España: el país de las lagunas... Legales

Discapacitados físicos piden que se resuelvan las 'lagunas' de la Ley de Dependencia

La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Vizcaya (Fekoor) abrió ayer en el Palacio Euskalduna un foro de debate, que se repetirá con carácter anual, sobre las necesidades del colectivo y los avances en materia de igualdad de oportunidades. El primer encuentro, al que asistieron alrededor de 200 personas, tuvo como telón de fondo la Ley de Dependencia. Una normativa con 'lagunas' que hay que resolver para conseguir la 'máxima autonomía', según destacó el presidente de la entidad, José Antonio Pérez.

La ley, que se someterá a una revisión en 2010, ha sido concebida para las personas mayores y no se adapta a las necesidades de los discapacitados físicos. En Vizcaya, por ejemplo, sólo una joven ha solicitado ayudas para la contratación del asistente personal, aunque la Diputación va a firmar un convenio con Fekoor 'para que aflore la demanda'. El diputado de Acción Social, Juan María Aburto, acudió ayer a la jornada junto al viceconsejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, el concejal de Acción Social de Bilbao, Ricardo Barkala, y el Ararteko, Íñigo Lamarca.

'Los avances en el reconocimiento de derechos se acogen con alegría y con escepticismo a la vez, porque aún queda mucho por hacer', afirmaron los responsables de Fekoor. En opinión de Pérez, la palabra clave no es dependencia sino 'autonomía personal', una expresión que está en el título de la ley pero a menudo pasa desapercibida. Al encuentro asistieron especialistas de prestigio en este ámbito como Stefan Trömel, asesor del Foro Europeo de la Discapacidad, Francesc Aragall, fundador de 'Design for all' o Roser Romero, de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.

Terra Actualidad - VMT

La discapacidad se sitúa en el ámbito de los derechos humanos

La discapacidad se ha situado por primera vez en el ámbito de los derechos humanos, gracias a la entrada en vigor de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

PATRICIA ENCINAS. Esta es una de las principales conclusiones a las que se llegó en la jornada organizada hoy en Madrid por la Fundación ONCE bajo el título "La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: análisis del impacto en el ordenamiento jurídico español".

La mesa inaugural contó con la presencia del director general de la Fundación ONCE, Luis Crespo; la directora del Cermi, Pilar Villarino; la abogada especialista en discapacidad del Consejo General de la Abogacía Española Josefa García Lorente; el director del Instituto Bartolomé de las Casas, de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael de Asís, y el director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna.

Luis Crespo afirmó que "la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad sólo es posible con la existencia de un régimen jurídico que vele por la aplicación de una legislación que defienda sus derechos".

En este sentido, añadió que, a su juicio, "cualquier actuación legislativa tendrá que partir de la situación real en la que se encuentran las personas con discapacidad en España y, además, es fundamental que la sociedad conozca e interiorice el alcance de estas modificaciones legislativas".

Pilar Villarino aseguró que esta Convención "servirá para paliar la situación de desigualdad en la que se encuentran las personas con discapacidad", y añadió que desde el Cermi "realizaremos una labor de exigencia para lograr su ajuste al ordenamiento jurídico español".

NORMA JURÍDICA VINCULANTE

Por su parte, Josefa García Lorente afirmó que desde el Consejo General de la Abogacía "no vemos la situación del colectivo de las personas con discapacidad como algo que haya que solucionar con una limosna, sino como un derecho que debemos reivindicar en todo momento".

A continuación intervino Rafael de Asís, quien insistió en que las consecuencias de la aprobación de la Convención se centran en que, a partir de ahora, "se da el paso jurídico para que el tratamiento de la discapacidad se haga desde un enfoque de derechos humanos, y además, tenemos una norma jurídica vinculante".

De Asís puntualizó que la entrada en vigor de la Convención implica "una revisión de todo el ordenamiento jurídico español". Además, a su juicio, "sus principios deben ser un instrumento que impregne la educación y, por tanto, la enseñanza tanto de los menores como de los universitarios", razón por la que es necesario "formar a los profesores para que sean capaces de transmitir el nuevo enfoque de la discapacidad".

Seguidamente se celebró una mesa redonda titulada "la Convención como nueva herramienta jurídica", en la que intervino el fiscal del Tribunal Supremo Carlos Ganzenmuller, quien lamentó que en España no exista ninguna fiscalía específica dedicada a las personas con discpacidad.

Para Ganzenmuller, la Convención "es una autopista nueva llena de oportunidades, pero es preciso crear redes de carreteras secundarias que nos permitan llegar desde la autopista a cada persona con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones que amparan sus derechos".

Por último, el asesor jurídico del Cermi Óscar Moral incidió en la necesidad de que las personas con discapacidad hagan "un esfuerzo para estudiar la Convención, leerla y comprenderla, porque abre un abanico de posibilidades en numerosos aspectos de la vida", que los propios interesados deben conocer.

El lado oscuro de la ley de dependencia

Muchos solicitantes pueden perder dinero si se acogen a la nueva norma, por lo que es conveniente conocer sus puntos débiles y saber en qué casos se puede reclamar

La ley de dependencia ofrece a miles de españoles la posibilidad de recibir una atención o una ayuda hasta ahora inexistente. En Galicia eso es lo más frecuente, pero también hay muchos casos en los que la aplicación de la ley no es favorable, y deja al afectado en una situación económica peor. Por eso, antes de incluirse en el SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) es conveniente hacer cuentas y conocer un par de singularidades de la norma.
1.- Renuncia al servicio anterior.
Solicitar la inclusión en el sistema, el SAAD, implica obligatoriamente renunciar a las ayudas que se recibían anteriormente. No quiere decir que se le retire la ayuda al momento, ni mucho menos, sino que cuando se le diseñe un plan especial individual (PIA) y empiece a ejecutarse, dejará de recibir la anterior prestación. A veces, y muchas, esto es perjudicial desde el punto de vista económico.

2.- El cheque asistencial, menos dinero habitualmente.

Consiste en que la Xunta paga el 70% del salario de un cuidador por horas. Después de hacer cuentas, descubrirá que solo compensa incluirse en la ley si se recibe pocas horas de ayuda, tiene una renta muy baja o vive en una zona rural.
Un ejemplo: una persona que tenía 80 horas de atención (2,5 horas al día más o menos) abonaba 240 euros al mes. Con la ley, ahora tendrá que pagar por ese mismo servicio entre 394 y 597 euros.

¿Por qué? Porque hasta ahora la Xunta pagaba el 70% del coste asumiendo que la hora costaba diez euros; en ese caso, la Administración abonaba 560 euros, y el usuario, 240. Ahora se le dará al usuario un dinero para que compre un servicio en función de las horas que necesite y la capacidad económica del pensionista; lo máximo que se da para una atención de 80 horas al mes son 597 euros, y lo mínimo, 394, según las rentas del solicitante. Como es el solicitante el que paga, si vive en un pueblo pequeño le puede compensar porque el coste de la hora de trabajo es inferior a los diez euros que calcula la Xunta. Muchos trabajadores sociales desconocen esta paradoja.

3.- Una residencia pública le cuesta a un pensionista medio tres veces más en Galicia que en Santander.
Un caso habitual: un dependiente con una pensión de 600 euros paga en una residencia pública gallega el 75% de su sueldo, es decir, unos 450 euros; si esa misma persona viviese en Santander y estuviese en un centro similar, solo tendría que abonar 110 euros.

¿Por qué? El Consejo Interterritorial de Sanidad -que aglutina a todas las autonomías y marca las pautas de esta ley- aún no ha establecido los criterios económicos para el copago de servicios en la ley de la dependencia. Por eso, hasta el momento cada comunidad ha de marcar sus parámetros: en Galicia se aplican los mismos criterios que en los noventa; en Cantabria, y otras comunidades, a la espera de que haya un acuerdo interterritorial, se ha establecido un criterio siguiendo la filosofía de la ley (no se paga en función del sueldo, sino un porcentaje del precio del servicio a partir de la capacidad económica).
Los técnicos de la Oficina de la Dependencia de la Diputación de Ourense consideran que, una vez que se aprueben las bases económicas para la percepción de los servicios, los gallegos podrán reclamar todo el dinero abonado de más desde que solicitaron integrarse en la ley; la Xunta no contempla la existencia de ese derecho.
4.- A veces compensa más una residencia privada que una pública.
La plaza vale lo mismo, unos 1.080 euros, en residencias públicas y privadas. Con una pensión de 600 euros, una plaza en una residencia pública costaría al dependiente 450 euros. Pero en caso de tener que recurrir a una privada, al dependiente con esa pensión se le abonaría el 90% de la prestación máxima para ese supuesto (percibiría de la Administración unos 730 euros) y debería abonar de su bolsillo el resto, 350 euros. Si la pensión es de 700 euros, la diferencia es mayor.
5.- El transporte del 065, inútil en muchos casos.
El servicio de transporte adaptado del 065 es prácticamente inútil por tres razones: no cubre más que cien kilómetros (ir de Laxe a A Coruña al especialista y volver son 140 kilómetros); solo puede ir el dependiente y no su acompañante, lo que resulta absurdo en caso de grandes dependientes; y en muchos casos, si se juntan dos personas, sale más barato ir en taxi.

6.- ¿Quién marca las vacaciones del cuidador?
Se dice que el cuidador tendrá derecho a 45 días de vacaciones (el dependiente iría a una residencia durante ese tiempo). Pero ¿quién decide cuándo se cogen esas vacaciones?
7.- La cotización por cuidador informal es peor que la del régimen agrario.

Hay muchas personas cotizando a la Seguridad Social por el Régimen Especial Agrario. Si pasan a estar «asimilados al alta» como cuidadores, no tienen baja por enfermedad, maternidad o paternidad; carecen de seguro por desempleo (lo que ocurrirá cuando el dependiente no les necesiten); no pueden variar su cuota de cotización; tendrán la pensión más baja de todas, y no tienen derecho a asistencia sanitaria plena (para sus hijos y familiares).

La Comisión de Discapacidad se propone alcanzar la igualdad para este colectivo

Actualizado miércoles 07/05/2008 12:43 (CET)

SERVIMEDIA.

MADRID.- María José Sánchez Rubio, diputada socialista y portavoz de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, afirmó que espera que "en esta legislatura, que será la de la igualdad entre hombres y mujeres, se consiga también la igualdad para las personas con discapacidad".

Sánchez Rubio añadió que "las mujeres con discapacidad tienen que montarse en el primer vagón, ya no podemos perder el tren de la igualdad".

La portavoz de esta nueva Comisión señaló que una de las primeras comparecencias, "sino la primera", será la del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). "Queremos escuchar las demandas de este colectivo, recoger sus esperanzas e inquietudes de cara a esta legislatura", subrayó.

Asimismo, Sánchez Rubio aseguró que desde el Grupo Socialista "profundizaremos en la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, con una ilusión muy grande, porque a partir de ahora ésta es una comisión permanente, que era una de las aspiraciones del colectivo de las personas con discapacidad".

Asimió la nueva portavoz que la incorporación laboral de las personas con discapacidad "es aún una asignatura pendiente. Vamos a profundizar en el colectivo de mujeres con discapacidad, porque son las que más dificultades tienen".

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad estará presidida por el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera. El vicepresidente primero es el diputado popular Alberto Garre y la vicepresidenta segunda es la socialista María Teresa Villagrasa.

De la autocrítica a la acción para acabar con la exclusión, sabiéndose “uno de ellos” / Mª Ángeles Sierra Hoyos.

No hace demasiado tiempo en España -y quizás todavía-, las personas con algún tipo de discapacidad, eran, éramos motivo de ocultación y vergüenza personal, familiar y social. En una sociedad que marca de una manera generalizada sus formas y contenidos, salirse por las razones que sean de ese contexto viene a ser sinónimo de exclusión y de desprecio, no pocas veces revestido de lástima.

En los últimos 30 años este tipo de situaciones han ido notablemente cambiando, pero hay algo de ese poso que aún pervive en nosotros y en los demás que conlleva tantas veces a encontrarnos con desagradables e injustas situaciones que perecen socialmente prehistóricas.

Es como si midiéramos aun la desgracia y el problema y nos mantuviéramos al margen de buscar la solución. Una especie de secuestro emocional y conceptual que ralentiza el sentido de nuestra plena integración como individuos iguales y a la par diferenciados. Una pretendida y posiblemente pretenciosa ausencia de identidad con la realidad que nos toca vivir, que más parece ser dominio de las sociedades que de los propios individuos afectados.

Cuando surge el individuo independiente, auto determinado, capaz desde su realidad de encararse a la vida como uno más, dispuesto a aportar y exigir soluciones, el asunto se ennegrece. La realidad a la que has de enfrentarte puede ser tal que no todo el mundo dispone de fuerzas ni de las herramientas suficientes como para emprender ese camino, lo que en la mayoría de ocasiones obliga de un modo directo o indirecto, consciente o inconsciente a efectuar el repliegue.

Si a la hora de resolver un problema, no somos capaces de sentirnos parte sustancial de la solución, difícilmente podremos resolverlo por lo que lo habremos dejado en manos de terceros y posiblemente nos encontremos con una solución que no es precisamente la nuestra sino la de aquellos que se sirvieron de la forma más cómoda de resolverlo para si mismos. Solo si nosotros mismos tomamos conciencia en primera instancia de nuestra necesidad de ser parte directamente implicada en esa solución, podremos resolver o al menos contribuir a resolver de una forma más directa y efectiva el problema.

Creo que las personas con diversidad funcional, aun fallamos por la base, fallamos por el concepto, fallamos por la identificación, fallamos por el sentido de la libertad y el ejercicio de la responsabilidad que solo a nosotros mismos nos debemos.

Evidentemente es fácil fallar en todos esos ámbitos cuando el concepto social de la discapacidad se presenta viciado desde la historia de los tiempos y siempre se le ha atribuido un significado de inferioridad de una forma natural, a todo aquel ser que presentaba algún tipo de limitación física, orgánica, mental, intelectual o sensorial.

Tal vez de ahí que todo cuanto a una sociedad le resulta inferior y desvalido ha de ser protegido al tiempo que despreciado, ninguneado o relegado a un segundo plano.

Pero nuestra sociedad es otra; ha cambiado y no podemos por mucho tiempo seguir manteniendo este juego porque cada vez somos más los que entramos en ese sector de “desvalidos” e “inferiores” y de seguirlo manteniendo acabaremos construyendo una sociedad desvalida e inferior, incapaz de buscar soluciones a la que le vendrán un alud de problemas imposibles de resolver a través de una hábil y rápida intervención, previamente calibrada. Estaremos creando no una sociedad de felicidad, sino más bien una sociedad del más cruel, absurdo e innecesario sufrimiento.

Fallamos por la base porque posiblemente aun no hemos aprendido a reconocernos sino más bien a diferenciarnos generando con ellos subgrupos o subclases que vienen a marcar un significado u otro, que nos crece o nos inferioriza dentro de nuestro mundo diverso. Seguimos aun marcando las diferencias catastróficas entre ser cojo, o ser ciego, entre ser sordo o con diferencia intelectual, o entre tener una diversidad desde la infancia o sobrevenida, con lo cual, entre nosotros indirecta e inconscientemente nos mordemos. Unas veces pensamos que lo peor es lo nuestro o por el contrario, marcamos nuestro estatus con respecto a otro tipo de discapacidades.

Fallamos por la base porque fallamos por el concepto y parece que aun ni nosotros ni el conjunto social hemos terminado de asimilar que la vida en si misma es la vía a la discapacidad, a la longevidad, al deterioro y a la muerte y que eso no tiene porque suponer una tragedia ni un motivo de abandono o aparcamiento de las sociedades frente a las necesidades que a todos de un modo u otro nos están en un momento determinado por venir.

El gran problema es tal vez que estamos construyendo la idea social, desde la perfección y la belleza imposibles de mantener en su totalidad, olvidándonos de la diversidad, si se quiere la imperfección y las necesidades tanto materiales como subjetivas que ello genera, imposibles en todos los tiempos de evitar, por lo que precisan soluciones cada vez más comprometidas, participativas y respetuosas con todas las realidades.

Así pues, este tipo de pensamientos que se van propagando desde los núcleos más próximos hasta los más lejanos, nos terminan embullendo a todos de forma tal que acabamos por no entender el sentido del respeto y de la libertad y mucho menos de desarrollar la capacidad de la responsabilidad que se necesita para ejercer esa libertad desde la autodeterminación y el respeto.

Pero la realidad continúa y continúa su dinámica natural y con el tiempo, quienes en un momento dado son de rango cazadores, se convierten en la presa. Resultando que en el transcurso del tiempo somos más presas que cazadores porque nos negamos a formar parte de la solución desde el sentido de la autocrítica dirigida a la acción para acabar y de una vez por todas con la exclusión, posible únicamente, sabiéndose sentir a priori, se esté donde se esté y porque se puede acabar algún día siendo: “uno de ellos”.

Para los seguidores de los buenos políticos. Pocos tan honestos, responsables y didácticos como Anguita.

El Gobierno suspende en política de integración de los discapacitados.

- El 9% de los españoles presenta algún tipo de discapacidad
- Solamente el 1% de este colectivo logra acceder a la universidad

- El 80% de las empresas no cumple la obligación de reservar un 2% de sus plazas.

Actualizado lunes 28/04/2008 14:45 (CET)

YOLANDA TÉLLEZ

MADRID.- En el marco de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Fundación ONCE ha presentado el informe 'Derechos Humanos y Discapacidad en España', que analiza la situación de las personas con discapacidad en el territorio español, desde la óptica de los derechos humanos.

El documento ha sido realizado en catorce país, concretamente en Alemania, Armenia, Bulgaria, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Polonia, Reino Unido, Rusia, Serbia y Turquía.

En el caso español, el escrito, además de proporcionar datos acerca del número de personas con discapacidad en España y analizar las leyes existentes en este ámbito, observa distintos aspectos como la vivienda, el empleo, la educación, la comunicación y la accesibilidad, entre otros, mostrando una serie de propuestas para una mayor inclusión del colectivo. "Vivimos en una sociedad donde o caminamos todos o no estamos yendo a ninguna parte", afirma Leonor Lidón Heras, autora del informe en el caso español.

De acuerdo con la Encuesta sobre Discapacidad, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES), de 1999, el porcentaje oficial de personas con discapacidad en España asciende al 9%, representado, aproximadamente, a tres millones y medio de personas. "El mayor número lo representan las mujeres, por lo que sufren una doble discriminación", manifiesta Lidón Heras.

La Constitución de 1978 incluye la legalidad de las acciones positivas, la igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación. Además, la legislación existente, tal como la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982 (LISMI) y la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) caminan en busca de esta igualdad. Sin embargo, en la práctica, aún se detectan barreras tanto legales como de inclusión, en torno a este colectivo.

Principales barreras.

Entre los aspectos principales que el documento resalta proponiendo una serie de mejoras para la integración de las personas con discapacidad se encuentran algunos como la incapacitación, la comunicación, la educación, la vivienda, el empleo y la accesibilidad.

En lo que se refiere a la incapacitación, principal barrera legal existente para este colectivo, el sistema legal español prevé la limitación de la capacidad legal de las personas con discapacidad. "El resultado es que la persona no puede gobernarse por sí misma, en vez de que el sistema se centre en las capacidades que sí que posee esa persona", expresa Lidón Heras. Sin embargo, además de las barreras legales, las personas con discapacidad se encuentran con distintos ámbitos exclusivos en su vida diaria. Entre ellos la accesibilidad, no sólo en sí misma, sino también desde el punto de vista de la vivienda y la comunicación, donde ésta no se cumple en ninguno de los casos.

La educación es otro de los áspectos donde existe una mayor inclusión. Sólo el 1% de los estudiantes con discapacidad llega a la universidad. Además, el 40% de ellos, lo hace a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). "Se detecta que el número de alumnos con necesidades especiales en la educación integrada disminuye una vez superada la educación obligatoria", señala la autora del informe.

Por último, en el caso del empleo, el documento muestra que una de cada tres personas con discapacidad es inactiva, existiendo una doble discriminación en el caso de las mujeres. Además, el 80% de las empresas obligadas a reservar un 2% de su plantilla para este colectivo no cumple la medida.

La presentación del informe ha contado además con la participación de Enrique Múgica Herzog, Defensor del Pueblo, Luis Crespo Asenjo, director general de Fundación ONCE, y Mª Luz Sanz Escudero, vicepresidenta del CERMI.

Convención de la ONU

Tras la exposición del documento, el acto ha contado con una mesa redonda acerca del impacto legislativo que tendrá en España la entrada en vigor, el próximo 3 de mayo, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Convención de la ONU, ratificada por España el pasado mes de diciembre, obligará a los más de un centenar de países firmantes a adoptar todas las medidas legislativas y administrativas que sean pertinentes para eliminar toda barrera o restricción que impida a las personas con discapacidad su plena inclusión y participación efectiva en la sociedad, garantizando así los derechos humanos y las libertades fundamentales para el colectivo.

El coloquio ha contado con la participación de distintos expertos en materia de discapacidad y con la moderación de Fernando Fernández-Arias Minueda, director de la Oficina de DDHH del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.