Dos familias denuncian que la Ley de Dependencia no llega a sus hogares
Un vecino de Santa Cruz de Tenerife denuncia que los servicios sociales "no ofrecen ayuda y dan poca información sobre la Ley de Dependencia". Critica que cuando llamó por teléfono para pedir cita previa, "además de parecer que yo les molestaba, la administración sólo le dio fecha para volver a llamar".
BEATRIZ GONZÁLEZ, Tenerife
José Miguel, un vecino de Santa Cruz de Tenerife, que cuenta con una minusvalía del 81 por ciento, relató a EL DÍA su malestar por "la falta de información y de ayuda del Gobierno canario cuando llamó por teléfono para informarse de cómo acogerse a la reciente Ley de Dependencia", además de criticar esta norma porque, "aunque lleva 18 meses aprobada, nadie se ha preocupado de ir a su casa a informarlo".
A pesar de que su solicitud está en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desde el pasado mes no ha recibido ningún tipo de respuesta, ni siquiera una solución temporal.
"Sólo cuento con la ayuda domiciliaria que viene tres veces por semana, hora y media cada día".
Debido a su alta minusvalía, José Miguel depende totalmente de su hijo, pues la mayoría de las tareas requieren ayuda externa, por lo que apenas sale de casa. Necesita ayuda hasta para ducharse, ya que "no puedo soltar las muletas", señaló. Insistió en que no puede llevar a cabo una vida normal, ya que sin ayuda no puede hacer nada y "no puedo depender de mi hijo toda la vida".
Pero al parecer, éste no es un caso aislado, pues Hilaria, una mujer de 102 años que también ha reclamado la Ley de Dependencia, tampoco ha obtenido respuesta y es que, cuando comentó a la Consejería que no podía acercarse a la oficina debido a su edad, le pidieron que hiciera un esfuerzo para acudir y en ningún momento se presentaron en su domicilio.
Si ya era poca la incompetencia, cuando el denunciante llamó para pedir cita previa, le dieron fecha para volver a llamar y pedir hora.
Igualmente, protesta por los obstáculos y barreras que les presenta la Consejería de Bienestar Social a la hora de pedir información.
"Parece que les molesta", señaló. Además, continuó explicando, que una vez se consigue que se reconozca el agravamiento de la minusvalía hay que esperar un tiempo mínimo de dos años para volver a ser atendido. "Ahora estoy en ese periodo de espera", relató el denunciante, que tras treinta años trabajando, en la actualidad sólo cuenta con una paga contributiva de 328 euros, que no le alcanza para cubrir las necesidades que reclama.
Recordó que son muchos los que también están sin atender, que además de la situación que están sufriendo deben guardar silencio si quieren mantener sus ayudas.
"En algunos casos, han retirado el servicio de forma provisional a personas que han presentado quejas de este tipo", indicó el afectado, quien subrayó que no quieren dinero, simplemente están reclamando sus derechos.
Declaró que "sólo estoy pidiendo un poco de atención, no sólo para mí, sino para todos los que están en mi misma situación". Asimismo, criticó a los servicios sociales que "están mucho en los despachos, pero luego nadie acude a las casas de la gente impedida", y es que la Ley de Dependencia, ha logrado hasta ahora mucha publicidad, pero poca efectividad.
Sin acuerdos con el Estado
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, informó ayer del aplazamiento, por parte del Estado, de la toma en consideración de los acuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas, en el marco la Comisión Territorial del Sistema Nacional de la dependencia.
La Ministra de Educación y Política Social emplazó a las Comunidades para el mes de octubre, debido a que los agentes sociales mostraron su disconformidad sobre la propuesta del Estado sobre la acreditación de los centros y principalmente sobre la capacidad económica del beneficiario.
Rojas apuntó que "desde el Gobierno de Canarias ya habíamos manifestado la necesidad de que el Estado reglamentara por decreto la capacidad económica del beneficiario para que no se establecieran diecisiete sistemas distintos, uno por cada comunidad".
BEATRIZ GONZÁLEZ, Tenerife
José Miguel, un vecino de Santa Cruz de Tenerife, que cuenta con una minusvalía del 81 por ciento, relató a EL DÍA su malestar por "la falta de información y de ayuda del Gobierno canario cuando llamó por teléfono para informarse de cómo acogerse a la reciente Ley de Dependencia", además de criticar esta norma porque, "aunque lleva 18 meses aprobada, nadie se ha preocupado de ir a su casa a informarlo".
A pesar de que su solicitud está en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desde el pasado mes no ha recibido ningún tipo de respuesta, ni siquiera una solución temporal.
"Sólo cuento con la ayuda domiciliaria que viene tres veces por semana, hora y media cada día".
Debido a su alta minusvalía, José Miguel depende totalmente de su hijo, pues la mayoría de las tareas requieren ayuda externa, por lo que apenas sale de casa. Necesita ayuda hasta para ducharse, ya que "no puedo soltar las muletas", señaló. Insistió en que no puede llevar a cabo una vida normal, ya que sin ayuda no puede hacer nada y "no puedo depender de mi hijo toda la vida".
Pero al parecer, éste no es un caso aislado, pues Hilaria, una mujer de 102 años que también ha reclamado la Ley de Dependencia, tampoco ha obtenido respuesta y es que, cuando comentó a la Consejería que no podía acercarse a la oficina debido a su edad, le pidieron que hiciera un esfuerzo para acudir y en ningún momento se presentaron en su domicilio.
Si ya era poca la incompetencia, cuando el denunciante llamó para pedir cita previa, le dieron fecha para volver a llamar y pedir hora.
Igualmente, protesta por los obstáculos y barreras que les presenta la Consejería de Bienestar Social a la hora de pedir información.
"Parece que les molesta", señaló. Además, continuó explicando, que una vez se consigue que se reconozca el agravamiento de la minusvalía hay que esperar un tiempo mínimo de dos años para volver a ser atendido. "Ahora estoy en ese periodo de espera", relató el denunciante, que tras treinta años trabajando, en la actualidad sólo cuenta con una paga contributiva de 328 euros, que no le alcanza para cubrir las necesidades que reclama.
Recordó que son muchos los que también están sin atender, que además de la situación que están sufriendo deben guardar silencio si quieren mantener sus ayudas.
"En algunos casos, han retirado el servicio de forma provisional a personas que han presentado quejas de este tipo", indicó el afectado, quien subrayó que no quieren dinero, simplemente están reclamando sus derechos.
Declaró que "sólo estoy pidiendo un poco de atención, no sólo para mí, sino para todos los que están en mi misma situación". Asimismo, criticó a los servicios sociales que "están mucho en los despachos, pero luego nadie acude a las casas de la gente impedida", y es que la Ley de Dependencia, ha logrado hasta ahora mucha publicidad, pero poca efectividad.
Sin acuerdos con el Estado
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, informó ayer del aplazamiento, por parte del Estado, de la toma en consideración de los acuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas, en el marco la Comisión Territorial del Sistema Nacional de la dependencia.
La Ministra de Educación y Política Social emplazó a las Comunidades para el mes de octubre, debido a que los agentes sociales mostraron su disconformidad sobre la propuesta del Estado sobre la acreditación de los centros y principalmente sobre la capacidad económica del beneficiario.
Rojas apuntó que "desde el Gobierno de Canarias ya habíamos manifestado la necesidad de que el Estado reglamentara por decreto la capacidad económica del beneficiario para que no se establecieran diecisiete sistemas distintos, uno por cada comunidad".
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