El PSOE estudia reformas en la Ley de Dependencia tras sólo año y medio
Las comunidades presionan para revisar plazos y el sistema de financiación - Socialistas y CiU aprobarán en el Congreso un repaso a fondo de la ley
CARMEN MORÁN - Madrid - 11/10/2008
Un año y medio después de empezar a andar, la Ley de Dependencia muestra una cojera profunda de la que se duelen prácticamente todas las comunidades: la financiación y el calendario de la norma. El Grupo Socialista apoyará una moción que CiU presentará en el Congreso por la que se manda a un grupo de independientes que revisen la aplicación de la ley.
En seis meses habrán de tener un informe con la situación, "que seguro conllevará reformas normativas", sostiene el diputado Carles Campuzano, de CiU, que no aprobó la ley en su momento.
La portavoz socialista de Asuntos Sociales en el Congreso, Marisol Pérez, rehúsa hablar de fallos, pero sí reconoce que se irá "corrigiendo lo necesario para mejorar la ley", algo, dice, que también se hace ya de forma interna desde el Gobierno, también sobre el sistema informático, que tantas quejas ha levantado en este tiempo.
La consejera catalana de Acción Social, Carme Capdevila (ERC), se reunió el miércoles con la ministra de Política Social, Mercedes Cabrera, y a la salida manifestó la necesidad de revisar la financiación; un diagnóstico, dijo, "compartido por la ministra". El Gobierno guarda silencio, pero los consejeros han transmitido los problemas a Cabrera y han encontrado buena disposición para corregirlos.
Otra comunidad, Galicia, gobernada por el PSOE con el BNG, reclama una reforma profunda del sistema de financiación. Los nacionalistas gallegos, que llevan los asuntos de Dependencia en esa comunidad, propondrán a los partidos en el Congreso que vuelvan a reunirse y alcancen un acuerdo para distribuir el dinero. "No sólo queremos corregir, sino financiación suficiente, estable y ajustada a criterios territoriales", dice Xosé Bieito, director general de Acción Social en Galicia.
Año y medio después, aunque las comunidades han implantado esta ley a velocidades distintas, casi todas saben ya los costes reales de atender a una persona con una dependencia aguda. Y las cuentas no les salen. Al final, coinciden, las comunidades están sufragando el grueso de esta ley, porque tienen que complementar lo que la renta de sus ciudadanos no alcanza. Y, como dice el consejero de Castilla y León, "cuando todos los alumnos suspenden, la culpa es del maestro". César Antón Beltrán alaba una ley que contó con gran consenso político: "Es buena y necesaria y seguiremos su implantación, pero la financiación nos aprieta a todos. Hay que reflexionar".
La ley se pensó para ser financiada a escote entre las comunidades, el Gobierno y los beneficiarios a un 33% cada uno. En Castilla y León tienen una aportación media de los usuarios de un 26%, y "el resto, lo pone la comunidad", resume Antón Beltrán.
Su homóloga en Madrid, Engracia Hidalgo, asegura que el Estado aporta entre un 7% y un 15% de los costes reales. Otros dicen que un 20%, pero pocos suben de eso. Han encontrado que las pensiones de los grandes dependientes o sus magras rentas no dan para pagar el 33% previsto. Así ocurre en Baleares, donde el Estado "no sufraga más del 30% del coste real de la ley". "Y tenemos unas de las pensiones más bajas del país", explica la consejera, Fina Santiago. "El Gobierno debe valorar la conveniencia de una aplicación más lenta de la ley, cuyo coste se disparará de nuevo en 2010", afirma.
Parecida es la propuesta de Castilla y León: "Habría que esperar un poco y destinar los recursos primero a los que más lo necesitan, que son los grandes dependientes, que hay más de los que pensábamos". Antón Beltrán pide un pacto de Estado y eliminar la burocracia a la que se enfrentan. "No puede ser que para acabar pagando a alguien 400 euros escasos empleemos seis meses y unos 1.500 euros".
Voluntad de consenso, pero 17 sistemas
La Ley de Dependencia se aprobó con un gran consenso político, una expresión de cooperación que había de traducirse en un sistema único para toda España. Con ese ánimo empezaron las negociaciones entre comunidades y se consiguió el primer logro: un baremo común para evaluar en todos los ciudadanos su grado de dependencia. Nada de esto era obligatorio, sino voluntario por completo, porque esta ley no distribuía competencias sino que trataba de homologar 17 sistemas de atención social distintos que nacieron en cada comunidad. Los implicados en sacarla adelante hablan de una ley que será el modelo de cómo tendrá que legislar España de ahora en adelante para poner en común las políticas de cada autonomía.
Las administraciones pretendían que todos los ciudadanos aportaran lo mismo de su bolsillo y que recibieran los mismos servicios en cada territorio. Pero esos dos acuerdos, el copago y el de la calidad de los servicios que se prestan, han encallado. La ley se ha puesto en marcha sin que se haya decidido un modelo común para cada cosa.
Las características de las comunidades estallan como bombas de relojería. A unas se les reconoce la insularidad, pero medida de tal forma que Baleares se queja de que Canarias se queda el grueso por ese concepto. Galicia exhibe una población dispersa que, aunque reconocida como criterio para repartir el dinero, no alcanza a sufragar el gasto. Otras tienen más emigrantes retornados, y algunas, un amplio territorio. La cobertura social de la que partían era muy distinta en unas y otras. Todo ello hace difícil un acuerdo sobre lo que le corresponde a cada cuál y cómo podrá afrontar los gastos. Patronal y sindicatos esperan, a pesar de todo, que se alcancen unos marcos comunes que faciliten el trabajo de empresarios y trabajadores en todos lados.
Fuente: El País
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