El actor Willy Toledo linchado por la Mafia mediática trs desmontar sus mentiras.
martes, 2 de marzo de 2010
Doble peineta con triple salto mortal
Devuélvele el saludo al expresidente Aznar. Una divertida iniciativa a la que podrás sumarte clicando
Cuando una ministra llama a una mentira error de cálculo es porque el ladrón es de guante blanco. Aquí solo pagan los sufridores del Copago.
El Tribunal de Cuentas investigará la financiación de la Dependencia
El organismo determinará si los fondos se destinan a la aplicación de la ley 
CARMEN MORÁN - Madrid - 02/03/2010
El Tribunal de Cuentas investigará de oficio si los fondos que transfiere el Gobierno a las comunidades para la aplicación de la Ley de Dependencia se están efectivamente usando para ese fin y si las comunidades aportan el dinero al que están obligadas. Tres años después de que entrara en vigor la norma no hay forma de saber ninguna de las dos cosas. Ahora el Tribunal de Cuentas puede poner un poco de luz en este asunto.
Los recursos que destinan a esta norma las regiones son una incógnita
Un informe del Gobierno alertaba ya de opacidad en el dinero empleado
La fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de esta ley por parte del Tribunal de Cuentas se hace a propuesta del consejero Ciriaco de Vicente, que está al frente del Departamento Sociolaboral y de la Seguridad Social, pero también contará con la participación del departamento de Comunidades Autónomas, a cargo del presidente del Tribunal, Manuel Núñez Pérez, según ha sabido este periódico.
Desde el Tribunal de Cuentas creen que es conveniente analizar "la aplicación de la ley desde su aprobación hasta ahora" en lo que se refiere a la correcta utilización de los fondos previstos para su desarrollo así como del cumplimiento de los plazos establecidos para el beneficio de los ciudadanos.
Que los plazos para la tramitación y recepción de las ayudas de la Dependencia no se están cumpliendo en casi ninguna comunidad es algo que las propias administraciones han reconocido recientemente, cuando todas aprobaron acortar el tiempo que emplean en esas gestiones.
Nivel acordado
Pero sobre la financiación todo son incógnitas. Se sabe lo que aporta el Gobierno, pero nada del uso que de ello están haciendo algunas comunidades. También se desconoce si las administraciones regionales cofinancian esta ley, es decir, si destinan para su aplicación la misma cantidad que reciben del Estado, tal y como están obligadas (en el llamado nivel acordado).
Un informe de la Agencia de Evaluación que depende del Gobierno ya ponía de manifiesto que "no es posible identificar en los presupuestos las dotaciones que dedica cada comunidad a la Ley de Dependencia". Este informe estaba listo en diciembre de 2008, pero no se hizo público hasta 16 meses después, cuando algunas de las irregularidades que denunciaba ya se habían ido corrigiendo.
La financiación de la Ley de Dependencia ha sido desde su entrada en vigor el asunto más controvertido. Las comunidades insisten en que necesitan más dinero y varios estudios de expertos, incluido el que encargó el Parlamento, han coincidido en que las dificultades económicas podrían hacerla inviable. Se necesita, dijo el informe de expertos encargado por el Congreso, una "financiación pública de suficiente solidez". Si no se toman algunas medidas, "la sostenibilidad de la cobertura de la Dependencia no puede ir sino a peor", advirtieron en su estudio. Y alertaron de que "la universalidad de la ley, como ambición, puede romper el saco de su financiación". Aquel informe económico, como todos los demás, no contaba, sin embargo, con una información fundamental: el dinero que aportan las comunidades para sufragar esta ley. Y no lo tenían porque ninguna comunidad lo ha hecho público con claridad.
A pesar de todo, con los mismos recursos, son muchas las diferencias en el desarrollo de la ley entre unas comunidades y otras.
Así lo reconoció la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien acusó a las comunidades hace unos días en el Congreso de tener "errores de cálculo" cuando elaboran sus cuentas de la Dependencia. "No es que las comunidades mientan, pero hay errores", dijo. "A veces, cuando las comunidades hacen cálculos [sobre financiación y coste de la Dependencia], básicamente hacen un cómputo del gasto total de Política Social sin ceñirse al cómputo de la Dependencia. Por eso nos encontramos con tantas dificultades para hacer esos cálculos", aseguró.
Y en esa misma comparecencia anunció que el ministerio está preparando un estudio donde se especifiquen los recursos que aporta cada comunidad para la implantación de la ley. El documento, dijo Jiménez, deberá estar listo en los próximos meses.
Otra cosa es que pasen otros 16 para hacerlo público.
No hay un solo consejo interterritorial, en el que se reúnen los consejeros del área de Bienestar Social con la ministra Jiménez, en el que las comunidades no reclamen más dinero para aplicar la Dependencia. Sin embargo, el citado informe de la Agencia de Evaluación Estatal, criticaba que el consejo territorial prácticamente "se ha limitado a establecer el reparto entre las comunidades" del dinero que destina el Ejecutivo, sin llegar a muchos más acuerdos.
Ahora, el pleno del Tribunal de Cuentas ya ha aprobado la fiscalización de esta ley. Falta determinar los aspectos técnicos que se revisarán. Este año se iniciará el trabajo de campo, es decir, los inspectores del Tribunal deben visitar las administraciones y revisar los documentos. Si se detectaran irregularidades contables, el Tribunal de Cuentas tiene competencia jurisdiccional para intervenir.
Hoy mismo, el presidente del tribunal, Manuel Núñez Pérez, comparecerá ante la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Allí se detallará el plan de fiscalizaciones que el tribunal ha previsto para 2010. La Ley de Dependencia será parte de él, y el tribunal lo hace a instancias propias. Quizá se ha abierto el camino para disipar algunas dudas.
El dinero y las obligaciones de cada uno
- Nivel mínimo. El Gobierno aporta un dinero a las comunidades por cada ciudadano con derecho a prestación que se registra en el sistema de la Dependencia. Es el llamado nivel mínimo y corre íntegramente a cargo del Ministerio de Sanidad y Política Social. Su monto está en función del grado y nivel de dependencia del solicitante.
- Nivel acordado. La segunda pata de la financiación de la Ley de Dependencia es el nivel acordado. El dinero se reparte en esta ocasión atendiendo a unos criterios ya definidos (la población, la insularidad, los inmigrantes retornados). Una parte de él (20%) se condiciona al número de dependientes que ya han sido declarados beneficiarios de ayuda, aunque aún no la estén recibiendo. Las comunidades están obligadas a aportar al sistema de la Dependencia tanto como reciban del Estado en este nivel de financiación. Se desconoce si lo están haciendo. Y también si lo que reciben del Estado lo emplean en la ley.
- Copago. Los ciudadanos se hacen cargo de su bolsillo de una parte del coste del servicio que reciben.
Fuente El Pais.
lunes, 1 de marzo de 2010
Campaña por el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica
Por Ateneo Republicano de Valladolid
El Proyecto se basa en la Ley conocida como de Memoria Histórica:
Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.
- Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.
- Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.
- El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior.
- Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo.
Es decir, solicitamos que se cumpla una ley que lleva dos años vigente.
Para ello vamos a realizar una campaña que precisa de vuestra colaboración. Os adjuntamos documentos para la recogida de firmas, así como el manifiesto en el que se explica a la ciudadanía el motivo de la campaña.
Se ruega la máxima difusión de ambos documentos.
Estamos hablando con las diferentes asociaciones, grupos, partidos y sindicatos para reunir fuerzas; además, organizaremos diversas actividades dirigidas a difundir la iniciativa, de las que seréis avisados.
El jueves 11 de marzo, a las 18.00, nos reuniremos en el local del Ateneo para recoger las firmas, informar y seguir con los trabajos.
COLABORA: POR LA ELIMINACIÓN DE LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS
Comisión Memoria Histórica. Ateneo Republicano de Valladolid.
Febrero 2010
Alta discriminación en Valladolid que dura ya 20 años. Señores del PP, encubridores varios ¡Haced Algo!
grupo alegría de valladolid
Y el milagro cumplió 20 años
El centro atiende a personas sin recursos y rechazadas de otras instituciones por ser difíciles o agresivas
El Grupo Alegría logra superar sin medios dos décadas dedicadas a los minusválidos psíquicos
«Si tuviera que resumir estos 20 años diría sólo la palabra 'confianza'. Pase lo que pase, seguiremos»
«La organización busca financiación para adecuar la instalación a la atención de discapacitados»
Lo imposible cumple veinte años. Todo parecía anunciar la inviabilidad del centro. Sin recursos ni ayudas económicas, espacio de acogida para minusválidos psíquicos que ya habían sido rechazados por instituciones por su especial carácter difícil o, incluso, agresivo e inadaptados, con una gran barrera arquitectónica en forma de gigante escalera y, sobre todo, sin cumplir casi ninguno de los requisitos que la legalidad vigente y las estrecheces administrativas imponen. Y lo imposible, sin embargo, sigue ahí, en la plaza Carmen Ferreiro del barrio San Pedro Regalado con el único nombre posible, el de Grupo Alegría.
Abrumada por las deudas, desesperada por llegar a las subvenciones, oprimida por la incertidumbre del futuro sigue Charo Zarzuela, un alma enorme que nunca pierde la fe. «Confianza total sería el resumen de estos 20 años», asegura la responsable de esta organización y lo explica: «No porque yo valga mucho, no porque tenga poder o salga en las fotografías de la prensa sino porque me ha guiado estos años y sé que, por negro que lo tengamos, vamos a salir adelante», asegura. Y está convencida y lo ha estado cada día de estas dos décadas.
Sus 'chicos', de entre 20 y 50 años, acuden cada jornada a los talleres de este centro que algún día llevará el nombre oficial de 'ocupacional' o de 'día'. «Eso es lo de menos; lo importante es poder seguir enseñándoles a hacer manualidades, a ser más autónomos y que continúen contentos, que tengan un lugar donde estar y donde reciban cariño». La mayoría además pertenecen a familias sin recursos, a entornos a los que realmente puede llamárseles pobres y dependen física y emocionalmente del centro Alegría que ocupa una parte del colegio Natividad Álvarez Chacón.
Algunos pasan por sus instalaciones y tras aprender unas rutinas y una disciplina en los talleres terminan en otros centros y se adaptan bien, otros llegan muy desgastados de inadaptaciones y algo tiene Charo y Mónica, la única monitora que un mes cobra y otro a lo mejor, que en el Grupo Alegría se centran y tranquilizan. Otros no quieren irse por nada del mundo, lo dicen ellos y sus padres porque viven en el barrio y la familia los quiere cerca.
Son 20, y en algunos horarios 25, minusválidos psíquicos los que suele atender el centro. Hace dos años el Grupo Alegría abrió otro en el número 66 de la calle Portilllo de Balboa. Estas instalaciones sí cumplen requisitos, pero están limitadas a ocho discapacitados.
El centro de San Pedro vive con una subvención de la Administración autonómica de 22.000 euros que llega siempre en noviembre , pero «hay que solicitarla ahora, estarán a punto de salir», explica Charo. El convenio suscrito con la Junta permite a la mayoría de las asociaciones pedir un adelanto a las entidades bancarias e ir tirando; pero Charo Zarzuela no tiene tal acuerdo administrativo. «Nuestra situación sigue siendo ilegal, la Junta no nos lo da de paso porque no cumplimos requisitos de seguridad, accesibilidad de minusválidos y otros». «No podemos cumplirlos porque hace falta hacer obra para ello, salvar las escaleras, adaptar cuartos de baño, ampliar las puertas para que pase una silla de rueda...». «No podemos hacer la obra porque el Ayuntamiento no nos cede las instalaciones hasta que haya permiso de la Junta, vaya que 'es la pescadilla que se muerde la cola' y así llevo 20 años, sin que sean capaces de sentarnos a tres partes y arreglarlo», añade Charo. No obstante, hace meses que Inspección revisó las instalaciones e indicó que requisitos deberían cumplir y «parece que ahora igual podemos hacer las obras, no hace falta ascensor porque no es un hospital y es suficiente un 'salva escaleras' y el Ayuntamiento nos podría ceder así los locales, pero si tardan en dar el visto bueno no llegaremos a tiempo a las subvenciones». Y este es el enredo administrativo que el grupo Alegría arrastra desde hace dos décadas. «El dinero apenas llega para pagar el seguro civil y la seguridad social, hay algunas aportaciones de los 66 socios, amigos de la asociación, pero no tenemos ni teléfono fijo o vales para la comida que da Asprona en su centro y vivimos de lo que dan unos o podemos pagar otros».
Charo busca ahora padrinos para los diferentes proyectos del centro. «El que pueda pagar un fax, pues eso está bien, si llegamos a dar de comer a más chicos pues otro que financie unos menús, contribuir cada uno con lo que pueda pero necesitamos ayuda».
Charo está casada y tiene tres hijos -médico, informático y estudiante de enfermería- un apoyo incondicional durante todos estos años. Y es que esta gaditana no cobra nada por realizar esta labor y nada necesita en realidad porque tiene una familia. Empezó con la intuición como toda formación para atender estas discapacidades y la experiencia de dos décadas ha enriquecido aún más sus pasos. Acostumbrada a las críticas, lo da todo, hasta su salud y el milagro sigue.
Fuente: Norte de Castilla
Los anarquistas atacan las mentiras del poder.
Málaga : Nuevo varapalo a la Fed. de Discapacitados Físicos (FamF CocemFe Málaga)
CGT Málaga | 2010-03-01 12:17:44
La inspectora de Trabajo actuante ha instado al cumplimiento inmediato del Convenio Colectivo, relativo al descanso semanal de los discapacitados, requiriendo a la Empresa para que se fije a los trabajadores empleados por la FAMF dos días de descanso semanal ininterrumpidos.
Si recientemente el Juzgado de Instrucción numero 10 de Málaga dictaba sentencia condenatoria (2/10) contra la empresa FAMF COCEMFE MALAGA, centro especial de empleo que ocupa a Discapacitados en diversas actividades, entre las que se encuentran la de vigilantes de aparcamiento (aparcacoches), por una falta de INJURIAS, del art. 620.2 del Código Penal, al haber atentado contra la dignidad de un trabajador afiliado a CGT que se encontraba prestando servicio y que fue despedido con posterioridad, ahora le ha tocado el turno a la Inspección de Trabajo que, tras denuncia de CGT, ha constatado el incumplimiento del Convenio Colectivo de aplicación, Centros Especiales de Empleo, en referencia a las jornadas que se obligan a realizar a los discapacitados.
Con esta resolución, se vuelve a demostrar que FAMF COCEMFE MALAGA utiliza a los trabajadores con discapacidad como si se tratase de “esclavos” o “mercancías” por los que percibe fuertes subvenciones al ofrecerles ocupación y les aplican unas condiciones sociolaborales absolutamente precarias y contrarias a las legalmente establecidas. Subvenciones que desde la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo se niegan a retirar alegando que existen lagunas en la ley,
CGT, tiene interpuestas además otras denuncias y demandas en el Juzgado de lo Social, reclamando que se remunere a los empleados de FAMF COCEMFE MALAGA el salario establecido en el Convenio Colectivo de Centros Especiales de Empleo para los/as trabajador@s con discapacidad, a diferencia de lo que la empresa viene realizando habitualmente, al abonar cuantías inferiores y no reconocer las categorías profesionales.
CGT MALAGA
Garanticen el derecho de Silvia a crecer con dignidad o serán culpables de DISCRIMINACIÓN.
(Este escrito ha sido enviado también a D. Guillermo Fernández Vara, Presidente autonómico de la Junta de Extremadura)
Por Mónica Sumay.
A la atencion:
Dª Mercedes Armada, jefa del gabinete de la Consejería de Educación de Extremadura
Mi nombre es Mónica Sumay Castañeda soy de la provincia de Pontevedra, tengo tres hijos uno de ellos una adolescente con diversidad funcional intelectual, que desde infantil estuvo escolarizada en un colegio ordinario, contando desde el primer momento con los profesionales necesarios para atender las necesidades educativas de mi hija. Pero hace un año y medio inicie una batalla judicial contra la resolución del anterior delegado provincial de Pontevedra el sr. Cristobal Fernández Vázquez, y la anterior consellería de educación de la Xunta de Galicia, que tras una decisión unilateral de toda la comunidad educativa (profesorado, inspección, delegación,conselle ria), deciden EXPULSAR a mi hija del colegio donde estuvo toda su vida escolar, obligándome a escolarizarla en un centro de educación especial sin mi autorización y sin mi consentimiento. Después de soportar una lucha despiadada e injusta, que vulnera cualquier normativa nacional e internacional, un juzgado me ha dado la razon, y no solo a misino también a otros padres de mi provincia que también pelearon judicialmente contra otra resolución del mismo delegado y la misma consellería, y que otro juzgado también les ha dado la razón.
En ambos casos le ha aseguro que no solo luchábamos por los derechos de nuestros hijos, sino porque tenemos el convencimiento de que no se puede tolerar mas vulneraciones de los derechos humanos de los niños y jóvenes con diversidad funcional. Y porque España fue uno de los primeros países en ratificar la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, además de que obliga a las autoridades a que realicen todos los cambios normativos necesarios, para que se respeten todos y cada uno de los derechos en ella reconocidos.
También he interpuesto una denuncia ante la agencia estatal de protección de datos, por la revelación de los informes médicos, así como el grado de minusvalía a la prensa, por parte del anterior delegado.
Mi caso particular no entra dentro de sus competencias, pero si el resultado de mi lucha porque esto va a permitir que cualquier padre que pelee en los tribunales por los derechos de sus hijos gane.
El motivo por el que me pongo en contacto con usted, es para que de una vez la administración ponga todos los medios y recursos, para: Que Silvia Rodriçíguez García, de Villafranca de los Barros, Badajoz, vuelva al colegio, que ustedes tengan al menos la humanidad suficiente para desde el puesto que ocupan, resuelvan de la manera más eficaz y rápida posible esta situación injusta e indecente.
A mi hija también se la humilló, se la marginó se vulneró todos sus derechos por parte de todo el sistema educativo, con la complicidad del anterior presidente de la Xunta de Galicia, estos me descalificaron como madre, y subestimaron mi capacidad de lucha, afortunadamente hoy ya no están en el poder, esa es la grandeza de la democracia.
Ustedes pueden justificar su incapacidad para resolver esta situación, culpando a Dº Manuel Rodríguez González, pero aunque el tiempo corre en contra de esta niña, yo que apoyo incondicionalmente a este padre en su lucha por la defensa de los derechos de su hija, confío que pronto se verán los frutos de los que peleamos por los derechos humanos.
Reitero el apoyo a esta niña y confío en que tengan el sentido común y del deber de ponerse a disposición de buscar una respuesta que garantice el derecho de Silvia a crecer con dignidad. De no ser así serán culpables de DISCRIMINACION.
Le comunico que haré público el contenido de este mensaje donde considere oportuno, para hacer visible esta situación de indefensión.
Monica Sumay Catañeda.
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