Señoría:
El motivo de este correo es un asunto de la máxima importancia por contener una cuestión que debe resolverse en vía parlamentaria y entiendo que en vía judicial también, por tratarse de la comisión de un delito de prevaricación.
Desde hace un tiempo viene circulando por internet el documento, “INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN DIRIGIDAS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL”, dicho documento contraviene el espíritu de la Ley 39/2007 en algunos aspectos, pero resulta evidente que dichas instrucciones persiguen primar determinadas prestaciones de las contempladas en la ley y en la normativa autonómica. Se trata de un documento que se podría calificar como mafioso, o por lo menos propio de logias que actúan bajo pactos secretos. De otra manera no puede entenderse un documento que no es público, que afecta a derechos legalmente establecidos y que viola el artículo 21 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece:
Artículo 21. Instrucciones y órdenes de servicio.
El motivo de este correo es un asunto de la máxima importancia por contener una cuestión que debe resolverse en vía parlamentaria y entiendo que en vía judicial también, por tratarse de la comisión de un delito de prevaricación.
Desde hace un tiempo viene circulando por internet el documento, “INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN DIRIGIDAS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL”, dicho documento contraviene el espíritu de la Ley 39/2007 en algunos aspectos, pero resulta evidente que dichas instrucciones persiguen primar determinadas prestaciones de las contempladas en la ley y en la normativa autonómica. Se trata de un documento que se podría calificar como mafioso, o por lo menos propio de logias que actúan bajo pactos secretos. De otra manera no puede entenderse un documento que no es público, que afecta a derechos legalmente establecidos y que viola el artículo 21 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece:
Artículo 21. Instrucciones y órdenes de servicio.
1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el periódico oficial que corresponda
Lo que me llena de preocupación es que la prensa recogía dos noticias
Una de ellas recoge que la instrucción existe y en la otra la la jefa de servicio de Valoración y Dependencia de la Junta de Andalucía en Málaga se mostrara preocupada porque "un documento de funcionamiento interno" se hubiera filtrado, reconoció que el contenido de la instrucción no aparece regulado en ninguna orden o disposición general, aunque dijo que "ya se hará; lo que hoy es una instrucción abierta, mañana puede ser otra cosa; ahí está el debate".
Debate no hay ninguno. He tenido conocimiento de que los principales esfuerzos de la administración se centran en la caza del posible responsable de la “filtración”, cuando en realidad se trata de un documento que es contrario a la legalidad, por cuanto la ley fija como requisito para optar a la prestación por asistencia personal el ser valorado como dependiente de grado 3. La Orden de la propia Consejería de Igualdad y Bienestar Social establece que es requisito para tener derecho a la asistencia personal “Tener capacidad para determinar los servicios que requiere, ejercer su control e impartir instrucciones a la persona encargada de la asistencia personal de cómo llevarlos a cabo por sí mismo o su representante legal. (Art 15.b)
Pues bien, no es solo que la instrucción contradiga la Orden, si no que en declaraciones a medios de comunicación, responsables de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social están mintiendo de manera despreciable a la ciudadanía, al decir que el requisito para optar a la asistencia personal es que el beneficiario pueda ejercer el control sobre el asistente, obviando que la Orden, como no puede ser de otra manera, posibilita que el control e instrucciones puedan ser impartidas por el representante legal del menor o incapacitado judicialmente.
El establecer una instrucción secreta, que resta derechos por la vía de hecho, de forma consciente y sabiendo que es contrario a derecho, es un delito y se llama delito de prevaricación, el peor delito en que un funcionario o responsable administrativo o político puede cometer. ¿Si quienes han jurado respetar la Constitución y las leyes vulneran el estado de derecho a sabiendas, que podemos esperar los ciudadanos? ¿Sí esta tropelía queda impune que pueden esperar los ciudadanos más desfavorecidos?
Debate no hay ninguno. He tenido conocimiento de que los principales esfuerzos de la administración se centran en la caza del posible responsable de la “filtración”, cuando en realidad se trata de un documento que es contrario a la legalidad, por cuanto la ley fija como requisito para optar a la prestación por asistencia personal el ser valorado como dependiente de grado 3. La Orden de la propia Consejería de Igualdad y Bienestar Social establece que es requisito para tener derecho a la asistencia personal “Tener capacidad para determinar los servicios que requiere, ejercer su control e impartir instrucciones a la persona encargada de la asistencia personal de cómo llevarlos a cabo por sí mismo o su representante legal. (Art 15.b)
Pues bien, no es solo que la instrucción contradiga la Orden, si no que en declaraciones a medios de comunicación, responsables de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social están mintiendo de manera despreciable a la ciudadanía, al decir que el requisito para optar a la asistencia personal es que el beneficiario pueda ejercer el control sobre el asistente, obviando que la Orden, como no puede ser de otra manera, posibilita que el control e instrucciones puedan ser impartidas por el representante legal del menor o incapacitado judicialmente.
El establecer una instrucción secreta, que resta derechos por la vía de hecho, de forma consciente y sabiendo que es contrario a derecho, es un delito y se llama delito de prevaricación, el peor delito en que un funcionario o responsable administrativo o político puede cometer. ¿Si quienes han jurado respetar la Constitución y las leyes vulneran el estado de derecho a sabiendas, que podemos esperar los ciudadanos? ¿Sí esta tropelía queda impune que pueden esperar los ciudadanos más desfavorecidos?
Señoría, le ruego que lea con atención el archivo con la normativa ilegal que vulnera derechos y leyes y un documento que a vuela pluma he elaborado sobre el contenido del Anexo de Asistencia Personal. La situación de impedir que los dependientes opten a la asistencia personal está generalizada en toda España, los trabajadores sociales tienen órdenes de desincentivar su petición e informar desfavorablemente las peticiones en tal sentido.
Finalmente hay una cuestión que es de vital importancia para un estado democrático y esa cuestión es conocer la opinión de los responsables políticos y administrativos sobre cuestiones que afectan a derechos. La jefa de servicio de Valoración y Dependencia de la Junta de Andalucía en Málaga, Dolores Díaz, dejó claro delante de muchos periodistas, en contestación a una madre, que reclamaba asistencia personal para su hijo, que el contenido de la instrucción no aparece regulado en ninguna orden o disposición general, aunque dijo que "ya se hará; lo que hoy es una instrucción abierta, mañana puede ser otra cosa; ahí está el debate". Dicho en castellano viejo le dijo que la instrucción no se adecuaba a la legalidad pero que se iba a cambiar la normativa y Santas Pascuas.
Señoría, le pido que realice las actuaciones pertinentes para que en el Parlamento de Andalucía el Presidente de la Junta o la Consejera de Igualdad y Bienestar Social se pronuncien públicamente sobre el contenido de la instrucción y la disposición a cambiar la normativa vigente en materia del procedimiento para establecer el PIA. Además de explicar las actuaciones que piensan emprender o responsabilidades a asumir ante los delitos de prevaricación que se están produciendo y que afectan a los derechos de quienes no pueden valerse por si mismos.
"Un país decente, señorías, asiste a quienes no pueden valerse por sí solos y ampara a sus familias." (J.L. Rodríguez, Congreso de los Diputados 8/4/09)
"Si andalucismo es defender los intereses de Andalucía, trabajar por el progreso de Andalucía y defender a sus ciudadanos, no hay partido más andalucista en Andalucía que el PSOE", (Manuel Chaves, Córdoba, 16-5-08)
Finalmente le ruego que me comunique si se produce alguna iniciativa que permita que el Presidente de la Junta o la Consejera de Igualdad y Bienestar Social comparezcan en el Parlamento para dar explicaciones sobre la existencia de los pactos secretos, denunciados por los medios de comunicación, al más estricto estilo mafioso. Me gustaría poder estar personalmente en las tribunas del Parlamento o escuchar las explicaciones del Presidente donde tiene que darlas, en sesión pública en el Parlamento de Andalucía.
Quedo a su disposición para lo que considere oportuno.
Vicente Valero
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