de abrir un expediente porque «no hay instrumentos para verificar si se cumplen las normas», según fuentes de total solvencia.

Es más, cuando uno de los dos representantes del colectivo insta a Lomeña durante la reunión a que les dé todas las 'ambiguas' explicaciones por escrito, Lomeña textualmente le dice: «Puedo o no contestar porque tengo derecho a acogerme al silencio administrativo».

Otras de las justificaciones del cargo público para no abrir un expediente de investigación para verificar el uso del dinero público fueron que no se puede inspeccionar a toro pasado porque «la asociación no ha sido advertida legalmente y no se pueden lesionar sus derechos si se les inspecciona»; o «la Ley como todo tiene su interpretaciones, si fuera automática...».

Lomeña dijo a este periódico que no tenía conocimiento de la existencia de despidos improcedentes negando la mayor y declinó pronunciarse sobre un tema que estima no es de su competencia.