La Fiscalía investiga la presunta discriminación a un niño autista.
Miércoles, 15 de Septiembre de 2010 00:00
A coruña
La Fiscalía Provincial de A Coruña abre diligencias para investigar a Educación por una presunta discriminación hacia las personas con discapacidad por el caso del niño autista del Salgado Torres. De este modo, el Ministerio Público se hace eco de la denuncia que puso en su día la madre de Arturo, Esther Cuadrado, sobre el proceso de flexibilización y también de la querella ante la Agencia Española de Protección de Datos por entender que Educación mantuvo un “silencio administrativo” a la hora de facilitar los datos relacionados con la formación del menor.
El pequeño comenzó las clases en Primaria el pasado viernes, a pesar de que tan sólo 48 horas antes no sabía si iba a flexibilizar (repetir), o no. Cuadrado no dispuso en ningún momento de la información necesaria para tomar las medidas de intervención oportuna para que Arturo se incorporara al curso escolar de forma satisfactoria. “Nunca nos han garantizado en qué condiciones se iba a escolarizar a mi hijo, a pesar de que la ley establece que un niño con este tipo de discapacidad debe de recibir información previa imprescindible para su adaptación al medio mediante la estructuración visual de lo que le va a acontecer en un futuro cercano”, señala.
La progenitora reclamó el año pasado por escrito a la Jefatura Territorial de Educación, a la Delegación de la Xunta y a Presidencia información relativa al proceso de enseñanza de su vástago, así como los documentos que constan en su expediente académico, pero no obtuvo ningún resultado positivo.
Falta grave > Según Cuadrado, Educación puede haber incurrido en una falta grave por omisión de datos y por no tener en cuenta a los padres en las decisiones que afecten a la escolarización de sus hijos. La ley es clara a este respecto: “La omisión de información que sea solicitada por los padres con respecto a la formación de sus hijos puede incurrir en una falta grave por parte de la administración educativa”. Cuadrado ampliará documentación a la Fiscalía para su investigación.
Asegura que Educación dictó una resolución sobre Arturo en la que permitía la flexibilización del pequeño para continuar en Educación Infantil, aunque la madre del pequeño denuncia que lo hizo fuera de plazo, con 29 días de retraso, y sin su autorización. “Si se hubiera quedado en Infantil no contaría con los apoyos necesarios ya que en esa clase deberían compartir a los especialistas entre tres niños”, sostiene. El problema es que ahora que ha pasado de curso se encuentra con un aula y unos accesos carentes de material visual adaptado al que obliga la legislación para este tipo de alumnos con necesidades educativas especiales.
Obligación> Cuadrado critica que Arturo no ha podido adaptarse con tiempo a su nueva clase lo que le podría acarrear problemas físicos y emocionales con consecuencias directas para el pequeño. Además, la madre de Arturo recuerda que no tienen constancia de ninguna evaluación del pequeño. “A casa nunca ha llegado con notas como el resto de sus compañeros, por lo que no sabemos lo que necesita o si ha progresado”, indica.
Fuente: El Ideal Gallego
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