El ministerio de la Mato, Mata

Por Mª Ángeles Sierra.

Artículo 49 de la constitución.

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

En su Artículo 1. 4. Sobre Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, El Real Decreto 16/2012, de 20 de abril,  se reconoce que:

“A los efectos de lo establecido en el presente artículo, tendrán la condición de beneficiarios de un asegurado, siempre que residan en España, el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, que deberá acreditar la inscripción oficial correspondiente, el ex cónyuge a cargo del asegurado, así como los descendientes a cargo del mismo que sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65%.”

Lo que viene a significar que la prestación sanitaria y médico farmacéutica reconocida a través del artículo 12 la Lismi y posteriormente desarrollada que venía a otorgar ese mismo derecho a toda persona mayor de edad con discapacidad en grado igual o superior al 33%, ha sido cepillada , de rondón y por la puerta de atrás, con el beneplácito de la minoría silenciosa, pero eso sí representativa y a dedo del Sr Mariano Rajoy , de estructuras como el CERMI y sus componentes o el propio Consejo Nacional de la Discapacidad y sus respectivos consejos autonómicos y municipales.

Ya por 1999, no tenemos datos más actuales porque el estudio de la población de personas con discapacidad, solo interesa cuando por ello se mueven prebendas, determinaba que en España habría 3.528.221 personas con discapacidad. Lo que significa que esos 3.528.221, estaban absolutamente acogidos por el sistema de salud. Al introducir esta barbaridad, la realidad con la que nos encontraremos no será otra que aquellos que superados los 26 años, no alcancen el 65% de grado de discapacidad se quedarán sin cobertura médico-farmacéutica.

Basta para que nos hagamos una idea con decir que de 1.771.636 personas valoradas en 2000 por los centros base del IMSERSO, 216.205 no alcanzaban el grado de minusvalía y 744.831 estaban por debajo de ese 65% requerido*

Si a esto sumamos que en 2008 según nos dice el INE en 1010: − El 66,5% de las personas en edad de trabajar con discapacidad legalmente reconocida, eran inactivos, podemos seguir haciéndonos idea de otra de las grandes barbaridades, inconstitucional, dicho sea de paso, a la que acabará sometiendo a la población más vulnerable el Ministerio de Ana Mato.

Pero a esta cruda realidad hay que sumarle, que esa tan cacareada igualdad de oportunidades con la que se llenan la boca se verá diezmada en lo que se refiere a prestaciones ortoprotésicas que si ya antes eran difíciles de alcanzar nos pondrá ahora en una situación no muy superior a la tercermundista.

Solo me queda decir que cuando escribo esto, intentando informar siendo breve y no aburrida, me embarga el asco, la decepción, la desesperación y una rabia contenida, porque no nos merecemos este sistema tan mezquino, injusto, insolidario hipócrita y nocivo que tenemos.

¡Que se vayan!