CARLOS LAGUNA La actual situación de desempleo del colectivo de la discapacidad merece un aldabonazo. Sí, en los últimos años, las políticas activas de empleo para personas con discapacidad ha supuesto que buena parte del colectivo haya podido arrumbar definitivamente situaciones de subsidiariedad, no hay que lanzar las campanas al vuelo y tener muy presente que seguimos siendo el penúltimo país de los 27 de la UE en cuanto a mayor tasa de desempleo.
Sería prolijo enumerar aquí las causas de esta inaceptable realidad, pero una, al menos una de ellas, que para nada coadyuva a la tan cacareada, propalada, presumida y nunca alcanzada igualdad de oportunidades, sí la voy a comentar: la nula adaptación de los puestos de trabajo para los que la Administración autonómica destina unos cuantos eurillos. Pura chatarra de calderilla. Ayudas de miseria, vamos. Pero el problema va más lejos que lo meramente crematístico. Al empresario que quiera contratar a una persona con discapacidad pero, además, tenga que adaptar su puesto de trabajo y acogerse a las «ayudas oficiales» como medida de discriminación se le somete a un auténtico calvario de «vuelva usted mañana». Es decir, a una pérdida de tiempo en gestiones que no está dispuesto a soportar.
Historia real: en agosto de 2007 (hace una año ya), un empresario contrata a dos personas con discapacidad mediante un contrato indefinido de fomento de empleo y, al propio tiempo, opta a una subvención de adaptación del puesto de trabajo para eliminación de barreras o dotación de medios de protección personal hasta 901,52 euros (algo menos costoso que un palco para la Fórmula 1, vamos). En diciembre, todavía de 2007, la empresa recibe del Servef la subvención correspondiente por la contratación de estos dos trabajadores y se pone en contacto telefónico con el Servef para preguntar sobre el procedimiento de adaptación de puestos de trabajo de los dos trabajadores con discapacidad a lo que responden que por teléfono no les pueden dar dicha información (?).
Pensat i fet. Tras dicha llamada la empresa se persona en la Dirección Territorial de Empleo, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (Barón de Cárcer, 36), y tras ser remitidos de una planta a otra, en 4 ó 5 ocasiones, finalmente les atiende una funcionaria que, por fin, les informa de que el procedimiento es que pasará un inspector por el lugar de trabajo para hacer una valoración de las adaptaciones necesarias en función de las discapacidades y necesidades de las trabajadores. ¡Aaahhh!, muy bien. A fecha de hoy, julio de 2008, un año después de la primera gestión, la empresa todavía está esperando la visita del inspector y, por consiguiente, la adaptación de los dos puestos de trabajo. ¿Igualdad de oportunidades? ¿Preocupados por la lacerante situación de paro del colectivo de la discapacidad? Juzguen ustedes mismos.
* Presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMICV).
Levante EMV
Sería prolijo enumerar aquí las causas de esta inaceptable realidad, pero una, al menos una de ellas, que para nada coadyuva a la tan cacareada, propalada, presumida y nunca alcanzada igualdad de oportunidades, sí la voy a comentar: la nula adaptación de los puestos de trabajo para los que la Administración autonómica destina unos cuantos eurillos. Pura chatarra de calderilla. Ayudas de miseria, vamos. Pero el problema va más lejos que lo meramente crematístico. Al empresario que quiera contratar a una persona con discapacidad pero, además, tenga que adaptar su puesto de trabajo y acogerse a las «ayudas oficiales» como medida de discriminación se le somete a un auténtico calvario de «vuelva usted mañana». Es decir, a una pérdida de tiempo en gestiones que no está dispuesto a soportar.
Historia real: en agosto de 2007 (hace una año ya), un empresario contrata a dos personas con discapacidad mediante un contrato indefinido de fomento de empleo y, al propio tiempo, opta a una subvención de adaptación del puesto de trabajo para eliminación de barreras o dotación de medios de protección personal hasta 901,52 euros (algo menos costoso que un palco para la Fórmula 1, vamos). En diciembre, todavía de 2007, la empresa recibe del Servef la subvención correspondiente por la contratación de estos dos trabajadores y se pone en contacto telefónico con el Servef para preguntar sobre el procedimiento de adaptación de puestos de trabajo de los dos trabajadores con discapacidad a lo que responden que por teléfono no les pueden dar dicha información (?).
Pensat i fet. Tras dicha llamada la empresa se persona en la Dirección Territorial de Empleo, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (Barón de Cárcer, 36), y tras ser remitidos de una planta a otra, en 4 ó 5 ocasiones, finalmente les atiende una funcionaria que, por fin, les informa de que el procedimiento es que pasará un inspector por el lugar de trabajo para hacer una valoración de las adaptaciones necesarias en función de las discapacidades y necesidades de las trabajadores. ¡Aaahhh!, muy bien. A fecha de hoy, julio de 2008, un año después de la primera gestión, la empresa todavía está esperando la visita del inspector y, por consiguiente, la adaptación de los dos puestos de trabajo. ¿Igualdad de oportunidades? ¿Preocupados por la lacerante situación de paro del colectivo de la discapacidad? Juzguen ustedes mismos.
* Presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMICV).
Levante EMV
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