Los recortes llevan a la desatención y la desatención, en no pocas ocasiones, lleva a la muerte. Aquellas personas, grupos o instituciones que son cómplices activos o pasivos de esos recortes, también son cómplices de esas muertes.
Ante la pasividad, el silencio e incluso la frivolidad, que nuestros supuestos máximos garantes institucionales, nos han venido a demostrar por la desgarradora noticia de hallar muertas recientemente en la localidad de Astorga a una mujer octogenaria y su hija de 40 años cuyos niveles de dependencia eran extremos, nos ha llevado a una serie de colectivos a pedir explicaciones públicas y convincentes, porque si algo no queremos, ni debemos ser, ante este tipo de situaciones, es cómplices de la usurpación y la pérdida de nuestros derechos humanos más elementales.
Os dejamos aquí en esta entrada el texto del documento enviado a diferentes representantes institucionales, así como el enlace en el que podréis visualizar que hemos procedido a su registro, a la espera de unas respuestas adecuadas y de unas garantías sociales para que este tipo de hechos no vuelvan a producirse en ningún rincón de España. De igual modo, agradecemos a nuestros lectores la máxima difusión para que junto con nosotros, se nieguen a ser cómplices y por el contrario apuesten por esa otra sana complicidad por la defensa de los derechos humanos y sociales que nada ni nadie puede impunemente arrebatarnos.
Solicitud ante las Instituciones de por qué dos mujeres han fallecido en situación de abandono en la localidad de Astorga.
El pasado viernes 9 de noviembre, dos mujeres, una de ellas octogenaria, y la otra, su hija de cuarenta años en situación de dependencia, fueron halladas muertas por la policía local, en su domicilio de la localidad de Astorga, tras varios días de haberse producido el deceso. La investigación ha determinado que así como la madre falleció por causas naturales, la hija falleció como consecuencia de su nivel de dependencia y por falta de los recursos necesarios para hacer frente a su situación, dada su discapacidad múltiple, tanto física, como intelectual y sensorial.
Tan lamentable y cruel situación, ante la que los grupos firmantes manifestamos nuestra máxima expresión de repulsa, pone una vez más de manifiesto la deficitaria o nula acción preventiva para que estas situaciones acontezcan , por parte de nuestros organismos institucionales, a los que en principio suponemos o deberíamos suponer como los garantes inmediatos de nuestros más elementales derechos humanos en situaciones de necesidad como ésta y que por el contrario, entendemos son cómplices con su silencio e inacción.
Así mismo entendemos que la aplicación y posterior desarrollo legislativo autonómico del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, restringe o suprime derechos reconocidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, -ya deficitaria de antemano-, agravando y promoviendo que este tipo de lamentables situaciones se repitan nuevamente en otras localidades, ante la pérdida práctica y generalizada de derechos a los que tanto las personas mayores, como las personas con algún tipo de discapacidad se están viendo abocadas, siendo además dos de los colectivos más vulnerables socialmente.
Entendemos que es responsabilidad de nuestras instituciones dar una explicación convincente, ante la alarma e inseguridad generada por lo acaecido, así como demostrarnos y garantizarnos a través de nuevas regulaciones, que no volverán a producirse semejantes hechos de los que directa o indirectamente les consideramos cómplices.
Razones éstas, por las que solicitamos públicamente explicaciones al respecto a: la Defensora del Pueblo, la Ministra de Salud y Servicios Sociales, el Procurador de lo Común de Castilla y León, el Presidente de la Junta de Castilla y León, la Consejera de Familia e Igualdad de oportunidades de la Junta de Castilla y León, al Presidente de la Diputación de León y la Alcaldesa de la localidad de Astorga, a quienes dirigimos el presente escrito, que de igual modo hacemos público a toda la ciudadanía a través de los diferentes medios de comunicación.
En Valladolid a 16 de noviembre de 2012
Firmantes: 15M Valladolid, 15M Valladolid Zona Sur, 15M Valladolid Zona Noreste. Frente Cívico, Somos Mayoría, Valladolid, Plataforma España Inclusión, asociación APIMF, Grupo Sanidad y Servicios Sociales 15M Valladolid. Mujeres Castellanas, Asociación de Afectados de Polio y Síndrome Post polio de Castilla y León POLIOCYL, Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Izquierda Castellana, CGT Valladolid. Asociación Triones, Familias Demanda Dependencia, Málaga Inclusión, Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valladolid, Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública Valladolid, Estado del Malestar Valladolid, Stop Desahucios Valladolid, Parados en Movimiento Valladolid, Coordinadora de Mujeres Valladolid, Plataforma en Defensa de la Aplicación de la Ley de Dependencia Alicante y Comarca, Alicante Accesible, IU Valladolid. (Aunque no consta en los documentos porque recibimos con posterioridad al Registro, la notificación de las adhesiones, también se han sumado la Federación Nacional de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Valencia y la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia Castellón)
A efectos de notificación e identificación:
David Bibiano Sahagún.
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